Los fondos de inversión se lanzan a por el campo aragonés: duplican el precio de la tierra y hacen peligrar los regadíos
“Nos están quitando sobre todo nuestra mejor tierra, nos están quitando el agua y nos están comprando a unos precios con los que no podemos competir”. Es la alerta que lanza el secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), José María Alcubierre. El campo aragonés afronta una transformación en algunas de sus zonas agrícolas más productivas, que entra con fuerza a la lista de factores que están poniendo en riesgo la continuidad de las explotaciones de modelo familiar o medio.
Las tierras que durante generaciones han sustentado familias se han convertido ahora en un activo de inversión para los fondos nacionales e internacionales que buscan suelo, compran fincas y firman arrendamientos con ofertas que, según denuncian las organizaciones agrarias, los profesionales del sector no pueden igualar.
Aragón reúne varios de los elementos que buscan los inversores agrícolas: explotaciones de dimensiones relativamente grandes, disponibilidad de tierras de regadío, infraestructuras hidráulicas y posibilidades de desarrollar cultivos permanentes con una rentabilidad esperada a medio y largo plazo. Las restricciones hídricas en otras zonas agrícolas españolas y este cúmulo de aciertos que suma Aragón, han hecho que el interés inversor se desplace en el mapa hacia el noroeste peninsular, convirtiendo zonas como la comarca de Cinco Villas, la Ribera del Ebro y los sistemas de Riegos del Alto Aragón en un “caramelo” en el radar de los grandes capitales.
La estrategia que los fondos están siguiendo es adquirir o arrendar superficies amplias y concentrar en ellas la producción de cultivos como el almendro, el pistacho y determinados frutales y, aunque en menor medida, también de otros proyectos agrícolas intensivos. El agua es un factor decisivo. Una parcela con acceso al regadío, especialmente si dispone de instalaciones modernizadas, ofrece unas posibilidades productivas distintas de las de una finca de secano. Por eso, la competencia no se limita al suelo: también se concentra en la capacidad de producir con mayor seguridad y en el potencial económico asociado a los recursos hídricos.
Precios que un agricultor no puede pagar
La principal consecuencia de esta entrada de capital es la presión sobre el mercado de la tierra. Según Alcubierre, los fondos están llegando a ofrecer rentas de arrendamiento que triplican las habituales y precios de compra que prácticamente duplican los que podían manejar los agricultores profesionales.
En la práctica, el agricultor que quiere ampliar su explotación se encuentra con un competidor que puede disponer de una capacidad financiera muy superior y que calcula su inversión con criterios distintos de los de una familia que depende de la cosecha para pagar sus costes, mantener la maquinaria y obtener unos ingresos.
La diferencia es especialmente importante en las tierras de regadío. Un análisis publicado por elDiario.es en abril de 2024 recoge estimaciones de José María Alcubierre que situaban, en aquel momento y para ese punto concreto, el precio de determinadas parcelas de regadío en Bardenas, el Canal de Aragón y Cataluña y Riegos del Alto Aragón por encima de los 25.000 euros por hectárea, con importes superiores a los 30.000 euros en algunas fincas modernizadas.
El problema se agrava cuando esos precios se trasladan a los arrendamientos. Para un agricultor, pagar una renta más alta significa asumir un coste fijo adicional que tendrá que cubrir con la producción, incluso cuando la cosecha sea peor, bajen los precios de venta o aumenten los gastos de fertilizantes, energía y maquinaria.
Un fondo, por su parte, puede reunir capital para adquirir grandes extensiones y organizar la explotación a otra escala. No todos los inversores tienen el mismo modelo ni todas las operaciones responden a una única estrategia, pero la diferencia de capacidad financiera puede resultar determinante en las negociaciones.
Así se genera un círculo difícil de romper: sube el precio que se pide por la tierra, el agricultor local pierde capacidad de compra y arrendamiento, y la siguiente parcela que sale al mercado puede acabar en manos de quien dispone de más recursos, independientemente de que la aportación “social” al territorio y a los pueblos que haga cada una de ellas. Quien ya trabaja una superficie suficiente para vivir de ella puede encontrarse, además, con que no tiene posibilidad de crecer, aunque disponga de maquinaria, experiencia y una explotación viable.
Comprar o alquilar: dos vías para concentrar el suelo
La expansión de estos capitales no se produce únicamente mediante la compraventa. El arrendamiento también está permitiendo a los fondos acceder a grandes superficies sin realizar desde el principio el desembolso que exige adquirirlas. Este hecho pone sobre la mesa otro factor más que, tal y como advierten las organizaciones agrarias, empieza a modificar ya el equilibrio de las zonas agrícolas.
Bajando a terreno: cuando un propietario recibe una oferta de alquiler muy superior a la que puede pagar un agricultor de la zona, aparece un incentivo inevitablemente, un factor económico que le motiva a cambiar de arrendatario. El resultado, alertan los expertos, no tiene por qué ser inmediato ni idéntico en todos los municipios, pero cuando estas operaciones se repiten, la suma de decisiones individuales puede terminar concentrando una parte del suelo en manos de los grandes fondos.
En este sentido, UAGA denuncia otro problema: la escasa transparencia que existe acerca de quién compra las fincas, qué superficies controla y qué importes se están pagando. Esa falta de información, dicen, dificulta medir la dimensión exacta del fenómeno y diseñar políticas públicas ajustadas a su alcance.
La organización agraria calcula que más de 6.000 hectáreas de la provincia de Zaragoza han cambiado de manos o se han visto afectadas por estos movimientos durante los últimos tres años. La cifra procede de las estimaciones de UAGA y debe interpretarse como tal, ya que no existe, según la organización, información pública suficientemente detallada para reconstruir todas las operaciones.
Un Plan de Impacto Social Agrario
Alcubierre advierte de que el interés de algunos fondos por el sector agrario no responde necesariamente a la rentabilidad de la propia actividad agrícola. Según explica, la inversión en tierras puede servir como escaparate para proyectar una imagen de compromiso medioambiental y social, mientras el grueso de los beneficios de esos fondos procede de otros negocios como el petróleo, la vivienda o incluso el comercio de armas. “A ellos les da igual la rentabilidad económica o la producción agraria de esas tierras, porque la ganancia la tienen en la imagen”, lamenta el secretario general de UAGA.
El también agricultor apunta además a una paradoja, y es que parte del dinero que alimenta estos fondos “vienen precisamente de los ahorros que tenemos las personas normales, por ejemplo, en pensiones”, recuerda. De esta forma, el ciudadano puede terminar financiando indirectamente unas operaciones que dificultan el acceso a la tierra de los agricultores profesionales. Y cuando las inversiones salen mal, las pérdidas también pueden repercutir sobre quienes han aportado sus ahorros, advierte Alcubierre.
Frente a esta situación, UAGA reclama una respuesta política y legislativa que vuelva a situar a la agricultura familiar y profesional en el centro del modelo agrario. A su juicio, Aragón está viviendo una involución respecto al planteamiento de Joaquín Costa que cambió el campo Aragonés: “La alternativa para que los pueblos de colonización que se crearon gracias al reparto de la tierra no se conviertan en desiertos por los fondos de inversión es, una vez más, hacer política y legislar”, explica.
Incentivos fiscales, mecanismos que permitan intervenir en las operaciones de compra, especialmente cuando participa capital extranjero, y una nueva evaluación del impacto de los grandes proyectos sobre el territorio, son algunas de las medidas que, según UAGA, son posibles, pero que “no se están poniendo en marcha”. Y reclama que las iniciativas de placas solares, aerogeneradores, embalses o proyectos industriales, e incluso las compras de tierras por parte de los grandes fondos, incorporen, además de los estudios ambientales, un análisis de sus consecuencias sobre la actividad agraria. “Si hay un plan de impacto ambiental para proteger la flora y la fauna, que también haya un plan que mida el impacto social agrario”, plantea. Ese análisis debería valorar los daños sobre las explotaciones y las cooperativas de la zona, establecer compensaciones y, cuando el impacto sea demasiado elevado, incluso impedir que el proyecto salga adelante.
El relevo generacional, el eslabón más débil
La dificultad para acceder a la tierra se cruza con otro problema estructural del campo aragonés: la pérdida de profesionales. Aragón ha perdido más de 350 profesionales del sector durante el último año, según los cálculos de UAGA que hace cuentas y alerta de que el sector ha pasado de unos 18.500 profesionales hace cuatro años alrededor de 17.000 en la actualidad.
La evolución de este fenómeno de los fondos de inversión preocupa especialmente por sus efectos sobre los jóvenes que quieren incorporarse al sector. Empezar una explotación exige inversiones en maquinaria, instalaciones, suministros y derechos o condiciones de acceso a la actividad, además de disponer de superficie suficiente para que el negocio resulte viable.
Si a ese desembolso se añade una tierra cada vez más cara, el acceso se convierte en una barrera adicional. Y si un joven agricultor o agricultora no consigue arrendar parcelas cercanas o comprar las necesarias para consolidar su explotación, puede acabar descartando la incorporación o buscando otras oportunidades laborales fuera del pueblo.
Lo que está ocurriendo en Aragón no es un fenómeno aislado. Andrés Góngora, secretario general de COAG, ha trasladado a los números la dimensión de esta situación y cifra en alrededor de 900 los fondos de inversión interesados en hacerse con terrenos agrícolas en España, especialmente aquellos que tienen una mayor capacidad productiva y disponibilidad de agua. Góngora, además, añade un dato preocupante, de aquí a 2030 se jubilará el 20% de los agricultores y ganaderos que trabajan actualmente en España. Esto supondrá que cerca de 50.000 profesionales abandonen la actividad.
“¿Qué comeremos cuando no haya profesionales suficientes en el sector?” Es la pregunta que lanzan los sindicatos agrarios a gobiernos y administración pública, a los que reclaman medidas que protejan la agricultura profesional y familiar, la mejora de la transparencia sobre la propiedad y el arrendamiento de fincas rústicas, tener en cuenta la libertad de los propietarios para vender o arrendar y la seguridad jurídica de las operaciones. Pero, sobre todo, exigen se tengan en cuenta factores fundamentales para el mantenimiento del medio rural como lo es el interés público de mantener una actividad agraria profesional en el territorio, dado que la agricultura y la ganadería mantienen viva a una importante red de pueblos en las zonas rurales de todo Aragón.
No solo fondos: también renovables y grandes proyectos
La presión sobre el suelo agrícola tiene otros protagonistas. UAGA advierte de la competencia que pueden ejercer las instalaciones de energías renovables y los grandes proyectos industriales o tecnológicos, incluidos los centros de datos. En determinados casos, estas actividades pueden ofrecer por los terrenos cantidades que la producción agrícola difícilmente puede igualar. El propietario compara alternativas y puede optar por la que le proporcione mayores ingresos, mientras que el agricultor que trabajaba esas parcelas se enfrenta a la pérdida de su superficie productiva.
La organización UAGA, no obstante, considera necesario hacer una distinción clara entre una compra de tierra para continuar cultivando, un arrendamiento agrícola y la ocupación de terrenos para usos energéticos o industriales. Subrayan que son operaciones diferentes, con consecuencias y marcos regulatorios distintos, aunque todas pueden competir al final por el suelo; un recurso que es limitado en cualquiera de los casos. Para las explotaciones que pierden tierras arrendadas, encontrar otras parcelas tampoco siempre es sencillo. Si la superficie disponible escasea y las rentas suben, sustituir las hectáreas perdidas puede resultar económicamente inviable. La reducción de superficie puede repercutir, además, en la planificación productiva y en el cumplimiento de las condiciones necesarias para determinadas ayudas agrarias como la Política Agraria Común (PAC).
En Aragón, la denuncia de UAGA se centra en que, al dejar a su suerte una explotación familiar esta no tiene por qué terminar en manos de otro agricultor de la zona, sino que puede convertirse en una nueva oportunidad de inversión para una sociedad que dispone de más recursos y que compite con otras reglas económicas, lo que pone en desventajas, una vez más, al sector primario, a los profesionales agrarios y, a las zonas rurales.