Un día después del 8F se activa el calendario institucional para la investidura en Aragón. Previsiblemente, el 3 de marzo se constituirán las Cortes de Aragón y, a partir de ese momento, se abrirá un plazo de dos meses para celebrar el debate de investidura que, de fracasar, abocaría a la comunidad a una nueva convocatoria electoral.
En esa sesión constitutiva, en la que los diputados tomarán posesión de sus escaños y elegirán a la Presidencia de la Cámara, comenzará a correr el reloj para la investidura. La persona elegida para presidir las Cortes consultará entonces con las seis fuerzas políticas con representación parlamentaria y propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Ese candidato —Jorge Azcón— presentará su programa y se someterá a votación.
En la primera votación deberá obtener mayoría absoluta —34 de los 67 escaños— y, de no lograrla, se celebrará una segunda 24 horas después, en la que bastará la mayoría simple —más síes que noes—. Si tampoco prospera, podrán tramitarse nuevas propuestas en un plazo máximo de diez días.
Si transcurren dos meses desde la constitución de las Cortes sin que ningún candidato resulte investido, el Parlamento quedará disuelto y se convocarán automáticamente nuevas elecciones. La fecha para esa convocatoria sería en torno al 3 de mayo, lo que situaría los comicios a finales de junio.
El pacto con Vox, clave para evitar la repetición electoral
Las elecciones aragonesas —las primeras anticipadas en la historia de la comunidad— se convocaron el pasado mes de diciembre ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos. Ese fue el argumento de Jorge Azcón, que siguió la misma estrategia que Extremadura y que posteriormente ha replicado Castilla y León. El balance en Aragón no ha sido favorable para el PP, que ha perdido dos escaños y ve ahora su gobernabilidad supeditada a las exigencias de Vox, que ha duplicado su representación hasta los 14 diputados.
La caída de los populares, de 28 a 26 escaños, se traduce además en unos 15.000 votos menos que en 2023. Está por ver qué condiciones impondrá la formación de extrema derecha, que, si sigue el precedente de Extremadura, reclamará puestos en el Ejecutivo autonómico y compromisos programáticos que el Gobierno de Azcón llegó a calificar de “fuera de la legalidad” durante la negociación presupuestaria.
En Extremadura, el PP aumentó resultados, aunque sigue dependiendo de Vox. Allí la gobernabilidad continúa en el aire, con negociaciones abiertas y cruces de reproches públicos entre ambas formaciones.