El Pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado este jueves la reforma de la ley de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón, conocida como ley de agricultura social y familiar, iniciativa tramitada mediante el procedimiento de lectura única, a propuesta de Vox, para favorecer la instalación de granjas y flexibilizar la unidad mínima de cultivo. El objetivo es favorecer la incorporación de jóvenes agricultores y hacer frente a la reducción del número de agricultores y ganaderos asegurando la viabilidad de las explotaciones agrarias. Han votado a favor PP, Vox y PAR, en contra IU y Podemos, y se han abstenido PSOE, Aragón-Teruel Existe y CHA.
El portavoz adjunto de Vox, Santiago Morón, quien ha recordado que este jueves, 15 de mayo, es San Isidro Labrador, ha defendido la reforma de esta ley por “los gravísimos perjuicios” que ha causado la norma actual a los jóvenes agricultores, llamando la atención sobre el aumento del número de agricultores profesionales que dejan esta actividad.
Ha rechazado “las erráticas políticas contenidas en el Pacto Verde Europeo, responsable de los desproporcionados condicionantes ambientales, los costes y la pérdida de competitividad del campo aragonés” frente a terceros países, con normativa laboral y medioambiental más ligera.
Morón ha resaltado que con la ley actual se ha frenado la apertura de nuevas granjas y que la limitación de la transmisión de tierras en zonas regables de interés nacional dificulta la incorporación de nuevos agricultores, “jóvenes que desean quedarse en el medio rural”, añadiendo que hay “una apremiante necesidad” de reformar la ley vigente. La reforma “permitirá el desarrollo más seguro del sector agrario y la incorporación de jóvenes agricultores”, ha zanjado.
Ha intervenido en representación del PP el diputado José María Giménez, quien ha dejado clara “la defensa de los pequeños y medianos agricultores, que habitan nuestros pueblos, generan economía y desarrollo y cuidan el medio ambiente”.
Giménez ha destacado que “buena parte del sector” dijo que “esta era una mala ley”, que ha empeorado la situación, apuntando que en 2024 se duplicó el número de bajas en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, también el retroceso de las incorporaciones de jóvenes agricultores.
El parlamentario del PP ha opinado que deben participar todos los agentes implicados, recordando que el Departamento de Agricultura del Gobierno de Aragón abrió en 2024 un proceso de consulta pública abierto a todos los actores.
Por su parte, el diputado del PSOE Marcel Iglesias ha negado que la ley de agricultura social y familiar sea “un desastre”, recordando que también se ha reducido el número de agricultores en comunidades como la valenciana y Castilla y León.
“Vinieron a derogar una ley y van a derogar un artículo y a modificar dos, de 54 artículos y 11 disposiciones”, ha continuado Iglesias, puntualizando que algunos preceptos de esta ley son “manifiestamente mejorables”.
Ha rechazado dejar “al libre albedrío” la capacidad de las granjas, proponiendo flexibilizarlo para determinadas especies y convertir la ley en “un coladero” para las macrogranjas, y sobre las unidades mínimas de cultivo, ha abogado por adaptar la ley “a la realidad de Aragón”, con minifundio en muchos pueblos.
Flexibilizar
El portavoz de CHA, José Luis Soro, ha situado el debate en “favorecer las explotaciones familiares”, proponiendo “flexibilizar” la aplicación de esta ley, salvaguardando la protección de los pequeños agricultores frente a los grandes fondos de inversión y de la biodiversidad.
Con esta reforma los pequeños agricultores “se quedan a la intemperie”, ha criticado Soro, para quien es razonable fija la cantidad máxima de ejemplares en explotaciones ganaderas, pero con excepciones para determinadas especies. Ha recomendado reducir la unidad mínima de cultiva a cinco hectáreas para el secano y dos para el regadío, no suprimirlas, y en todo caso que la propiedad de la tierra sirva para cuidar el medio rural.
En representación de la diputada de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj, esta modificación normativa “es un recorte” que afecta básicamente a las granjas de ganado intensivo. Ha preguntado si Vox apoya la agricultura social y familiar, considerando que la reforma “no se dirige, preferentemente, a apoyar a los pequeños y medianos agricultores” y se fundamenta en “un mensaje simplista”, en alusión a “su pregón sobre el agua, que consiste en hacer solamente el trasvase del Ebro”.
Buj ha afirmado que en esta reforma “no hay objetivos ni criterios, solo manipulación, propaganda para los agricultores, que están muy preocupados” y “el problema es que solo están podando un árbol y se están llevando las yemas nuevas”, lamentando que “no han escuchado las propuestas de los agricultores”, y ha apostado por “la modernización de la agricultura social y familiar”, con medidas como el impulso al asociacionismo y el cooperativismo agrario.
Para el parlamentario de Podemos, Andoni Corrales, Vox trae esta ley a las Cortes “por motivos ideológicos”, ha recordado que la ley vigente es el resultado de un proceso de “escucha activa” durante tres años y solo lleva un año en ejecución, rechazando su modificación por parte de “quienes pretenden aplicar el rodillo parlamentario por puro sectarismo”.
Desde IU, Álvaro Sanz ha aseverado que “las derechas van a empezar el proceso de desguace de esta ley porque molesta proteger un modelo concreto de agricultura”, observando que “el problema que tenemos con esta norma, que ha priorizado el modelo social” es que no se ha aplicado.
“A ustedes les da igual quien produzca, el modelo, y por eso van a modificar esta norma, necesaria para seguir protegiendo a quien vertebra el territorio”, ha espetado Sanz a Vox.
En el turno del PAR, el diputado Alberto Izquierdo ha defendido “una norma más entendible y más operativa”, rechazando la mera derogación de los artículos reformados. “Esta ley se convirtió en una norma que perjudicaba y han pasado casi dos años para que esto se resuelva”, ha agregado.