Varapalo a la alcaldesa de Zaragoza tras el primer convenio colectivo anulado en la historia del Ayuntamiento

La Justicia ha declarado nulo el convenio colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Zaragoza, con lo que se convierte en el primer convenio anulado judicialmente en la historia del Consistorio. Dicho acuerdo afecta a más de 900 trabajadoras y trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza, sus organismos autónomos, sociedades y patronatos.

La sentencia, que hace alusión a los “subterfugios” empleados, acredita que el Gobierno municipal encabezado por Natalia Chueca ha infringido la ley, vulnerando el Estatuto de los Trabajadores sobre la regulación de la legitimidad y representatividad en la negociación colectiva. Se documenta que el Ayuntamiento suplantó el proceso de negociación colectiva, utilizando al Comité de Empresa para aparentar una aprobación que no debió existir. 

“Habiéndose aprobado el texto del convenio colectivo por mayoría simple de los miembros del comité de empresa y no por la mayoría de la parte social de la mesa negociadora en función de su representatividad, es claro que dicha aprobación infringió el art. 89.3 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que procede declarar su nulidad, si bien, y como ya se ha indicado, solo en la parte relativa a las disposiciones específicas y propias del Personal laboral, quedando incólumes las comunes con el personal funcionario, ya negociadas en la Mesa General del Personal Funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza”, expone la sentencia.

Juan Tamarit, secretario general de la sección sindical de CCOO en el Ayuntamiento de Zaragoza, sindicato que presentó la demanda, asegura que “no se trató de un error técnico, sino de una decisión consciente para forzar la aprobación de un convenio rechazado por la parte mayoritaria de la representación sindical” que, a su juicio, precariza las condiciones de trabajo de los trabajadores y deja en evidencia una forma de gobernar “basada en la imposición, la falta de diálogo y el desprecio a la legalidad”.

El sindicato demandante señala que Natalia Chueca es tan responsable como su concejal delegado de Personal, Alfonso Mendoza, ya que fue informada directamente de la situación mediante una carta que le solicitaban una reunión para abordar el conflicto. “La alcaldesa decidió no atenderla, avalando con su silencio y su inacción, una actuación que hoy ha sido desautorizada por la Justicia”, asegura Juan Tamartit.

Por todo ello, CCOO exige el “cese inmediato” del concejal delegado de personal, Alfonso Mendoza, “por su responsabilidad directa en la aprobación ilegal de un convenio que ha vulnerado derechos fundamentales y ha generado un grave conflicto laboral innecesario”.

Tras esta sentencia, también van a exigir volver a sentarse a negociar un nuevo convenio colectivo, con respeto a la legalidad, a la representatividad sindical y al derecho a una negociación colectiva con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo del personal laboral “y poner fin a una etapa marcada por la imposición y el autoritarismo en las relaciones laborales”.