“Es una incertidumbre total”: el ERTE en tres piscinas de Zaragoza sigue en el aire pese a la orden municipal de continuidad
La gestión de las piscinas y centros deportivos municipales de Zaragoza continúa en una situación de “incertidumbre” tras el anuncio de la UTE Piscinas Zaragoza (Salzillo Servicios Integrales–Imesapi) de activar un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectaría a 50 trabajadores, toda la plantilla de los centros Alberto Maestro y Palafox. La empresa justifica esta decisión en la finalización del contrato actual, prevista para el 30 de abril, y en la ausencia de licitación de los nuevos pliegos por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Sin embargo, el Consistorio emitió la semana pasada una orden de continuidad para garantizar la prestación del servicio.
Esta decisión no ha despejado el escenario laboral, sino que ha añadido más incertidumbre entre las partes implicadas. El delegado de personal de UGT en Piscinas Zaragoza, Víctor Escorza, explica que la empresa todavía no dispone de una comunicación oficial clara de esa orden de continuidad y que, por tanto, no ha descartado aún activar el ERTE que, según trasladó a la representación laboral, se plantea con una duración de hasta 12 meses. La empresa ha comunicado a fuentes sindicales que mantienen prevista la reunión del 14 de abril donde se comunicará la decisión.
La empresa ha avanzado que acudirá a la vía judicial contra esta decisión al considerar que el Ayuntamiento “se ha negado a actualizar los costes laborales” y por no haber sacado a licitación el contrato en los plazos oportunos.
El Ayuntamiento emitió la orden el pasado 1 de abril con el objetivo de garantizar la prestación del servicio en los centros deportivos afectados —entre ellos Alberto Maestro, Tenerías y Palafox— así como en varias piscinas de verano de la ciudad. Se trata de asegurar que las instalaciones sigan funcionando con normalidad mientras se culmina la nueva adjudicación de los contratos.
Sin embargo, esto no ha tranquilizado a los trabajadores. “Lo que hay ahora mismo es una incertidumbre total. La empresa no sabe exactamente cómo interpretar la orden de continuidad porque dice que no la tiene comunicada oficialmente en todos sus términos. Hemos tenido conversaciones en las que les hemos trasladado que el ERTE, tal y como estaba planteado, decaería con esta orden, pero siguen sin tener claro qué van a hacer”, señala Escorza. El representante sindical añade que la empresa está valorando distintos escenarios. “Están enfadados y están estudiando posibilidades. A día de hoy no saben si van a seguir adelante con el ERTE o si esto cambia completamente la situación”, afirma.
Escorza insiste en que, desde el punto de vista de la representación de los trabajadores, el expediente no tiene base suficiente en el nuevo contexto administrativo abierto por el Ayuntamiento. “Jurídicamente esto no tiene ni pies ni cabeza. Nosotros lo vamos a denunciar porque entendemos que este ERTE no estaría amparado en estas condiciones. La empresa dice lo contrario, que el Ayuntamiento no ha cumplido los plazos de la licitación y que por eso podrían seguir adelante, pero nosotros no lo compartimos”, sostiene.
El sindicato denuncia además que la plantilla se encuentra en una situación de inseguridad prolongada. “Estamos en medio de todo esto los trabajadores, que somos los que sufrimos la incertidumbre. No tenemos garantías de nada. El Ayuntamiento da por buena la orden de continuidad, pero a día de hoy no hay una comunicación cerrada ni una solución definitiva”, apunta Escorza.
UGT ha solicitado una audiencia con la consejería competente y advierte de que se emprenderán acciones legales si el ERTE finalmente se materializa en las condiciones actuales. Además, el sindicato recuerda que la empresa ha llegado a plantear la posibilidad de cerrar las instalaciones a partir del 1 de mayo si no se resuelve la situación contractual.
El Ayuntamiento, por su parte, defiende que la orden de continuidad responde a razones de interés público y a la necesidad de garantizar servicios esenciales, y asegura que permitirá mantener abiertos los centros mientras se tramitan los nuevos contratos. La orden establece que la continuidad del servicio se realizará bajo las mismas condiciones técnicas previstas en los pliegos del contrato vencido, y con los precios unitarios originalmente fijados, sin aplicar las bajas ofertadas por los adjudicatarios anteriores, y solo por las horas efectivamente trabajadas.
Según informó el Ayuntamiento, esta decisión responde “a la necesidad de garantizar que las instalaciones deportivas municipales continúen abiertas y funcionado con normalidad, ofreciendo seguridad, mantenimiento y atención adecuada a todas las personas usuarias”. La orden de continuidad se mantendrá hasta la entrada en vigor de los nuevos contratos, actualmente en tramitación, con el objetivo de asegurar la prestación de estos servicios públicos esenciales.