La vulnerabilidad informada

La sociedad española vive un momento histórico del que resulta difícil abstraerse. En estos días, casi medio millón de personas, de habitantes del territorio español abandonarán su situación de irregularidad, su condición de no sujetos, su carencia de derechos para convertirse en personas en situación regular, en individuos con derechos. Desde el año 2004 no vivíamos un fenómeno de regularización extraordinaria de este tipo.

Aunque no es el territorio más implicado, Andalucía aporta un volumen importante de personas en situación irregular a este proceso de regularización extraordinaria. Por ello, desde APDHA estamos trabajando para ayudar a quienes se han visto abocados a la clandestinidad, a salir de esta situación. No es la panacea, pero es el paso imprescindible para poder convertirse en sujetos de pleno derecho. Después tocará pelear con la precariedad laboral, con la falta de vivienda, con el desmantelamiento de los servicios públicos. Pero esa pelea podrán hacerla en condiciones que se aproximen a la igualdad y no con la rémora de la vulnerabilidad que marca la irregularidad.

Precisamente ese concepto, la vulnerabilidad, se ha convertido en el gran elemento de este proceso. Porque el Real Decreto que aprobó la regularización extraordinaria incorporó dentro de los requisitos a aportar por aquellas personas que no convivieran con menores o no hubieran solicitado protección internacional, un informe de vulnerabilidad. En la primera versión del borrador que se filtró, el Gobierno consideraba que todas las personas en situación irregular estaban en condiciones de vulnerabilidad. Pero en el texto definitivo, la presión del Consejo de Estado y de las extremas derechas que no creen en este proceso les llevó a sumar este requisito.

Ahora las personas en situación de vulnerabilidad por su situación de irregularidad deben acudir a un punto de los establecidos oficialmente para que alguien informe de que, en efecto, son personas en situación de vulnerabilidad. Esta necesidad ha provocado las imágenes que, quizá, estaban buscando quienes querían torpedear el proceso: las imágenes de colas inmensas de personas desesperadas para lograr este informe.

Es curioso, cuando esas colas son para entrar en un estadio de fútbol, en un concierto o para comprar el último modelo de un teléfono no generan tanta alarma. Pero si son de personas en situación de vulnerabilidad, corren ríos de tinta sobre un supuesto proceso masificado. Pero la masificación se genera cuando se introduce un requisito inesperado, cuando se genera desinformación sobre cómo conseguirlo y cuando se ponen obstáculos para lograrlo.

Muchas horas de voluntarios y voluntarias dedicadas a este proceso de regularización. Pero son de esos esfuerzos que valen la pena cuando podemos permitirnos imaginar un futuro mejor para las personas hacinadas en Atochares, explotadas en Lepe o malviviendo en Málaga

Obstáculos que han venido, en primer lugar, de las administraciones públicas que deberían encargarse de estos informes de vulnerabilidad: las administraciones locales. Mientras que en Catalunya muchos ayuntamientos, como el de Barcelona o el de Hospitalet han asumido su responsabilidad, en Andalucía todos los ayuntamientos se han puesto de perfil. En los primeros días del proceso el Ayuntamiento de Hospitalet ha elaborado 2500 informes de vulnerabilidad diarios. En Andalucía ningún ayuntamiento ha estado a la altura.

Y han tenido que ser las organizaciones sociales las que han venido a cubrir esta necesidad. Ciertamente, son también llamadas a ello por el Real Decreto en esa condición de entidades colaboradoras, pero sus capacidades y posibilidades son mucho más limitadas. Más aún cuando las grandes organizaciones sociales, esas que dedican tantos recursos provenientes de subvenciones a la atención a migrantes, han ignorado absolutamente la importancia de este proceso. Que Cruz Roja Española o Cáritas no consten en el Registro de Entidades Colaboradoras es para reflexionar sobre el sentido y finalidad de su intervención social.

Porque desde APDHA consideramos que es un absurdo tener que informar la vulnerabilidad de las personas que están en situación de irregularidad. Es algo tan intrínseco que el propio informe recoge elementos insoslayables en estos casos. Pero nuestro rechazo a la introducción de este requisito superfluo no puede llevarnos a ignorar la necesidad de ayudar, de contribuir a este proceso de regularización extraordinaria. Como forma de ayudar a todas y cada una de esas personas que acuden a nuestras sedes para lograr salir del ostracismo, abandonar la clandestinidad, superar la explotación.

Por supuesto que nos está costando mucho esfuerzo. Muchas horas de voluntarios y voluntarias dedicadas a este proceso de regularización. Pero son de esos esfuerzos que valen la pena cuando podemos permitirnos imaginar un futuro mejor para las personas hacinadas en Atochares, explotadas en Lepe o malviviendo en Málaga. Todas esas personas en situación de vulnerabilidad de cuya vulnerabilidad, absurdamente, debemos informar.