El Consejo de Transparencia de Asturias pide una reforma legal para garantizar su autonomía

El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) del Principado de Asturias ha aprobado este viernes una propuesta de reforma legislativa para reforzar su autonomía y adaptar su regulación al sistema de protección de las personas informantes exigido por la Unión Europea y la legislación básica estatal.

A través de un comunicado, el Consejo ha informado de que en el pleno de la entidad celebrado hoy también se ha ratificado el anteproyecto presupuestario para 2027, dotado con 450.000 euros, y que contempla los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento efectivo.

En lo que respecta a la reforma de la Ley 8/2018, de 14 de septiembre, de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés del Principado de Asturias, ha acordado trasladar a los grupos parlamentarios de la Junta General una propuesta de modificación parcial.

Esta iniciativa, de acuerdo con el consejo, no plantea una revisión general de la legislación vigente, sino una modificación limitada a aquellos aspectos que requieren una actualización normativa para completar el marco institucional y funcional del mismo.

Entre sus principales objetivos figuran la ordenación del sistema externo de información y la protección de las personas informantes, la atribución al Consejo de las funciones de autoridad autonómica independiente en esta materia y una nueva distribución de funciones entre sus órganos.

El segundo acuerdo, adoptado igualmente por unanimidad, ha sido la aprobación del anteproyecto de presupuestos del Consejo para el ejercicio 2027, por un importe total de 450.000 euros.

De ese importe, 180.000 euros se destinarán a gastos corrientes de funcionamiento y 245.000 a inversiones vinculadas a la puesta en marcha del Consejo, mientras que los 25.000 euros restantes corresponden a operaciones financieras.

El anteproyecto aprobado no incorpora el capítulo correspondiente a los gastos de personal, cuya elaboración y cuantificación corresponde a la Dirección General competente en materia de función pública.

El Consejo ha destacado que, con ambas iniciativas, “da un nuevo paso” en su proceso de puesta en funcionamiento y consolidación institucional.

En la sesión han participado los miembros designados por el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, la Junta General del Principado de Asturias, la Federación Asturiana de Concejos, la Universidad de Oviedo y la Sindicatura de Cuentas.