Una ley para crear derechos

En 1986, un grupo de profesionales con compromiso progresista nos propusimos superar la vieja beneficencia y la asistencia social basada en la caridad, desde la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo del primer Gobierno de Castilla-La Mancha presidido por José Bono.

Nuestro objetivo era construir un marco normativo de bienestar social en Castilla-La Mancha donde las personas dejaran de depender de la voluntad ajena y pasaran a ser titulares de derechos subjetivos exigibles por ley. Queríamos crear y consolidar una arquitectura jurídica ambiciosa y con potencialidad de desarrollos reglamentarios posteriores que elevasen la calidad de vida de todos los ciudadanos de la región, pero muy en particular la de colectivos más frágiles (niños de 0 a 6 años, menores y mujeres más desprotegidos, personas con diferencias y/o discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, drogodependientes y los entonces llamados viejos o ancianos).

Intentábamos asegurar mejoras cualitativas para las personas más vulnerables de la sociedad. Pasar de la gracia al derecho, de la discrecionalidad a la responsabilidad pública, de la ayuda puntual a las prestaciones profesionales, de la dispersión institucional a un sistema organizado, del asistencialismo reactivo a la prevención, del receptor pasivo al ciudadano participativo y al establecimiento del cuarto pilar de Estado del Bienestar Social Universal y con presupuestos públicos.

Para lograrlo, realizamos un riguroso trabajo de documentación y debate. El texto final resultó ambicioso, humanista y garantista. La norma consolidó un sistema integral y descentralizado que otorgó un papel protagonista a los ayuntamientos, promovió la participación ciudadana y combinó la atención primaria con la especializada.

Centros para mayores, menores y personas con discpacidad

Esta transformación requirió una financiación sólida y continuada. Con uno de los mayores presupuestos del Gobierno autonómico de la época, se impulsaron recursos históricos como el PRAS, el Fondo Regional de Bienestar Social y una red de centros para mayores, menores, personas con discapacidad, centros de atención infantil y colectivos vulnerables.

Gracias a la Ley y al enorme y continuado esfuerzo presupuestario se fueron estableciendo cientos de Centros Sociales Polivalentes (CSP), CAIS, centros ocupacionales, residencias para mayores, centros de salud y consultorios locales.

Entre las teorías sociopolíticas de “cerrar pueblos” o “ayudarles a sobrevivir y desarrollarse” triunfó esta segunda y justificó el gran desarrollo inversor en centros y servicios Sociosanitarios para las gentes de Castilla-La Mancha, muy despoblada y abandonada históricamente y a la que intentamos transformar con atenciones de calidad de vida.

Todo este engranaje cobró vida gracias a la enorme responsabilidad y eficacia de los profesionales del Trabajo Social, pilares destacados en esta ingente labor.

A cuarenta años de su confección, y tras su actualización en 2010 por la Ley 14/2010, nos sentimos profundamente orgullosos de aquel esfuerzo.

Con sus lógicas limitaciones, este marco normativo moderno permitió transformar la utopía en realidades concretas, cambiando para siempre la vida de los castellanomanchegos.