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El último ataque en el Bajo Aragón reabre la guerra del lobo: los ganaderos exigen medidas y la Justicia limita su caza

El último ataque de un supuesto lobo en el Bajo Aragón ha agitado el avispero sobre quienes piensan que es posible convivir con esta especie y otras como el oso, y quienes piden su “extracción inmediata”, como ya he pedido públicamente la organización profesional agraria UAGA. Desde la consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón apuntan que “la zona del Bajo Aragón”, es el único lugar de la comunidad “en el que hay confirmado un ejemplar”, y añaden que ya “se han mantenido reuniones con los ganaderos para intensificar la colaboración con los APN que están sobre el terreno”.

El día 10 de febrero, un ganadero de Alcañiz encontró a un ejemplar de lobo en su explotación. Alrededor encontraba también a un total de 69 de sus animales, entre ovejas y cabras, muertos o con heridas de muerte. Según el testimonio del afectado, es la tercera vez que sufre un ataque de estas características en los últimos cinco años. Hechos que, según el responsable del sector Ovino en UAGA, José Manuel Casado, “confirman que no se trata de un hecho aislado”, así como “la presencia estable de un lobo por esa zona”. Un ejemplar que, en opinión de Casado, sería un lobo solitario, el único superviviente de un grupo de tres que se detectó hace años en el territorio.

Sobre la posibilidad o no de que el autor de los hechos sea un lobo o un ejemplar de otra especie, desde el Gobierno de Aragón, a través de Medio Ambiente, explican que en cada uno de los casos en los que “hay sospecha de un ataque de lobo se envían a analizar ejemplares muertos al Centro de La Alfranca”, donde “los veterinarios realizan la necropsia y determinan si el ataque es compatible o no con el de un lobo”. En el caso que se determine que es un ataque de lobo, añaden, los afectados “reciben compensaciones por los seguros agrarios”. Aunque el seguro agrario no es obligatorio y la compensación dependerá de los términos que estipule la póliza contratada. 

Aragón: Sin reglamento propio de compensación, pero con ayudas para invertir en la seguridad del ganado

Regiones como Castilla y León o Galicia, tienen sus propias órdenes o ayudas compensatorias adicionales para indemnizar los daños del lobo o complementar las indemnizaciones del seguro agrario desde las arcas de la comunidad. En Aragón, hasta la fecha, no existe una ley o reglamento propio y detallado dirigido explícitamente a la gestión del lobo. Lo que sí existen son incentivos públicos para que los ganaderos inviertan en medidas preventivas. 

El ejecutivo aragonés cita textualmente que reconoce que “las molestias ocasionadas por estos grandes carnívoros provocan un sobrecoste objetivo en el mantenimiento ordinario de las explotaciones ganaderas, circunstancia ésta que no parece razonable hacer recaer exclusivamente sobre los titulares de dichas explotaciones”. Así se apunta en el BOA en el que se publica la ORDEN AGA/720/2025, de 17 de junio, para la adaptación de la ganadería extensiva a los retos ambientales y a los desafíos socioterritoriales del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. 

A través de esta orden, la adquisición de vallados fijos o portátiles para el ganado, pastores eléctricos, perros de raza mastín, así como localizadores GPS para ovino o caprino, rezan como actividades vinculadas a la mejora de la seguridad del ganado, que son subvencionables y de las que se pueden beneficiar los propietarios de ganado.

Daños más allá de las muertes

En la asamblea general, celebrada en diciembre de 2025 en Sariñena, la Plataforma contra el Lobo y el Oso en Aragón, un colectivo que agrupa desde hace años a ganaderos y actores rurales preocupados por la situación actual, demandaron medidas urgentes de control, reubicación o eliminación de depredadores en las áreas más afectadas, así como un apoyo institucional más decidido para preservar la ganadería extensiva como motor social y económico de la región. 

La Plataforma recuerda que los ataques de lobos —reales o atribuidos al lobo— generan costes que, en la mayoría de los casos, recaen directamente sobre los ganaderos en forma de pérdidas de cabezas de ganado y heridas, pero también de otros efectos no inmediatos, pero sí derivados, como el estrés animal, abortos e incluso abandono de explotaciones.

El lobo, una pieza clave de los ecosistemas ibéricos

El lobo ibérico (Canis lupus signatus) está contemplada como una especie patrimonio natural que cumple un papel ecológico esencial como regulador de ecosistemas, por lo que, desde el Grupo Lobo Aragón recuerdan que “no se debe de prescindir” de él y “su conservación responde a compromisos legales y científicos ampliamente respaldados”.

La presencia del lobo, tal y como apuntan los expertos en la materia, influye en el equilibrio natural mucho más de lo que parece a simple vista, por lo que “protegerlo no es solo salvar una especie, es mantener la salud de los ecosistemas que compartimos”. Y esta protección legal se vio reforzada en 2021, cuando el lobo ibérico fue incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en aplicación de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Sin embargo, y tras una modificación normativa aprobada en 2025 por una decisión política respaldada por mayoría parlamentaria, motivada principalmente por el conflicto con la ganadería, el lobo salió de la Lista de Especies Protegidas. Pero “volverá a ese listado más pronto que tarde”, apuntan desde Lobo Aragón, al no estar su población en estado de conservación favorable. 

La Justicia fija límites estrictos a la caza del lobo que afectan a Aragón

Tras la modificación normativa que retiró al lobo del listado de especies protegidas en gran parte del norte, la gestión de esta especie ahora queda en manos de las comunidades autónomas. ¿Cómo afrontamos la presencia del lobo? Si la salida del lobo de la Lista parecía abrir un nuevo camino en la gestión del lobo en España, la situación ha dado un giro importante tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 12 de febrero de 2026, que establece condiciones muy estrictas para autorizar la muerte de ejemplares con el objetivo de evitar daños al ganado. La resolución confirma una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que había anulado permisos concedidos por el Gobierno cántabro para abatir lobos. 

El alto tribunal deja claro que el lobo solo puede ser sacrificado en casos excepcionales: Que no exista ninguna alternativa eficaz para evitar los daños al ganado, que se haya demostrado de forma rigurosa la existencia de esos daños, que el estado de conservación de la especie no se vea comprometido, que las extracciones sean selectivas y justificadas, no indiscriminadas. En resumen, el TS deja claro que: matar lobos no puede ser la primera opción, sino el último recurso.

Aunque la sentencia no procede del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, sus criterios son de aplicación en todo el territorio nacional. Esto significa que, si en Aragón se plantean recursos judiciales relacionados con la gestión del lobo o autorizaciones de control poblacional, los tribunales deberán aplicar esta doctrina. Para los ganaderos, el fallo supone que las administraciones estarán obligadas a reforzar medidas preventivas —como mastines, vallados o ayudas económicas— antes de permitir abatimientos.

El lobo en el filo entre su protección y la convivencia con la ganadería extensiva

A pesar de esta información, tras los últimos ataques, UAGA ha exigido al gobierno de Aragón que tome medidas y que ponga en marcha lo antes posible un plan de gestión para el lobo, como Cantabria, que está revisando y trabajando en uno. UAGA deja claro que el lobo es una especie “cuya expansión amenaza la viabilidad de la ganadería extensiva”, aseguran, subrayando la importancia y el peso que esta actividad económica tiene en comarcas “deprimidas” de la comunidad. 

Las discrepancias entre ganaderos, administraciones y organizaciones ambientales por la presencia del lobo ibérico (Canis lupus signatus), se hacen más profundas con la aparición de nuevos casos, como el de Alcañiz. Para las entidades agrarias y ganaderas, la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva es difícil, tanto que no llegan a un acuerdo a la hora de presentar propuestas comunes para hacer frente al problema. Mientras unos han llegado a rechazar la inclusión de especies salvajes en determinados territorios sin medidas claras de protección a las explotaciones. Otros, por el contrario, apuestan por enfoques basados en apoyo científico, compensaciones económicas y medidas preventivas que reduzcan, pero no eliminen, el riesgo de depredación.

El debate alrededor de la presencia del lobo en Aragón no es únicamente agrario o económico. Trasciende a cuestiones ambientales, sociales y territoriales. Por un lado, existe la necesidad de conservar la biodiversidad y garantizar la presencia de especies autóctonas. Y por otro, se percibe la urgencia de proteger un sector, el de la ganadería, que es una actividad tradicionalmente vertebradora en las zonas rurales, que llevan, además, décadas sufriendo despoblación, falta de relevo generacional y en los últimos años, un descenso de la rentabilidad de las explotaciones familiares. 

Encontrar un punto de equilibrio en la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva, pese a su complejidad, es un debate tan sensible como necesario para el futuro del mundo rural aragonés. Y mientras el sector ganadero reclama mayor flexibilidad para proteger sus explotaciones, y la Justicia marca un listón más alto para cualquier medida que implique eliminar ejemplares, algunos ganaderos recuerdan que “llevamos conviviendo con el lobo, desde que el mundo es mundo”.