Zaragoza tiene la menor dotación de juzgados de las grandes ciudades españolas

Los juzgados de Zaragoza soportan una presión demográfica superior a la que atienden los de cualquiera otra de las once principales ciudades del país, según revela un estudio elaborado por CCOO, sindicato que denuncia que Aragón, Baleares y Asturias son “las únicas comunidades autónomas en las que no se va a crear ni un juzgado a lo largo del año 2019, y eso pese a las necesidades evidentes de nuevos órganos judiciales” en su capital.

Los datos recabados por Comisiones Obreras indican que los 22 juzgados de Primera Instancia de la capital, los que tramitan las demandas entre particulares y/o empresas, atienden a una media de 36.059 ciudadanos como consecuencia de la amplitud del partido judicial, que tiene sus extremos en Zuera, Jaulín, Quinto de Ebro y Mallén y abarca 68 municipios que suman 793.303 habitantes.

La ciudad que más se acerca a esos registros es Málaga, con 21 oficinas que atienden a una media de 34.813, mientras Valencia dispone de 29 con un promedio de 27.290. La mejor dotación se da en Palma de Mallorca, cuyos 24 tribunales salen a 24.552.

La actividad de este tipo de juzgados, que tramitan tanto las demandas por asuntos económicos y de propiedades como los que atañen a las relaciones familiares, suele incrementarse en las épocas de crisis, algo que, en el caso de Zaragoza, tendría como efecto aumentar una carga de trabajo que, con 1.563 asuntos por oficina al cabo del año, supera en un 30% los ratios que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) considera asumibles.

La sobrecarga de los Mercantiles y el Registro Civil

Los cuatro juzgados de Familia se encuentran todavía por debajo de niveles de saturación, aunque con unas marcas cercanas al tramitar una media de 1.207 pleitos y ejecuciones cuando el límite de lo tolerable se encuentra en los 1.323, mientras los dos de los Mercantil, cuya principal ocupación es tramitar unos concursos de acreedores que también se disparan en las épocas de recesión y en sus vísperas, también rebasan los niveles de saturación con, sin entrar en la complejidad de cada pleito, 474 asuntos en cada uno de ellos cuando los topes teóricos se sitúan en los 435.

El Registro Civil lleva años con una carga de trabajo superior a la asumible como consecuencia de atender en una única oficina al segundo partido más poblado de España, con esos casi 800.000 ciudadanos que únicamente supera el de Sevilla, también único, con 992.512 personas. Los siguientes ratios son los de Málaga, con 731.087, y, ya muy alejado, los 644.666 de Madrid.

Ciudades como Palma y Alicante, cuyos partidos están mucho menos poblados (589.254 y 382.988) disponen de dos oficinas mientras en Barcelona y Valencia hay tres y en la capital, cinco.

Desbordamiento en los juzgados de violencia machista

Esos mismos problemas se dan en la jurisdicción penal, con un ratio de 66.108 vecinos por cada juzgado de Instrucción y otro de 396.651 en los de Violencia contra la Mujer que se sitúan a una clara distancia de los siguientes en cada una de esas especialidades: Madrid, con 59.691, y Barcelona, con 324.068, respectivamente.

En ambos casos se supera también con claridad el límite de trabajo asumible para una oficina judicial, con una sobrecarga de casi el 5,5% en los primeros, que tramitan una media de 3.480 asuntos cuando la carga asumible es de 3.300, y con un desmesurado 42,8% en los segundos, cada una de cuyas dos oficinas trata 2.285 causas al año (2.082 criminales y 203 civiles, mayoritariamente divorcios de las víctimas y sus agresores) cuando fueron creados para atender 1.600.

La carga también es superior a la asumible en los Juzgados de lo Social, cuyo trabajo va a incrementarse en los próximos meses si no cambian las tendencias de los últimos enfriamientos económicos. Ahora tramitan 919 asuntos al año cuando su capacidad es de 800.

CCOO reclama que el año que viene “se incluya la creación de nuevos Juzgados en la comunidad autónoma de Aragón, y que el partido judicial de Zaragoza deje de estar a la cola de Juzgados civiles y penales por población en toda España”. El sindicato considera prioritario poner en marcha un nuevo Primera Instancia y otro de Violencia contra la Mujer.