La defensa de Forestalia pide tumbar gran parte de las pesquisas tras un informe de Blanqueo de Capitales retirado por el juez
La defensa de Fernando Samper, expresidente de Forestalia, ha pedido al juez del caso Forestalia que tumbe gran parte de la investigación policial porque desde su punto de vista se apoyaría en un informe de Blanqueo de Capitales que ha sido retirado de la causa debido a que su contenido, como expuso el propio Sepblac, debía ser confidencial.
Este organismo había advertido de que estos documentos, incorporados a la investigación en 2024, no tenían “valor probatorio” y no podían “incorporarse a diligencias judiciales”, tal y como consta en una providencia del pasado 22 de abril de la que la defensa no tenía constancia —algo que critican al juez—. Samper sostiene que ese informe es “el origen” de gran parte de la investigación, con lo que según su tesis las diligencias ordenadas a partir de ahí deberían anularse. “El germen de todo lo expuesto es el informe de inteligencia financiera Sepblac”, recoge el escrito remitido al juzgado.
Entre las actuaciones posteriores los atestados de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil y otras diligencias, en total una treintena de acontecimientos procesales. “Sin el informe del Sepblac no hubiera podido existir el atestado UCOMA”, sostiene la defensa.
Las alegaciones enumeran de forma detallada las diligencias cuya nulidad se solicita. Incluyen autos de entrada y registro, oficios dirigidos a la Agencia Tributaria, la Seguridad Social o entidades bancarias, así como resoluciones posteriores y análisis de la documentación intervenida.
El escrito sostiene que todas esas actuaciones tienen una “conexión” con el informe ya eliminado y que su mantenimiento supondría un “aprovechamiento indirecto” de un documento que no puede utilizarse en el procedimiento.
La compraventa
La investigación había puesto el foco, entre otros aspectos, en la compra de la consultora ambiental Viadós —posteriormente Athmos Sostenibilidad— a tres ex altos cargos del Gobierno de Aragón, todos ellos del PAR: Alfredo Boné, Luis Marruedo y Ana Cristina Fraile. Un informe apuntaba a un posible sobreprecio en esa operación, que los implicados han rechazado.
En este contexto, Boné ha señalado, en declaraciones recogidas por 'Heraldo de Aragón', que ya ha contactado con sus abogados para dirigirse al juzgado y reclamar cómo se va a resarcir “el daño” causado a él y a su familia. También subraya que la investigación se ha ampliado a su entorno familiar, al incluir a su mujer y al marido de Fraile por su relación laboral con organismos que evaluaron proyectos de Forestalia.
El juez deberá decidir ahora si las diligencias cuestionadas pueden mantenerse o si procede su exclusión. Para ello, dará traslado al resto de partes personadas, que tendrán que fijar posición sobre las alegaciones.