La gestión de Zoido y Serrano en Mercasevilla cuadruplicó los costes de limpieza externalizando el servicio
La gestión de Juan Ignacio Zoido (actual ministro de Interior) en Mercasevilla, empresa participada mayoritariamente por el Ayuntamiento de Sevilla del que fue alcalde, provocó el aumento de un 288% en los gastos de mantenimiento y limpieza por parte del Ayuntamiento de Sevilla. Entre 2012 y 2015, como consecuencia de la externalización de estos servicios, el coste de los mismos aumentó de 217.807 euros en 2013 a 845.876 euros en 2014 y 974.877 euros en 2015. Se suma este capítulo de gestión a la contratación sin publicidad durante cinco años seguidos de los mismos abogados del PP en el caso ERE.
Fue en 2013 cuando la empresa liberalizó los servicios que sus trabajadores prestaban en la lonja de pescado, abriendo las labores de carga y descarga y facturación del género a la libre contratación por parte de los empresarios mayoristas de pescado. Tal extremo se tradujo en un ERE, consumado con el despido de un total 129 trabajadores de Mercasevilla, que incluyó la externalización de los servicios de mantenimiento y limpieza, a los que estaban adscritos 27 empleados. El ERE ha sido recientemente ratificado por el Tribunal Supremo si bien el comité de empresa lo ha recurrido al Tribunal Constitucional.
Pérdidas
Mercasevilla, que está participada por el Ayuntamiento de Sevilla en un 50%, un 49% Mercasa y en torno a un 1% los mayoristas de fruta, cerró 2015 con pérdidas por 5,75 millones y en marzo de este año acordó solicitar el concurso voluntario de acreedores. Los servicios de mantenimiento y limpieza de Mercasevilla eran prestados por la propia plantilla de la compañía hasta la reestructuración acometida en 2013, a mitad del mandato de cuatro años del popular Juan Ignacio Zoido, hoy ministro del Interior.
En aquella época, el presidente de Mercasevilla era Gregorio Serrano, ahora máximo responsable de la Dirección General de Tráfico. “A Mercasevilla no le afectarán las bajas de los trabajadores, ni le afectará que haya que contratar empresas en sustitución, ni el absentismo laboral”, decía entonces Serrano, portavoz adjunto de los populares en el Consistorio y uno de los colabores más cercanos de Zoido en su etapa como dirigente de la ciudad.
El coste del servicio pasó de representar el 38% al 72%
El informe de la administración concursal de la sociedad, adelantado por Europa Press, se encuadra en el procedimiento depositado en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Sevilla, después de que la empresa acordase solicitar el concurso voluntario de acreedores el pasado mes de marzo. Esta situación se produjo al no prosperar en su junta de accionistas una ampliación de capital de 5,4 millones de euros, planeada ante la sentencia que condena a Mercasevilla a pagar más de 11,6 millones de euros a la constructora Sando.
El administrador concursal destaca “el gasto más significativo es el de limpieza y mantenimiento”, quien precisa que, aunque se dispara el coste de los servicios externalizados en favor de las empresas Clece y Talher SA, se compensa en buena medida con la caída de los gastos en la plantilla al desprenderse la empresa de los trabajadores.
El documento de la administración concursal expone sobre el coste de los servicios de mantenimiento y limpieza que “hasta 2013, el gasto por ejercicio representaba entre el 41 por ciento y el 38 por ciento del total de los 'otros servicios'”, pero “a raíz de la importante reducción de plantilla de 2013, el servicio se externalizó, motivo por el que el gasto se incrementó, pasando de 217.807 euros en 2013 a 845.876 euros en 2014”. Ello “supuso un incremento del 288 por ciento, aumentando su peso en esta partida hasta representar el 72 por ciento”. “Esta tendencia ascendente se mantiene en el ejercicio 2015, incrementándose un 15 por ciento respecto al año anterior”, agrega el informe, con 974.877 euros.
Sobre la empresa pesa especialmente la sentencia de la Audiencia de Sevilla que la condenó a abonar a la constructora Sando unos 8,9 millones de euros. La empresa constructora demandó al mercado central de abastos por no poder explotar unas parcelas que le fueron adjudicadas al no contar las mismas con acometidas eléctricas. Los costes de esta sentencia, no obstante, superan los 11,6 millones de euros a cuenta de los intereses de demora.
