Bachillerato concertado: todo mal
La evidencia científica resulta abrumadora: concertar colegios privados contribuye a segregar alumnado por clase social y supone un gasto público profundamente regresivo, que beneficia a las familias más pudientes. Pero si hacerlo en Primaria y Secundaria puede tener alguna remota justificación por la obligatoriedad de la educación en estas etapas, aplicarlo en Bachillerato conlleva toda una declaración de intenciones: se trata de beneficiar a los que más tienen y de detraer gasto –que siempre es limitado– de la educación pública.
Es previsible esperar nuevos recursos ante los tribunales –ya los había–, con petición de cautelares; más al constatar este miércoles la efervescente reacción de los colectivos vinculados con la educación pública. Y la explicación de que el Ejecutivo en funciones de Jorge Azcón da este paso porque ve próximo el acuerdo con Vox y la investidura solo sirve para aportar una dosis extra de inseguridad jurídica y también de frivolidad: nuestros representantes no están para ponerse a tirar los dados con las políticas públicas. Más seriedad, por favor.
Porque esa es otra: quizás debido a la “discreción” en que los populares y la extrema derecha enmarcan sus contactos no todo ha trascendido, pero de cara al público lo cierto es que aún falta trecho para cerrar un pacto que evite la repetición electoral en Aragón. Así lo constatamos tras la primera reunión pública al máximo nivel entre las partes, este miércoles en Zaragoza: apenas cuatro bloques temáticos y unas “negociaciones conceptuales”, tal y como lo definió la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero.
Ocho semanas después del 8-F y a menos de cuatro para volver a las urnas, aún estamos discutiendo los conceptos.
Los zaragozanos merecen transparencia
Alardear de haber conseguido ascender al trono de la cuarta ciudad española –primero es hacerse trampas al solitario, dado que el área metropolitana de Sevilla es diez veces mayor que el de Zaragoza, y segundo no se sabe bien qué beneficios aporta a los vecinos más allá de unas dosis de patrioterismo– y fallar de forma flagrante en cuestiones básicas de transparencia habla mal de una Administración, cualquiera que sea el color político de sus administradores.
Esta semana te hemos informado de cómo el Gobierno municipal de la capital elude sus deberes en la materia y no plasma toda la información sobre gasto en campañas de publicidad para medios de comunicación, un deber básico de buen gobierno. Algo que sí hace, por cierto, el Ejecutivo autonómico, como también te contamos en su día (con un servicio de Transparencia que de hecho impulsó la popular Luisa Fernanda Rudi hace tres lustros).
No ha sido fácil elaborar la información que te he mencionado: ha habido que bucear en el registro municipal de facturas para dar con estos pagos, dispersos y ajenos a la Dirección de Comunicación, donde deberían figurar. En varios casos, los beneficiarios han sido medios sin la más mínima implantación en Zaragoza, con lo que resulta lógico dudar de que el objetivo final fuera llegar a la ciudadanía. Como mínimo, la cuestión merecía una explicación seria y detallada de la alcaldesa, Natalia Chueca: la baza del “nos hemos ocupado de otras cosas” causa más bochorno que otra cosa.
Una de esas “otras cosas” podría haber sido, puestos a hablar de todo, impulsar una mejora en la protección de uno de los iconos de la ciudad: el histórico Puente de Piedra. Una construcción emblemática que debería ser imagen de postal para turistas y visitantes pero donde a cambio aparecen grietas y que está inexplicablemente saturada de tráfico pesado diario. Y aún habrá que dar gracias por que no se vuelva a repetir un episodio tan lamentable como el vivido el año pasado con el Ring de Luxe. Al final será verdad lo que afirmaba el geógrafo Francisco Pellicer de que en Zaragoza “el modelo que prima es el de la ciudad entendida como negocio”.