Una valla separa dos colegios de Zaragoza unidos desde hace 60 años e indigna a los padres: “Rompe con la convivencia”
Las familias de los colegios públicos CEIP Cesáreo Alierta y CEIP Doctor Azúa, en Zaragoza, han mostrado su indignación por la instalación de una valla divisoria entre ambos centros, unidos desde su construcción hace 60 años. El Departamento de Educación del Gobierno de Aragón justifica su actuación en criterios de seguridad y organización de accesos.
En sendos comunicados, las AMPAs de ambos centros expresan su oposición a la medida. Desde el AMPA del Cesáreo Alierta señalan su “rechazo absoluto a la decisión del equipo directivo del centro de instalar una valla divisoria entre el Alierta y el CEIP Doctor Azúa”, y subrayan “la importancia de continuar con la unidad física de los dos patios escolares”, que, según indican, contribuye a “aportar cercanía entre ambos centros y mejores relaciones en la comunidad educativa de la zona”. Fuentes de esta asociación critican que “el cole que se cae a trozos y no hay dinero, pero sí para poner vallas que separan en tiempos en los que hay que trabajar por la unión”.
Añaden que su objetivo es “continuar estando juntos con el fin de seguir tejiendo relaciones fructuosas para todos, tal y como llevamos haciendo durante más de sesenta años”, y cuestionan que se trate de una decisión adoptada sin haber sido trasladada previamente a las familias ni explicado su finalidad: “No lo vemos lógico”.
Desde el AMPA del Doctor Azúa, la comunidad educativa manifiesta su “rechazo absoluto” a la decisión de instalar la valla y señala que la medida “rompe con una convivencia histórica de más de 60 años”. En su comunicado alertan de que la separación de los patios tendría “graves consecuencias” para el alumnado.
Entre ellas, destacan el “riesgo para la seguridad y emergencias”, al señalar que la actual configuración permite que las puertas funcionen como salidas de emergencia y accesos para ambulancias, por lo que la valla “dejaría al Doctor Azúa sin estas vías críticas de evacuación”. También advierten de la “afectación a la conciliación familiar”, ya que “un número considerable de familias tienen hijos escolarizados simultáneamente en ambos centros”, así como del impacto en actividades compartidas fuera del horario lectivo.
Además, critican la “gestión de recursos”, al considerar “indignante que se destinen fondos públicos a una obra que genera división”, mientras —según apuntan— existen deficiencias estructurales en los centros. Los patios de ambos centros permanecen unidos desde su construcción en la década de los 60, una situación que las AMPAs defienden mantener.
Por su parte, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón enmarca la actuación en motivos de seguridad del alumnado y control de entradas y salidas, especialmente en el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales. Según indican fuentes del departamento, en el entorno se han registrado “algunos problemas” que han motivado la necesidad de reforzar estos controles. Fuentes del AMPA del Cesáreo Alierta niegan estas situaciones y aseguran que, en los dos años desde que hay aulas EBO “los niños no han ocasionado ningún incidente, al contrario”.