La Fiscalía archiva la investigación sobre el urbanismo del pueblo que quintuplicó su padrón sin arquitecto municipal
- Cuarte de Huerva (Zaragoza) –el pueblo que más creció con la burbuja– desarrolló el crecimiento sin tener un arquitecto en plantilla y utilizando un servicio externo
La Fiscalía de Zaragoza ha archivado la investigación abierta sobre el desarrollo urbanístico de Cuarte de Huerva (Zaragoza) al no hallar indicios de delito en la actuación de los responsables del Ayuntamiento. Fue el municipio de mediano tamaño que más creció en toda España durante los años de la burbuja inmobiliaria. Concretamente, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), entre 2001 y 2011 multiplicó su padrón por 4,9 para pasar de 1.953 vecinos a 9.564.
Su crecimiento no se detuvo ahí, ya que en la última revisión oficial del padrón , la de 2017, había alcanzado los 12.862 vecinos, lo que supone haberlos multiplicado por 6,5 en 16 años.
Supera claramente en población a otros municipios que tuvieron un importante crecimiento demográfico durante la burbuja, como Zuera (8.253), La Muela (5.238), La Puebla de Alfindén (6.109) y Villanueva de Gállego (8.656), y se sitúa como el quinto más poblado de la provincia, únicamente superado por la capital (664.938) y por Calatayud (20.173), Utebo (18.593) y Ejea (16.596).
La situación del arquitecto y los edificios en zona inundable
La Fiscalía abrió diligencias hace unos meses, tras recibir la denuncia de un particular, para investigar la posible comisión de un delito urbanístico por parte de los responsables del Ayuntamiento, presidido por Jesús Pérez (PAR) desde 1987, por dos aspectos del crecimiento que tuvo en esos años.
Uno se centraba en el hecho de que en toda esa época, entre 2001 y 2016, careció de un arquitecto municipal en plantilla y esas labores fueron realizadas por un autónomo, lo que, según la denuncia, podía conllevar vicios de legalidad en las licencias y permisos para construir concedidos en esa época.
El Consistorio, después de que el Gobierno de Aragón le requiriera para que solucionara la situación del arquitecto, sacó la plaza a concurso, mientras este presentaba una demanda para que le fuera reconocida una relación laboral con el Ayuntamiento.
Por otro lado, la zona conocida como SG-12 (Sistema General 12), de 4,7 hectáreas, calificada como potencialmente inundable en caso de una crecida del río Huerva y ubicada en el centro del pueblo, al este de la calle Ramiro I, pasó, tras la construcción de un dique de protección, a acoger viviendas, locales de uso industrial y equipamientos municipales como dos complejos deportivos.
Sin embargo, tras una investigación de varios meses, la Fiscalía ha concluido que la actuación de los responsables municipales “carece de entidad penal” para constituir los presuntos delitos urbanísticos, ambientales y de prevaricación que señalaba la denuncia.
Sin entidad penal
El ministerio público señala que “la falta de requisitos administrativos en expedientes de construcción de edificios municipales” no tiene entidad penal, “al margen de que los promovidos por el Ayuntamiento no necesitan licencia”
En cuanto a la contratación del arquitecto autónomo para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana, señala que “se llevó a cabo de forma adecuada a la normativa vigente” y añade que “la denominación de arquitecto municipal no implica que se le estén atribuyendo características funcionariales, ya que en el lenguaje ordinario por arquitecto municipal ha de entenderse tanto el que ocupa una plaza de funcionario creada a tal efecto, como al que ha sido contratado para asesorar de manera ocasional o permamente”.
Un informe de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Zaragoza constataba la ubicación de edificios “en zonas potencialmente peligrosas, inundables, dentro de la zona de policía del río Huerva” sin que el ayuntamiento o sus promotores hubieran presentado “ningún instrumento urbanístico donde se recoja la ordenación pormenorizada” a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), y sin que constara ningún informe de Protección Civil sobre los riesgos de construir en ese área. La comisión suspendió en 2004 el desarrollo de esa zona.
Poco después, la CHE certificaba que las edificaciones del SG-12 se habían ejecutado “incumpliendo las condiciones expuestas en la ficha de ordenación vigente” y “sin la preceptiva autorización”, lo que llevó a la comisión a plantear la eventual “retirada de algunas instalaciones” para devolver su espacio al río, aunque esa decisión quedaba a criterio del organismo de cuenca.
