No quedará ni la fachada: el Gobierno del PP en Zaragoza derribará otro inmueble histórico, originario del siglo XVI
Las excavadoras ya han derribado casi por completo el edificio histórico de Estébanes 12-14, en pleno casco de Zaragoza. Solo queda en pie una fachada que también desaparecerá próximamente, según ha confirmado el Ayuntamiento. Bajo ella permanecían todavía elementos originales de un antiguo palacio tardogótico que, según un informe pericial encargado por Acción Pública para la Defensa del Patrimonio Aragonés (Apudepa), podían conservarse sin necesidad de una demolición integral.
Hace unos meses se desprendió parte de la fachada del inmueble, situado en una de las zonas más transitadas del centro histórico. Desde entonces, distintas voces vinculadas a la defensa del patrimonio han reclamado actuaciones para impedir el derrumbe de un edificio con más de 500 años de antigüedad y elementos arquitectónicos de gran valor histórico. El Ayuntamiento de Zaragoza se comprometió inicialmente a conservar la fachada, pero la demolición del inmueble ya es prácticamente total.
Se trata de una de las construcciones civiles más antiguas del casco histórico, con orígenes en el siglo XVI y una reforma en 1880 firmada por el arquitecto Antonio Miranda. El inmueble, catalogado como de Interés Arquitectónico B según el Plan General de Ordenación Urbana, conservaba elementos singulares como pilares de piedra con arcos góticos, vigas de madera originales y una escalera central que comunicaba sus cuatro plantas. “Estamos hablando de uno de los edificios civiles más antiguos de Zaragoza”, sostiene el arquitecto Alberto Sánchez, autor del informe pericial elaborado para Apudepa. “Que Zaragoza permita demoler un edificio de 500 años me parece un escándalo”.
“Actuaciones para favorecer la ruina”
El informe, firmado el pasado abril, sostiene que el inmueble conservaba “muy importantes elementos histórico-artísticos” susceptibles de recuperación y cuestiona que el deterioro del edificio respondiera únicamente al paso del tiempo. Según el documento, durante la visita realizada al inmueble el 25 de marzo de 2026 se detectaron “distintas actuaciones ejecutadas para facilitar su demolición”: “Lo que me encontré fue un edificio en el que se habían hecho actuaciones para favorecer la ruina”, explica Sánchez. “Había muchas vigas serradas con motosierra, carpinterías arrancadas y, como resultado de eso, el colapso de algunas plantas. Eso no lo provoca el agua ni es el deterioro normal de un edificio”, insiste. El peritaje describe además la demolición de entrevigados de yeso “por medios manuales conservando las vigas”, así como la retirada de falsos techos decorativos “sin apreciarse afectación alguna sobre las vigas”.
La situación del inmueble, sin embargo, venía arrastrándose desde hace años. La documentación municipal consultada por este medio muestra que ya en 2017 el Ayuntamiento había abierto expedientes por el mal estado del edificio, la acumulación de excrementos de palomas y la falta de conservación de la fachada. En un informe del Servicio de Inspección Urbanística de octubre de ese año se advertía de desconchones, pintadas, huecos abiertos y de la necesidad de acometer obras de limpieza y mantenimiento en un inmueble catalogado.
El inmueble pertenece a TON Desarrollos SL, sociedad vinculada al empresario aragonés Antonio Martínez Martínez, dedicado al sector inmobiliario. La documentación mercantil consultada por este medio refleja además distintas conexiones societarias posteriores entre empresas de Martínez y sociedades del entorno empresarial de Juan Forcén, consejero del Real Zaragoza, uno de los principales nombres del negocio inmobiliario zaragozano y una persona muy próxima al presidente aragonés, Jorge Azcón.
Entre ellas figura Martipan Aragón SL, inmobiliaria fundada y controlada por Martínez hasta 2018 y que posteriormente pasó a manos de sociedades vinculadas a Forcén, como Fuenclara SL y Gesplaza 14 SL. Esta última aparece además vinculada posteriormente a Tongest Desarrollos SL, otra de las sociedades inmobiliarias de Martínez. Las relaciones empresariales entre ambos entornos se remontan al menos a la década pasada y aparecen también vinculadas a operaciones inmobiliarias desarrolladas en Zaragoza en los últimos años. Mientras avanzan los trabajos de demolición en Estébanes, fuentes presentes en la obra han trasladado a este medio que el futuro proyecto para el solar contemplaría apartamentos turísticos, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente.
Pese al estado del inmueble, Sánchez sostiene que el edificio todavía conservaba una parte significativa de su valor patrimonial. El informe identifica tres pilares ochavados de traza tardogótica, restos de un arco lobulado, vigas originales del siglo XVI, carpinterías históricas, una caja de escaleras decimonónica y distintos elementos decorativos repartidos por el inmueble. “Hay elementos perfectamente conservables”, defiende el arquitecto. “Por la escalera subí hasta el último piso y, aunque estaba sucia, estaba perfecta. La parte baja no amenaza ruina”. A su juicio, el inmueble podía haberse estabilizado conservando la fachada, la caja de escaleras y el patio original del antiguo palacio. “No era necesario plantear una demolición completa”, sostiene.
En el informe pericial, el técnico llega a recomendar expresamente “evitar la situación de deterioro del edificio, conservar sus valores histórico-artísticos y garantizar la seguridad estructural y la protección de terceros”. Entre las medidas planteadas figuraban la retirada de escombros, un escaneado tridimensional del inmueble y la elaboración de un proyecto de rehabilitación integral que mantuviera “los elementos de mayor valor histórico-artístico arquitectónico”.
Sánchez lamenta además lo que considera una tendencia “recurrente” en Zaragoza respecto al patrimonio histórico. “En otras ciudades de España esto no pasaría. No sé por qué aquí tenemos esta capacidad de autodestruirnos”, afirma. El arquitecto compara el caso con otros derribos recientes de edificios históricos en Aragón y recuerda especialmente el del palacio de Baguena, en Teruel. “Hace cuatro años conseguimos parar el derribo publicando fotografías del edificio y aun así acabó tirándose. Me parece inaudito”.
El Ayuntamiento derribará también la fachada
El pasado noviembre Urbanismo declaró el estado de “ruina inminente” del edificio tras el desprendimiento de una medianera interior. El informe técnico municipal describía entonces una construcción “abandonada” y con “falta de conservación” desde hacía tiempo, con forjados hundidos, grietas, desplomes y estructuras de madera deterioradas. El documento concluía que procedía “estabilizar el edificio impidiendo su caída descontrolada y a continuación proceder a su demolición”.
El Ayuntamiento defiende que la actuación responde exclusivamente a motivos de seguridad. Fuentes de Urbanismo explican a este medio que el edificio tenía una catalogación de Interés Arquitectónico B, una protección que, sostienen, “decae cuando hay un riesgo para la seguridad”. Según detallan desde la Gerencia de Urbanismo, cuando comenzaron los trabajos existía “interés municipal” en preservar la fachada y determinados elementos interiores del inmueble, que habrían sido desmontados y almacenados. Sin embargo, aseguran que los tres arquitectos municipales, junto a los técnicos del Servicio de Inspección Urbanística y la propia Gerencia, concluyeron “de forma unánime” que no podía garantizarse la estabilidad de la fachada al avanzar el derribo hacia la parte delantera del edificio.
“Aunque hubiera voluntad de mantenerla en pie, no se puede garantizar la seguridad”, sostienen fuentes municipales, que subrayan además que el inmueble se encuentra en una de las zonas “más transitadas y turísticas” de Zaragoza. El Consistorio añade que el entorno permanece protegido desde el inicio de las obras mediante la instalación de un túnel metálico de seguridad.
Además, la Justicia rechazó paralizar el derribo del inmueble. El último Consejo de Gerencia de Urbanismo dio cuenta del auto firme del Tribunal de Instancia número 2 de Zaragoza que desestimó las medidas cautelares solicitadas por Apudepa contra la declaración municipal de ruina inminente del edificio. Ese diagnóstico es precisamente el que cuestiona el informe elaborado para Apudepa, que considera que todavía existía margen para conservar parte esencial del inmueble. “La fachada que vemos es una reforma del siglo XIX, pero debajo sigue estando la original”, sostiene Sánchez. “Un derribo así es muy agresivo y no sabemos siquiera todo lo que puede haber debajo”.
“Lo que me escandaliza es que se asuma que no pasa nada por tirar un edificio de 500 años”, concluye Sánchez. “Estamos perdiendo patrimonio histórico de una manera que dentro de unos años será irreparable”.