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La fábrica de armas, que representó el ministro Morenés, continuará en el Casco Histórico de Zaragoza
Zaragoza —
El 11 de marzo de 2010, la empresa armamentística Instalaza S. A. presentó en el Ayuntamiento de Zaragoza un convenio para trasladar sus instalaciones (sitas actualmente en la calle Monreal del zaragozano barrio de La Madalena) a las afueras de la ciudad. Cinco años después todo está estancado.
El consistorio zaragozano ha contestado, tras una pregunta del concejal de Izquierda Unida Pablo Muñoz, que la aprobación queda aplazada hasta que los grupos municipales “puedan analizar los contenidos en profundidad y adoptar criterio al respecto”. Muñoz indica que ellos ya han dado su opinión en infinidad de ocasiones y que la razón argumentada “no es real”.
El 29 de marzo de 2011 se sometió el convenio a información pública y fueron muchos los colectivos vecinales que presentaron alegaciones. Situándose en esa fecha el origen de la paralización actual. La propuesta de recalificación proyectada desde el consistorio planteaba un considerable aumento de la densidad de viviendas en la zona, de 85 a 150 por hectárea, lo que daría un total de 160 inmuebles.
Para Pablo Muñoz, eso supondría dar unos beneficios a la empresa que no están, “ni mucho menos, justificados”. Quiere que “se vayan”, pero no lucrándose. Pidió en varias ocasiones que Instalaza ofreciera datos de la actividad que realiza para justificar la obtención de tan “pingües beneficios”, pero no han presentado “ni un papel en cuatro años”.
Por ello, reclama que el convenio se anule “y se paralice la operación urbanística”. Hasta el Colegio de Arquitectos “dijo que se estaban haciendo demasiadas viviendas para obtener un beneficio”, afirma.
La producción de Instalaza bajó cuando se prohibieron las bombas de racimo
El 1 de agosto de 2010 entró en vigor el Tratado de Oslo, que prohibía las bombas de racimo. Aunque había sido suscrito en diciembre de 2008, no fue vigente hasta que fue ratificado por 30 países. En el caso de España, las bombas de racimo se vetaron en julio de 2008 merced a una moratoria unilateral del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Instalaza era la principal fabricante de este tipo de armamento en España. Cuando llegó la prohibición el actual ministro de Defensa, Pedro Morenés, ejercía como representante de la empresa, cargo que ocupó hasta el 4 de octubre de 2011. Anteriormente fue consejero entre 2005 y 2007.
En mayo de 2011, cuando Pedro Morenés era su representante, Instalaza demandó al Estado exigiendo una indemnización de 60 millones de euros como compensación por prohibirles la fabricación de bombas de racimo. El 28 de octubre de 2013, Morenés ya era ministro de Defensa, y la Audiencia Nacional rechazó la pretensión de la empresa.
