Carpetazo a la rama asturiana de la operación Enredadera: la jueza respalda a la Fiscalía y sobresee la causa
Carpetazo judicial. Apenas 24 horas después de que la Fiscalía solicitara el sobreseimiento de las diligencias de investigación abiertas para delimitar las responsabilidades de la rama asturiana en la denominada operación 'Enredadera', la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, Simonet Quelle Coto, ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa y, por tanto, el archivo de las actuaciones.
La magistrada-jueza no ha apreciado “evidencias” de la comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de los investigados: el exjefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López, ni de un subinspector, ni de tres representantes de mercantiles.
Su decisión viene recogida en un auto dictado este mismo viernes, al que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, contra el que cabe interponer un recurso de reforma y subsidiario de apelación en un plazo de tres días.
Además de José Manuel López, han sido investigados en esta causa el subinspector José Fernando C.A., así como Óscar E.G., Miguel H.M. y Ángel Luis G.M. en nombre de las empresas.
Entre otras actividades, la Fiscalía sostenía inicialmente que habían tratado de influir en el contenido de los pliegos y en la valoración técnica de las ofertas para lograr la adjudicación de diversos contratos del Ayuntamiento de Oviedo relacionados con el tráfico y la Policía local en las áreas de modernización, comunicaciones y radiocomunicación en favor de las mercantiles.
Concretamente, el Ministerio Fiscal consideraba que el rol del subinspector José Fernando C.A. era el de intervenir en la redacción de los pliegos de condiciones a la medida de esas empresas.
Al exjefe de la Policía Local, José Manuel López, le atribuía un papel diferente, ya que entendía que utilizando su cargo podría favorecer la adjudicación de los contratos a esas mercantiles.
Por su parte, Óscar E. G., Miguel H.M. y Ángel Luis G.M. serían las personas que, según el Ministerio Público, actuarían por parte de las empresas como supuestas beneficiarias de las adjudicaciones.
El contenido de las escuchas telefónicas
La investigación contaba con las escuchas telefónicas acordadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, que había iniciado la macrooperación policial que salpicaba a 12 comunidades autónomas, entre ellas Asturias.
Entre otros 'pinchazos telefónicos', el juzgado analizó varias conversaciones mantenidas entre las personas investigadas entre los meses de marzo y diciembre de 2017 donde se habla de esos contratos.
El 3 de marzo de 2017 hubo una conversación telefónica entre Ángel Luis G.M. y el entonces jefe policial José Manuel López en la que el primero le reprocha el haber “dirigido” los pliegos hacia una tercera persona J.M.S. y el segundo le contesta que “eso no es así, que él no le va a fallar, que no le va a traicionar”.
Tres semanas después, los investigadores localizaron otra conversación entre Ángel Luis G.M. y el directivo de la mercantil Aplicaciones Gespol, Roberto L.G., en la que éste le comenta que J.M.S. pagó dinero “al poli” y que “lo tenía enganchado por los huevos”.
El 9 de mayo de 2017, una vez que ya se constató que el contrato de comunicaciones no se adjudicó a Gespol, Ángel Luis G.M. dice: “José Manuel ha hecho lo peor que puede hacer una persona que es morder la mano que te da de comer. Dos años pagando todo, pagando el palco, pagando todo y ahora me trata así. Voy a ir a por él, mañana llamo al concejal, Voy a pedir cita para el jueves”. Una conversación que también escucharon los investigadores.
Las intervenciones telefónicas continuaron dando pistas. En junio, hubo otra conversación en la que Ángel Luis G.M. le relata al directivo de Gespol una charla con José Manuel López: “Escúchame, presenta la técnica pero por el libro y la semana que viene te vienes conmigo a Oviedo y miramos la técnica toda preparada para que la revisen. La técnica la pasan cinco personas. No hay control sobre ellos (…). Ellos van a pasar la técnica por el libro y, si pasa la técnica, entonces pasa a dos personas, uno se llama Fernando y otra es una chica. Esto sí que están controlados por nosotros. Aunque sea la peor técnica, te van a poner la mejor”.
Los investigados llegan a alardear en alguna de las conversaciones de que los contratos estaban firmados antes de la adjudicación y de que habría mediado una suma de dinero
En la instrucción de esta operación Enredadera también salía a flote otra conversación, intervenida el 20 de noviembre, entre Ángel Luis G.M. y el directivo de la mercantil Aplicaciones Gespol, Roberto L.G. en la que comentan acerca del contrato de modernización y una posible reunión del primero con José Manuel López en Oviedo.
Uno de los últimos 'pinchazos' telefónicos se produjo el 11 de diciembre de 2017. Era la conversación que habían mantenido Ángel Luis G.M. y el exjefe de Bomberos del Ayuntamiento de Oviedo, José Manuel Torres Ruiz. En esta charla, el primero le mostraba su interés en ir a Oviedo a hablar con José Manuel López, y con el segundo en relación al concurso de la mercantil DMR.
La magistrada-jueza ha analizado de forma pormenorizada el contenido de estas conversaciones y de otras que también mantuvieron los investigados en las que se hace referencia a los contratos del Ayuntamiento de Oviedo.
No obstante, tras su análisis ha llegado a la conclusión de que únicamente se desprende la relación entre los investigados y las menciones a la posible intervención de José Manuel López para favorecer los intereses de Gespol Integración de Servicios Administrativos en la adjudicación por el Ayuntamiento de Oviedo en los contratos, “llegando a alardear en alguna de las conversaciones de que los contratos estaban firmados antes de la adjudicación y de que habría mediado una suma de dinero”.
En el auto recoge igualmente que se llevaron a cabo registros en el domicilio del entonces jefe policial, en los despachos del subinspector José Fernando C.A. y del propio José Manuel López y en el domicilio de la mercantil Integración de Servicios Administrativos S.L.
Ni dinero, ni bienes
La jueza instructora no aprecia en toda esta documentación la existencia de indicios de la comisión de los hechos: “No resultan otras evidencias que corroboren que los funcionarios públicos citados hayan participado en la elaboración de los pliegos de condiciones de tal forma que las condiciones favorecieran a las empresas citadas, ni que les hubiesen facilitado información sobre ellas antes de la publicación de los concursos, ni que hayan intervenido en la adjudicación de los contratos”, subraya Simonet Quelle Coto.
Además, resalta el hecho de que el contrato de comunicaciones no fue adjudicado a Gespol y recalca en el auto que tampoco resulta acreditado que hayan influido en los funcionarios que participaban en el procedimiento.
A su juicio, tampoco existen datos que permitan corroborar que hayan recibido de los otros investigados, dinero u otros bienes o prebendas para favorecer la adjudicación a las mercantiles.
La titular del juzgado instructor sigue así el mismo criterio expuesto en el escrito que le remitió ayer la Fiscalía donde hacía hincapié en que ya no era posible la prórroga del plazo de instrucción de las actuaciones ni, por consiguiente, la práctica de nuevas diligencias, por lo que interesaba el sobreseimiento provisional
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