Tubos Reunidos sopesa presentar un concurso de acreedores y sus acciones en Bolsa se desploman casi un 40%

Tubos Reunidos está cada vez más cerca de un proceso concursal ante la imposibilidad de reducir su deuda. La compañía sopesa la posibilidad de entrar en concurso de acreedores, según han confirmado fuentes de la empresa, aunque el consejo de administración todavía no ha tomado la decisión definitiva sobre esa posibilidad. Así se lo han trasladado también desde la dirección de la compañía a representantes del comité de empresa, que se han trasladado a las oficinas radicadas en Bilbao, donde han sido recibidos por directivos de Tubos Reunidos.

La posibilidad de una entrada en concurso de acreedores de manera inminente se ha publicado este lunes en 'El Confidencial', y la noticia ha provocado un desplome del valor sus acciones en Bolsa, con caídas de hasta el 40%. Al parecer, la empresa ha contratado los servicios de asesoría del despacho Uría Menéndez para analizar la posibilidad de pasar a una gestión judicializada, además de otras opciones, con la intención de buscar una salida y aliviar la presión de una deuda que crece cada día. Ya en el momento en que las negociaciones del ERE finalizaron sin acuerdo, al empresa advirtió de que “estudiaría todos los escenarios”.

Con unas pérdidas el año pasado de 118,1 millones de euros y una deuda de 263,2 millones de euros, la empresa ha puesto en marcha un plan de viabilidad que ha llevado aparejado un ERE para 242 trabajadores -se anunció para 301- que no ha conseguido el acuerdo con el comité, aunque ha recibido el visto bueno de la inspección. No obstante, ha sido impugnado por la mayoría de los sindicatos ante el juzgado, en concreto por ELA, UGT, LAB y ESK. Precisamente, los sindicatos han señalado este lunes que el hecho de que, pese al ERE, se valore el concurso de acreedores, demuestra que el problema de la empresa no estaba en la dimensión de la plantilla.

Despues de encarrilado el ERE, el plan de la empresa era abordar la deuda, pero la Sepi, que es el principal acreedor de la compañía, no está dispuesta a admitir una quita. La Sociedad Estatatal de Participaciones Industriales ya acudió en ayuda de Tubos Reunidos en 2021 con un préstamo de 112 millones. Los intereses de ese préstamo han elevado la deuda con el organismo estatal por encima de los 150 millones de euros, con unos plazos de devolución que el Gobierno central está dispuesto a flexibilizar, lo que ya ha hecho con otras empresas en dificultades a las que ha prestado fondos. Pero Tubos Reunidos no quiere renegociar la deuda, ya que renegociar supondría alargar el periodo de devolución del préstamo, cuyos intereses seguirían creciendo haciendo más grande la bola de la deuda. En la situación en la que se encuentra la empresa sólo le valdría una quita, y eso hoy por hoy, la Sepi considera que es jurídicamente inviable.

Hay que recordar que el trato por parte de la Sepi a Tubos Reunidos no puede diferir del que han recibido otras empresas que también se beneficiaron de esos préstamos, y que están devolviéndolos o lo han hecho ya. Por otro lado, el de Tubos Reunidos se trata de un préstamo que está siendo investigado por la Audiencia Nacional para determinar si el expresidente de Sepi, Vicente Fernández Guerrero, que fue asesor de Tubos Reunidos, medió a cambio de dinero para que la empresa recibiera este préstamo, englobado en el concedido a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas (FASEE), para apoyar a las empresas más afectadas por la pandemia de COVID-19.

Según datos de la Sepi del mes de agosto del año pasado, con Tubos Reunidos son veinte empresas las que cuentan actualmente con este crédito: Tubos Reunidos, Vicinay -con la que ha pactado una renegociación de la deuda-, Air Europa, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Abades, Técnicas Reunidas, Grupo Abba, Grupo Julià, Grupo Mediterránea, Air Nostrum, Volotea, Vicinay, Isastur, Vivanta, Imasa y Meeting Point. Son ocho las que ya han cancelado su préstamo: Grupo Hotusa, Grupo Soho, Ávoris, Eurodivisas, Wamos, Rugui Steel, Ferroatlántica y Hesperia.

Sin el previo acuerdo con Sepi, la renegociación de la deuda con el resto de acreedores es inviable. Y con una deuda de más de 263 millones, que crece cada día, hace impensable conseguir un inversor, como ha recordado en muchas ocasiones el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jáuregi.

La situación de la empresa es tan crítica en estos momentos que el propio informe de la Inspección de Trabajo en el que no se veían “indicios de fraude” en el ERE, consideraba que la empresa se encuentra en “causa legal de disolución”, ya que el ejercicio 2025, de acuerdo con el balance provisional, el capital social era de 21.000 euros, y el patrimonio neto de 8.608 euros. Es decir, que el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social (10.500 euros).