Un acusado afronta 22 años de cárcel por agresión sexual y amenazas a un menor con discapacidad en Gijón
Un hombre de 41 años afronta una petición de condena de 22 años de cárcel por un delito de agresión sexual a un menor de edad con discapacidad intelectual, grabar las imágenes y amenazar a la víctima con su difusión si no accedía a sus deseos.
La Fiscalía imputa al acusado el intento de agresión sexual sobre otro menor. El procesado, que compareció ayer ante el tribunal de la Audiencia Provincial de Asturias en un juicio a puerta cerrada, ha negado los hechos.
Intercambio de vídeos y fotografías
Los magistrados de la Sección Octava, con sede en Gijón, han dejado visto para sentencia la vista oral contra el acusado, de nacionalidad cubana, a quien la Fiscalía atribuye su autoria en un delito continuado de agresión sexual, un delito de elaboración de pornografía y un delito de coacciones.
La Fiscalía sostiene que el acusado contactó a principios del año 2021 con un menor, que en ese momento tenía 16 años, a través de una aplicación, a través de la cual se intercambiaron fotografías y vídeos de carácter sexual.
Las amenazas
En el verano de ese año, ambos se citaron en el domicilio del procesado y mantuvieron relaciones sexuales, a las que el menor accedió, si bien el Ministerio Fiscal reconoce que la discapacidad intelectual leve que padece le afecta a su capacidad de tomar decisiones, especialmente en situaciones de presión.
Tras esta primera relación, el menor comunicó al procesado que no quería mantener más encuentros íntimos con él y el acusado reaccionó “amenazándole con publicar en redes sociales las imágenes y vídeos que le había enviado anteriormente, asegurándole que también le enviaría el material a su madre”, expone la Fiscalía en su escrito de calificación.
Dos años de sufrimiento
Ante el temor de que el procesado cumpliera sus amenazas, el menor accedió a continuar manteniendo relaciones sexuales con él, situación que se prolongó hasta enero de 2023, si bien al representante de la acusación pública no le consta que el procesado haya difundido las imágenes íntimas del menor.
Por el contrario, sí hay pruebas de que el procesado tenía en su habitación una cámara con la que grabó las relaciones sexuales que mantuvo con el menor, sin conocimiento ni consentimiento de éste. Grabó al menos once vídeos, de los que no hay constancia de que se hayan distribuido a terceros.
La tentativa con otro menor
Por otro lado, el procesado contactó en enero de 2023, de nuevo a través de la misma aplicación, con otro menor, de 17 años, que según el relato fiscal también le envió fotos y vídeos sexuales y a quien el acusado le propuso igualmente mantener relaciones sexuales.
Sin embargo, en esta ocasión, la víctima se negó, a pesar de las amenazas que también recibió con difundir las imágenes. La Fiscalía cree que en su caso tampoco llegaron a difundirse.
La orden de alejamiento
En la vista oral, la Fiscalía solicitó para el acusado penas que suman 22 años de cárcel y que se distribuyen de la siguiente manera: 15 años de prisión por el delito continuado de agresión sexual, seis años por el delito de elaboración de pornografía y un año por el delito de coacciones.
A esta petición de penas de cárcel añade además la prohibición de acercarse a los menores, sus domicilios o centros de trabajo o estudios –aunque las víctimas no se encuentren en ellos- a menos de 200 metros, así como de comunicar con ellos por cualquier medio, todo ello durante 16 años en el caso del primer menor de edad y de 2 años en el caso del menor con el que intentó sin éxito mantener relaciones sexuales.
El Ministerio Fiscal solicita que, en caso de condena y cuando el procesado acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional, se le sustituya la pena privativa de libertad restante por la expulsión del territorio nacional durante 10 años
La libertad vigilada
Asimismo, reclama que el acusado cumpla una medida de libertad vigilada durante 10 años, su inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante 10 años y su inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión, oficio o actividades, sean o no retribuidos, que conlleven un contacto regular y directo con menores, durante un tiempo superior a 25 años.
El Ministerio Fiscal solicita que, en caso de condena y cuando el procesado acceda al tercer grado o se le conceda la libertad condicional, se le sustituya la pena privativa de libertad restante por la expulsión del territorio nacional durante 10 años.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía interesa que el procesado indemnice al primer menor con 10.000 euros y al segundo con 200.
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