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El Ayuntamiento de Zaragoza exige demoler la estructura que ha causado la caída de una terraza de Zumalacárregui 32

ElDiarioAragón / Europa Press

9 de junio de 2025 22:36 h

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El Ayuntamiento de Zaragoza ha emitido una providencia, después de realizar una inspección urbanística, en la que se requiere y obliga a la propiedad a la demolición de los restos de la estructura que sustentaba las terrazas y trasteros de dos pisos de la planta primera de la calle Zumalacárregui, número 32, además, debería proceder al desescombro y a la reparación de los daños.

Asimismo, en la providencia se permite el realojo de todas las familias del inmueble menos de los residentes de los dos pisos de la planta primera, dado que se debe actuar en la estructura mencionada que sustentaba sus terrazas y hacer también comprobaciones en el forjado.

Este pasado sábado, a las 12.00 horas, se tuvo que desalojar el citado inmueble debido al desprendimiento de una terraza interior de la primera planta que cayó sobre el local de un antiguo bar en desuso y ubicado en la planta calle. El establecimiento estaba vacío al igual que la terraza en el momento del desprendimiento por lo que no se produjeron heridos.

Este lunes los técnicos municipales del Servicio de Inspección Urbanística han realizado una visita para analizar en profundidad la situación.

Se trata de un inmueble compuesto por un sótano, un bajo, cinco plantas y un ático, donde residen once familias. Los técnicos municipales han comprobado que la estructura que se desplomó este sábado estaba adosada, por lo tanto es independiente a la estructura principal del inmueble. Con todo ello, el Ayuntamiento ha emitido la citada providencia.

En la primera inspección del pasado sábado, la técnica municipal de guardia del Ayuntamiento de Zaragoza, en coordinación con Bomberos y Policía Local, ordenaron el desalojo preventivo de todo el edificio a expensas de que este lunes el servicio de Inspección Urbanística analizara la situación en profundidad.

El edificio está compuesto por once viviendas –cinco plantas con dos viviendas cada una más un ático–, todas ellas habitadas en régimen de alquiler. Las once familias pudieron ser realojadas con familiares o allegados, por lo que no requirieron la ayuda de los servicios sociales municipales.