Fiscalía y Gobierno vasco refuerzan la colaboración para acabar con “espacios de impunidad” en la seguridad laboral

Fiscalía y Gobierno vasco quieren evitar que se produzcan “espacios de impunidad” en materia de salud y de seguridad laboral. Un acuerdo suscrito este martes entre la Fiscalía vasca, el Ejecutivo autónomo y Osalan pretende que el acuerdo sobre una indemnización entre las partes no relativice las consecuencias penales tras un accidente y centrarse sobre todo en la prevención, posibilitando que lleguen también Ministerio Fiscal las diligencias de accidentes leves, pero que podrían haber sido graves, de forma que se pueda actuar antes de que puedan repetirse.

El vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, y la fiscal superior del País Vasco, Carmen Adán, junto a la directora general de Osalan, Lourdes Íscar, han suscrito este martes un convenio para incrementar la colaboración entre las tres instituciones, tras aprobarse en Consejo de Gobierno el pasado mes de noviembre. No es casualidad que se hayan elegido este día para firma, por celebrarse el Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral, una jornada en la que los sindicatos han reivindicado con varias manifestaciones en las capitales vascas mayor control sobre las condiciones laborales que sufren los trabajadores.

En la presentación del convenio en la sede de la Fiscalía, su máxima responsable, Carmen Adán, ha señalado que se quiere mandar “el mensaje claro” de que se intentarán “evitar espacios de impunidad y, sobre todo, no relativizar las responsabilidades penales por el hecho de que haya pactos indemnizatorios, que deben existir y están ahí, pero que ello no sea un nuevo espacio de impunidad”, en el caso de los accidentes laborales.

La directora general de Osalan ha destacado que no sólo va a actuar de forma coordinada inspección y Fiscalía sobre los accidentes graves y aquellos mortales con desenlace fatal, sino que se van a investigar “aquellos que hubieran podido ser graves”. Esto, ha asegurado, que se trata de un “paso añadido para los incidentes y accidentes que pudieran haber sido graves y se extiende también a las enfermedades profesionales, que no dejan de ser otra manifestación de riesgos laborales, un poco más silente en el tiempo, porque tienen un periodo de latencia mayor” ha explicado.

Por su parte, el vicelehendakari Mikel Torres, ha señalado que el convenio pretende en primer lugar “el refuerzo de la prevención, la investigación y la persecución de todas las infracciones y delitos en materia de seguridad y salud en el trabajo”; en segundo lugar, “establecer canales ágiles de colaboración entre la Fiscalía y la Inspección de Trabajo y Osalan para coordinarnos y actuar de forma más efectiva” y, como tercer objetivo, compartir actividades de formación y, especialmente, el apoyo técnico y el intercambio de información entre ambas administraciones públicas“.

El convenio tendrá una vigencia de cuatro años, prorrogable por otros cuatro adicionales, y no implica contraprestación económica para ninguna de las partes. “Este convenio refuerza la capacidad de nuestras instituciones para proteger mejor” y envía “un mensaje claro” a la sociedad: “La seguridad laboral no es negociable”, ha señalado el vicelehendakari.

El año pasado la Inspección de Trabajo realizó 11.545 intervenciones en materia de Salud Laboral -el 57% del total-, en las que se detectaron 570 infracciones y se realizaron 2.754 requerimientos. Sólo nueve expedientes se derivaron a la Fiscalía por ser presuntos delitos en materia de salud y seguridad laboral, relacionados con accidentes de trabajo mortales, ámbito en el que se incoaron 13 expedientes sancionadores por parte de la inspección. Sobre accidentes graves se abrieron 72 expedientes sancionadores y 92 requerimientos, y 145 expedientes sancionadores y 133 requerimientos en accidentes leves. Además, se realizaron 98 actuaciones en investigación de enfermedades profesionales, con 4 sanciones, 33 requerimientos y 2 recargos de prestaciones, según datos de Osalan.

Los sindicatos piden más control, más inspección y menos precariedad

Precisamente, la petición de un incremento en las labores de inspección y de persecución de las irregularidades ha sido denominador común en las reivindicaciones de los diferentes sindicatos, que se han manifestado por separado con motivo del Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral. ELA ha exigido “prevención” frente a “criminalización” lanzando mensajes en contra de la patronal a la que ven empeñada en usar el “absentismo” para “criminalizar” a los trabajadores. De hecho, los militantes de este sindicato se han manifestado bajo el lema 'En Euskal Herria el absentismo es del 0%. Frente a la criminalización, la prevención a primera línea'.

El responsable de Salud Laboral de ELA, Pello Igeregi, ha afirmado que “la gente muere en los tajos por culpa de la precariedad laboral” y ha advertido de que las condiciones laborales tienen “un impacto directo en la salud física y mental”. Ante esta situación, ha denunciado que la patronal, “en lugar de tratar de mejorar las condiciones de trabajo, criminaliza” a los trabajadores al difundir “un discurso que asocia el absentismo con el fraude”.

Los sindicatos LAB, ESK, Steilas, EHNE-Etxalde e Hiru se han movilizado bajo el lema 'La mentira del absentismo. ¡Defendamos nuestros derechos laborales', por las calles donostiarras y han denunciado que “el absentismo del que tanto habla la patronal no es más que precariedad” y que “la falta de prevención también es precariedad”. Han señalado, además, que “la búsqueda insaciable de beneficios antepone el negocio a la vida, sosteniéndose sobre un sistema que explota de forma diferencial a la clase trabajadora, y especialmente a jóvenes, mujeres y personas racializadas”. “No todas las vidas valen lo mismo para el capital, y eso se refleja con crudeza en las condiciones laborales”, han añadido. Y han criticado la dejadez de la Administración.

Alfonso Ríos, desde CCOO Euskadi, ha exigido más control de la administración pública de las condiciones laborales que ocasionan “accidentes, enfermedades profesionales y nuevas formas de morir en el trabajo”, bajo el lema 'Lan istripuriz ez. La precariedad mata', este sindicato ha puesto el foco en que el pasado año fallecieron Euskadi 30 personas en siniestros laborales, y la mitad de los accidentes de trabajo mortales “ya no han sido originados por las causas típicas que veníamos observando, como pueden ser golpes, caídas o atrapamientos”, sino que, “muchas veces, están originados por infartos o patologías cerebrovasculares o de este tipo”. Según ha considerado, las empresas “no están investigando esto debidamente” y las administraciones públicas “tienen que dar unas directrices más claras sobre cómo esas nuevas condiciones de trabajo hacen que cambien las formas de morir en el trabajo”.

UGT, por su parte ha pedido “tolerancia cero” contra la siniestralidad laboral. Bajo el lema 'La salud y la seguridad, un derecho fundamental en el trabajo', los delegados de UGT Euskadi han exigido “un compromiso real y efectivo para erradicar esta lacra social”. El responsable de la gestora que dirige el sindicato, Tximi López, ha recordado que “las muertes laborales tienen responsables, nunca podemos aceptar que se produzcan como algo inevitable”, ha dicho. Y ha recordado, en este sentido, que las empresas son “las máximas responsables de velar por la integridad física y mental de sus plantillas a través del cumplimiento estricto de los planes de prevención”.