El dueño de un club de alterne ingresará en prisión por tener a 13 trabajadoras sin dar de alta en la Seguridad Social

El propietario de un club de alterne, ubicado en Piedras Blancas, en el concejo asturiano de Castrillón, ha preferido pactar con la Fiscalía de Asturias por tener trabajando a 13 mujeres sin dar de alta en la Seguridad Social a arriesgarse a cumplir una condena más grave. El acusado ha llegado a un acuerdo este martes con la acusación pública por el que ha aceptado dos años y medio de cárcel, el pago de una multa de 2.160 euros, su inhabilitación para administrar empresas y sociedades durante tres años y la clausura del local durante el mismo período de tiempo.

El acuerdo se ha sellado esta mañana en la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo. El acusado, de 70 años, llegaba a la sede judicial a primera hora para comparecer ante los magistrados del tribunal de la Sección Segunda para responder de su presunta responsabilidad en un delito contra los derechos de los trabajadores. La Fiscalía pedía en sus conclusiones provisionales una pena de cinco años de cárcel y le aplicaba a este delito la circunstancia agravante de reincidencia.

Sin embargo, no fue necesario el desarrollo de la vista oral, ya que su defensa optó por alcanzar un acuerdo previamente al inicio de la sesión. De esta forma, el acusado admitía íntegramente el relato fiscal y, por tanto, su autoría en un delito de imposición de condiciones ilegales de trabajo.

Una inspección de madrugada

El acusado figura desde el 17 de febrero de 2017 como administrador único de la sociedad que explota el club de alterne, situado en Vegarrozadas. Hasta sus instalaciones se trasladaron, en la noche del 14 al 15 de marzo de 2019, agentes de la Policía Nacional adscritos a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Avilés junto a funcionarios de Empleo y Seguridad Social para hacer una inspección conjunta.

En ese momento, en el interior del club se encontraban trabajando 15 personas: 14 de ellas camareras de alterne y una camarera. La inspección constató que siete mujeres carecían de autorización administrativa para trabajar o de autorización de residencia y sólo dos de las trabajadoras estaban dadas de alta en la Seguridad Social.

Según los datos facilitados por la Fiscalía, el acuerdo alcanzado incluirá la suspensión de actividades y clausura del establecimiento durante tres años, así como el pago por parte del acusado de una indemnización a la Tesorería de la Seguridad Social en las cantidades que se dejaron de ingresar por no haber dado de alta a las trabajadoras en el régimen general de la Seguridad Social.

La Fiscalía ha solicitado que a estas cantidades se le sumen los intereses legales correspondientes y será la sociedad titular del club de alterne quien asumirá la responsabilidad civil subsidiaria.