Empresarios, autónomos y representantes de distintos partidos políticos se han concentrado este lunes en la plaza de San Juan de Teruel para reclamar al Gobierno central que aplique con la máxima intensidad las ayudas al funcionamiento de las empresas en las provincias con baja densidad demográfica. Estas bonificaciones, autorizadas por la Comisión Europea en abril de 2021, permiten reducir hasta un 20% los costes laborales en territorios como Teruel, Soria y Cuenca, aunque en la práctica solo se están aplicando con una intensidad de alrededor del 1%.
La movilización, convocada por CEOE Teruel, Cepyme, CEAT y la Cámara de Comercio, busca presionar al Ejecutivo estatal para que incremente las ayudas y corrija una situación que, según denuncian, “no está teniendo ningún impacto real en la actividad económica” ni en la lucha contra la despoblación. Las organizaciones recuerdan que el objetivo de estas bonificaciones no es enriquecer a las empresas, sino favorecer la creación de empleo y fijar población en territorios con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, como reconoció la Comisión Europea.
El mecanismo consiste en aplicar bonificaciones a las cotizaciones sociales de las empresas para compensar las desventajas competitivas derivadas de la falta de infraestructuras y del envejecimiento poblacional. Sin embargo, las ayudas tardaron dos años en ponerse en marcha y, una vez implantadas en 2023, lo hicieron con una intensidad muy inferior a la permitida. Además, los nuevos autónomos quedaron fuera tras el primer año y los ya existentes apenas han notado diferencia.
Las patronales alertan de que en 2027 está prevista una revisión por parte de la Comisión Europea y que, si no se demuestra su eficacia, las ayudas podrían desaparecer. “Con las intensidades actuales es imposible que tengan incidencia”, lamentan. En las últimas semanas, los empresarios turolenses han celebrado encuentros en comarcas como el Jiloca o el Bajo Aragón para visibilizar la situación y denunciar la “falta de voluntad política” del Ejecutivo.
Apoyo político a la reivindicación
A la concentración han asistido representantes de las organizaciones convocantes y de distintos partidos. El diputado Tomás Guitarte ha mostrado su apoyo a la reclamación, recordando que fue Teruel Existe quien logró incluir las ayudas al funcionamiento en el acuerdo de investidura firmado con el PSOE en 2019, y que tras “reiteradas y complejas negociaciones” se incorporaron a los Presupuestos Generales de 2022 con la obligación de aplicarlas al máximo nivel autorizado por Europa. Finalmente, se implantaron en 2023 “con una cuantía claramente insuficiente”, por lo que ahora la formación exige que se alcance el 20% de los costes laborales y que se vuelva a incluir a los trabajadores autónomos.
Por su parte, el PSOE de Teruel ha defendido la gestión del Gobierno y ha pedido “rigurosidad” al abordar el tema. Su secretario general, Rafael Guía, ha subrayado que las ayudas ya han supuesto un ahorro de unos 37 millones de euros a las empresas turolenses, y que en los municipios de menos de 1.000 habitantes pueden significar unos 1.400 euros de ahorro por trabajador indefinido al año.
“No digo si es poco o mucho, pero al menos es algo, porque hasta ahora no había ninguna ayuda”, ha declarado Guía, que ha pedido evitar “discursos simplistas” centrados solo en el 20% y ha recordado que la normativa europea obliga a garantizar la libre competencia. “Somos los primeros que reconocemos su importancia y deseamos que se apliquen con mayor intensidad”, ha añadido.
Desde el Partido Aragonés (PAR), su portavoz en las Cortes, Alberto Izquierdo, ha instado a los diputados aragoneses “a ser valientes” y “no apoyar ninguna decisión del Gobierno hasta que las ayudas lleguen al 20%”. Ha asegurado que “las ayudas no llegan porque los políticos aragoneses que están en Madrid no pintan nada” y ha defendido que “su aplicación plena solo depende de voluntad política”. Izquierdo ha participado en la concentración junto a otros representantes del partido y ha reconocido el papel de los empresarios turolenses en impulsar esta reivindicación: “Quien consiguió que esto fuera una realidad fue el sector privado; los partidos llegamos después”.
Desde CHA, su diputado en el Congreso y portavoz de Reto Demográfico del grupo Sumar, Jorge Pueyo, pidió este fin de semana elevar las ayudas “al máximo permitido por la UE” y ha presentado una proposición no de ley en esa línea. Pueyo propone reducir hasta un 20% las cotizaciones sociales en Teruel, Soria y Cuenca, con una modulación según el tamaño del municipio, y recuperar la tarifa plana de 80 euros mensuales para autónomos durante tres años.