En Aragón ya todo sabe a ajo
El Gran Wyoming recordaba en una reciente entrevista –si no la has visto y tienes acceso a ella, recupérala– una columna de Manuel Vicent en la que el escritor, al hilo de la llegada de la extrema derecha a la política nacional, recordaba que, “en cualquier guiso, un solo diente de ajo es suficiente para que todo sepa a ajo”. Parafraseando a Wyoming, no hay guiso y ajo: todo es ajo.
Algo así pasa en Aragón, donde la agenda ultra ya está desplegada y empieza a saturar todos los sabores. La foto que ilustra esta pieza representa bien el momento que vive la comunidad: el presidente Azcón –siempre efusivo en los saludos– da la mano con desgana, sin mirar a los ojos, casi con repelús a su compañero de bancada, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco; sin embargo, a la hora de pulsar el botón los diputados populares compran el discurso de la extrema derecha. Que al final es lo que cuenta.
Lo hemos visto con el pleno autonómico de este jueves, en el que el PP facilitó la aprobación de una moción de Vox contra la inmigración. La cuestión será ver qué sucede cuando la iniciativa no sea un brindis al sol como esta vez, ya que la competencia de lo aprobado es estatal, sino que pueda afectar a derechos constitucionales de los extranjeros.
Pero esta agenda ultra va más allá: impregna muchas de las decisiones que toman tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Zaragoza.
En el primer caso, este jueves tuvimos oportunidad de verlo con la concertación del Bachillerato, una medida que genera una gran contestación social, que fomenta la desigualdad y que dio lugar a la primera gran bronca en el pleno autonómico: colectivos representativos de la escuela pública acudieron a la tribuna de invitados y tiñeron su protesta de papeletas verdes sobrevolando el Hemiciclo. Azcón les acusó de “mala educación”, mientras que miembros de la plataforma denunciaron que al entrar a la Cortes les sometieron a unos registros que no fueron equivalentes para sus homólogos de la concertada, también entre el público; algo inaceptable.
Y, mientras, también la capital aragonesa está experimentado ese “doble de Vox” con el que Nolasco ha martilleado en los últimos tiempos. Como ejemplo, la incorporación de las parroquias al sistema de “espacios seguros” que sustituyeron, por imposición de la extrema derecha, a los espacios violeta de protección contra la violencia machista. Una nueva innovación, esta ya rozando el bochorno, del Gobierno municipal de Natalia Chueca. Especialmente cuando al mismo tiempo el Ayuntamiento sigue sin materializar la incorporación al protocolo Viogén que suscribió hace dos meses ya.
Pero a esto hay que sumar la nueva Ordenanza Cívica, cuyo proyecto fue dado a conocer este jueves y que incorpora más agenda ultra a la ciudad. Por un lado, con la prohibición de entrar con burka a dependencias municipales; como todos saben, un problema de primer orden para Zaragoza. Por el otro, con las desorbitadas multas de hasta 3.000 euros para las personas sin hogar que duerman en los parques. Sin olvidar otras muestras de aporofobia: las sanciones previstas para quienes piden dinero en medio de la acera, obligando a desviarse a los viandantes, o a quienes durante los semáforos en rojo ofrecen clínex o limpiar el parabrisas al turismo de turno.
Todos ellos, como saben los zaragozanos, graves quebrantos en la convivencia que era necesario regular.
Entre tanto, Aragón TV vuelve a saturar parte del 'prime time' de estos fines de semana con los toros de la madrileña Feria de San Isidro, sin ninguna conexión con la comunidad y que obligan a recortar espacios informativos, como denuncia la oposición. El año pasado supuso para la cadena un gasto de más de 200.000 euros; este, aún no ha trascendido.
Más dudas con los centros de datos
Con todas las evidencias que se van acumulando, parece cada vez más evidente que Aragón necesita –o necesitaba, quizás ya sea tarde– un plan bien diseñado sobre el desarrollo de centros de datos en la comunidad. Un fenómeno que ofrece oportunidades evidentes, pero sobre todo unos riesgos enormes que la Administración autonómica, como es su responsabilidad, debería ponderar. Y no lo está haciendo o al menos no consta.
Si las principales dudas provienen de las instalaciones que promueven actores ajenos al sector tecnológico, y que participan en meros movimientos especulativos –como ACS en La Puebla de Alfindén–, esta semana se han sumado las que despierta la segunda granja de servidores que impulsa Amazon Web Services en Huesca, al lado de Walqa.
La declaración de impacto ambiental del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, favorable con condiciones, ha destapado algunos de los problemas que tiene que afrontar la multinacional estadounidense en ese ámbito, como te hemos contado. Empezando por el suministro de agua, que no tiene hoy por hoy garantizado. Y siguiendo por el amianto localizado en el suelo del desarrollo industrial, que deberá eliminar. Al menos, gracias a las alegaciones de los colectivos ecologistas Amazon se ha visto obligado a recortar el consumo de sus generadores diésel para reducir la contaminación.
Solo este centro de datos, apenas uno de las decenas que se impulsan en Aragón, prevé absorber una cuarta parte de la electricidad que consume toda la comunidad autónoma. A cambio, 150 empleos en total –y esto es lo declarado por AWS: tendremos que creerlo porque, una vez en marcha las instalaciones, aluden a la confidencialidad para evitar revelar cuántos son en realidad los puestos de trabajo–.