Vox quiere aprovechar el enfado de los agricultores por el retraso de las ayudas del Gobierno asociadas al pacto por Doñana para reactivar en el Parlamento andaluz la ley de indultos a los regadíos ilegales junto al parque natural. La excusa la ha servido ahora en bandeja la suspensión este martes de una reunión en la que se iban a presentar las claves de estas subvenciones, que finalmente se ha suspendido, lo que ha llevado a los regantes a anunciar que dan por “roto” el pacto entre los ejecutivos central y andaluz, un río revuelto en el que ahora quiere pescar Vox.
La polémica norma que desató un monumental enfrentamiento entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía fue paralizada por el presidente Juan Manuel Moreno, tras firmar un acuerdo de inversión millonaria para Huelva (1.400 millones entre ambas administraciones) con la exministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. La ley fue suspendida, pero nunca retirada. Duerme el sueño de los justos en el registro del Parlamento, algo que las izquierdas siempre han denunciado como una especie de “espada de Damocles” o “bala en la recámara” para que Moreno presionase en el futuro al Gobierno de Pedro Sánchez.
El presidente del PP andaluz no está en ese escenario, ni por asomo, pero Vox era la otra parte firmante de aquel proyecto de ley y siempre mantuvo sus reparos al pacto firmado entre el Ejecutivo central y la Junta. El desarrollo del pacto por Doñana no está siendo satisfactorio para los agricultores de la zona que, a estas alturas, esperaban haber recibido ya las ayudas prometidas por retirar sus cultivos en el entorno del parque natural.
Este martes 8 de julio estaba prevista una reunión en la que el Gobierno central iba a informar a los agricultores sobre cuándo se van a publicar las famosas ayudas incluidas en el Pacto de Doñana, el acuerdo que sellaron en 2023 los ejecutivos central y andaluz para traer la paz en el territorio. Estas subvenciones son la parte del león, las que van a permitir que reciban hasta 100.000 euros por hectárea los agricultores que dejen de regar, así que la suspensión del encuentro ha soliviantado a los regantes.
Esa chispa que encendió el malestar de los agricultores del Condado es la misma que PP y Vox vehicularon para impulsar la primera ley de regadíos, y ahora el partido de Santiago Abascal amenaza con devolverla al pleno para someterla a votación, y forzar un previsible voto en contra del PP.
Sin embargo, Vox (14 diputados) ya ha agotado su cupo para presentar proposiciones de ley a falta de un pleno –23 y 24 de julio– para que termine el periodo de sesiones, de modo que difícilmente podrá llevar a término su amenaza antes del verano. Fuentes del partido aseguran que “van a luchar para que la proposición de ley de Doñana sea incluida en el último pleno del periodo de sesiones, antes del verano”, aunque no aclaran cómo lo harán sin margen para impulsar una iniciativa legislativa este miércoles, cuando se decide el orden de la última sesión plenaria de la temporada.
El punto de partida del actual conflicto es que estas ayudas a los agricultores de la Corona Norte de Doñana, para los que se diseñó específicamente la ley que presentaron hasta dos veces PP y Vox con vistas a indultar regadíos ilegales, son las que llevan más retraso. Estas subvenciones son las más jugosas, la piedra angular del acuerdo (por este dinero se dejará de regar, para así impulsar la recuperación del acuífero) y también las más retrasadas por su complejidad, lo que está obligando a hacer encajes de bolillos para que Europa no las vea como que atentan contra la libre competencia y las tumbe.
Estas subvenciones son la piedra angular del pacto. No se comprarán terrenos, pero el Gobierno pagará hasta 70.000 euros por hectárea (7.000 al año durante una década) a los agricultores que dejen de cultivar y reviertan los suelos a forestal durante al menos 30 años, una cantidad que en el caso de la Corona Norte se elevará hasta los 100.000 euros al complementarla la Junta de Andalucía (20.000 euros) y la Diputación de Huelva (10.000).
Está también la opción de cambiar durante un mínimo de diez años invernaderos por cultivos de secano (vid, olivo, almendro...), caso en el que se pagarán 2.500 euros por hectárea, o pasarse a la agricultura ecológica durante al menos cinco años a cambio de 1.000 euros por hectárea.
Ese es el punto de partida, pero los regantes lo que ven es que ya están llegando las ayudas previstas para los municipios, mientras que de las suyas no se conocen todavía ni las bases reguladoras, lo que sitúa lejano el momento del pago. En teoría el compromiso del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) era publicarlas este verano, pero la suspensión de la reunión lo que ha hecho es encender los ánimos.
En este contexto, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva (uno de los motores de la nonata ley) es la que ha anunciado este martes que considera “roto” el pacto de Doñana por parte del Gobierno central tras los “reiterados incumplimientos”. Hace tres semanas la plataforma ya anunció que están que echan humo, y ahora reiteran que lo que está ocurriendo es una “tomadura de pelo” a todos los afectados, que cifran en más de 1.500 familias de cinco municipios.
La cancelación de la reunión la entienden como “un engaño absoluto” a los agricultores, “que ven como el proceso se dilata en el tiempo sin que se vayan dando pasos ni se ofrezcan alternativas o soluciones a los afectados”.
En realidad, los agricultores no pueden romper un acuerdo que no han firmado, porque fue suscrito por Gobierno y Junta, pero es evidente que si le hacen la cruz se complicará la situación. En la práctica esta es su forma de presionar para acelerar la llegada del dinero, hasta el punto de que en junio ya anunciaron que van a plantar todas las hectáreas posible –sin dejar “ni una fuera”, apostillaron– y ahora reclaman una reunión con el consejero de la Presidencia para que la Junta “muestre su apoyo” a los afectados.
La ocasión la intenta coger de nuevo al vuelo Vox, que trata otra vez de capitalizar la cuestión con el anuncio fulminante de que llevará de nuevo la ley de regadíos al Parlamento ante estos “incumplimientos”. PSOE y PP “siguen tomando el pelo a los agricultores, juegan con ellos y los dejan tirados en la estacada otra vez”, ha criticado el portavoz de la formación de ultraderecha, Manuel Gavira, que amenaza de nuevo con llevar a la Cámara la norma para indultar regadíos “para que toda Andalucía sepa cómo populares y socialistas prometen mucho, pero luego no cumplen absolutamente nada”.
¿Y qué dicen desde el PP a día de hoy, tras este nuevo amago de Vox? Pues que no entra en sus planes reactivar la ley, porque “tenemos un acuerdo” con el Ejecutivo central y los agricultores “y lo que vamos a hacer es cumplir nuestra parte y exigir al Gobierno de España que cumpla la suya”.
De paso, los populares recuerdan que “siempre hemos abogado” por que las subvenciones a los agricultores tuviesen prioridad por parte del Estado frente a otras ayudas “y saliesen con la mayor celeridad posible, para que así el colectivo se hubiera podido acoger a ellas cuanto antes”. De hecho, consideran que los regantes “ya podrían estar beneficiándose de las ayudas si el Gobierno de España hubiera escuchado los planteamientos del PP”, lo que no quita para que “seguimos confiando en el cumplimiento del acuerdo y presionaremos para ello”.
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