El Sindicato de Trabajadores por el Empleo Público de Aragón (STEPA) ha pedido en el Parlamento autonómico una comisión de investigación al Gobierno aragonés al considerar que no cumple las leyes de reducción de temporalidad.
“La aplicación incorrecta de la ley ha tenido un impacto grave y negativo en miles de trabajadores, en su mayoría mujeres mayores de cincuenta años, que no solo no han visto su derecho a la estabilización, sino que en muchos casos han sido despedidas sin recibir la compensación máxima de veinte días prevista en la ley”, ha expuesto María Pilar Remirez, miembro de STEPA, durante su comparecencia en la Comisión de Comparecencias Ciudadanas y Derechos Humanos.
Remirez ha explicado que el concepto de abuso de temporalidad en empleados públicos “se produce sobre las personas cuando son contratadas como temporales para cubrir puestos permanentes durante largos periodos de tiempo”. En este sentido, ha continuado diciendo que “la directiva europea obliga a definir cuando un contrato es temporal, prevenir abusos, sancionar a los empleadores y proteger al personal afectado”, algo que “no se está realizando”.
Por otro lado, Remirez ha contado que la tasa de temporalidad “mide el porcentaje de personas empleadas con contrato temporal respecto al total de personas ocupadas” y ha asegurado que “en Aragón, el resultado de la Ley de reducción de temporalidad en el conjunto del personal ha fracasado”.
“En 2021, la tasa era del 48,6 por ciento y en junio de 2025, ha sido del 47,7 por ciento”, ha señalado, al tiempo que ha añadido que “según las estimaciones podría haber más de veinte mil personas en abuso de temporalidad”. Por este motivo, Remirez ha preguntado “qué es lo que ha pasado para que no haya habido apenas variación en la tasa cuando había una ley española de obligado cumplimiento para reducirla al 8 por ciento”.
A continuación, Alberto Anuncibay Álvarez, asesor jurídico de STEPA, ha afirmado que “no existe en el derecho español ni una sola medida que dé cumplimiento a la obligación de sancionar los abusos en la temporalidad”. Además, se ha centrado en que “los concursos de méritos permiten a los empleados aportar como mérito su experiencia profesional hasta un límite de 15 años” y ha puesto como ejemplo que en “el cuerpo de administradores superiores se han convocado únicamente dos plazas para todo el Gobierno de Aragón y solo ochenta y seis aspirantes tienen más de quince años al servicio de esta administración”. “Lo que hay más allá de un claro de incumplimiento de la Ley 20/2021, es una evidente falta de voluntad política”, ha concluido.
La diputada popular María Navarro ha explicado que “cuando asumimos las funciones de la Consejería de Hacienda nos encontramos cerca de cuatrocientos procesos selectivos atascados”, una muestra de que “la anterior administración no quiso cumplir con una ley que ellos mismo habían hecho”, ha asegurado. “Hicimos un refuerzo del Instituto Aragonés de Administración Pública” que permitió “desatascar más de trescientos setenta procesos que suman cerca de dos mil novecientas plazas”, ha destacado Navarro.
Por parte del PSOE, Sergio Ortiz ha recordado que “el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechaza la declaración de fijeza automática y comparte la postura defendida por España de que no cabe la transformación automática de una relación de servicio temporal en una relación de servicio permanente”. Ortiz ha dicho que “desde el año 2017, en Aragón se sacaron tanto ofertas ordinarias como procesos de estabilización en los que el personal interino partía con ventaja”.
Desde Vox, Fermín Civiac ha apuntado que “ha habido claramente una voluntad política de incumplir la ley” y ha preguntado a los comparecientes “si son capaces de identificar el origen” de ello.
La diputada de CHA Isabel Lasobras ha referido que “Aragón ha arrastrado una situación de abuso estructural en la contratación temporal de personal público”, lo que “supone un deterioro evidente de los servicios”. “No se pueden hablar de unos servicios públicos fuertes si quienes los prestáis vivís la inestabilidad e incertidumbre permanente”, ha agregado.
Pilar Buj, en representación de A-TE, ha apuntado que “estamos en contra de la temporalidad y de la falta de cobertura en muchísimos puestos de la Administración aragonesa” y ha reconocido que “ha habido un abuso de la temporalidad y son muchas las personas que están atrapadas en ese círculo administrativo”.
Desde el Grupo Parlamentario Mixto, Alberto Izquierdo (PAR) ha asegurado que “la fijeza de los interinos no afectará a los funcionarios” y ha criticado que “hemos visto en muchos casos que personas que llevaban diez años realizando su trabajo han sido despedidas, maltratadas y perseguidas”.