“La vivienda no debe entenderse como un bien material, sino como un elemento clave para prevenir desigualdades sociales y mejorar la salud de la ciudadanía”. Así lo interpreta el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, de Izquierda Unida-Convocatoria por Asturias y socio del Gobierno socialista que preside Adrián Barbón, quien reconoce que esta novedad es pionera en nuestro país y ha despertado el interés de legisladores de otras comunidades autónomas.
Una convicción del consejero que no se limita a una declaración testimonial, sino que ha llevado a incorporar la salud al texto del proyecto de ley de vivienda que ha sido aprobado este miércoles en Consejo de Gobierno y será remitido de forma inminente a la Junta General del Principado para su tramitación.
Carácter pionero
Zapico ha resaltado que en este proyecto de ley se incluye la prohibición de venta de las viviendas públicas, se fija la vivienda como un derecho subjetivo e incorpora de forma expresa la salud “como uno de los principios rectores de estas políticas públicas”.
Zapico ha comparecido ante los medios de comunicación asturianos para presentar el contenido de este proyecto de ley acompañado del director general de Vivienda, Daniel Sánchez, y el jefe de Servicio de Régimen Legal de la Vivienda, José María González Gancedo.
Las personas, en el centro
En su intervención, el consejero ha subrayado que la novedad de incorporar la salud a esta ley “representa simbólicamente todo el cariño que hemos puesto a la hora de redactar este proyecto”.
El consejero ha subrayado que la ley refuerza el modelo asturiano de vivienda, que sitúa a las personas en el centro, concibe la vivienda como un derecho y rechaza su consideración como un mero objeto de negocio o especulación.
Las novedades
Entre sus principales avances, ha apuntado que la ley impide la venta de vivienda pública en Asturias, poniendo fin a décadas de descapitalización del parque público y ha recordado que cuando Asturias asumió las competencias en materia de vivienda en los años 80 del siglo pasado, el Principado contaba con cerca de 31.000 viviendas públicas, una cifra que se redujo a 9.600 en 2023.
“Esta ley frena esos procesos de pérdida de vivienda pública mientras esté en vigor”, ha ratificado.
Las previsiones
En este contexto, el consejero ha avanzado los objetivos de impulso de vivienda pública para lo que resta de legislatura, con la previsión de iniciar o promover mil nuevas viviendas, que se sumarán a las casi 600 que ya están en marcha, hasta alcanzar una cifra aproximada de 1.500 viviendas públicas en esta legislatura.
Asimismo, ha explicado que su departamento trabaja con una planificación a largo plazo, con el horizonte puesto en 2035, para alcanzar las 15.000 viviendas públicas.
“Sería una buena cifra llegar a 2035 con 15.000 viviendas; hace 40 años teníamos el doble y se vendió. Con esta ley evitamos que vuelva a ocurrir”, ha calculado el consejero.
Vivienda protegida
La norma también ordena todas las actuaciones públicas a través del Sistema Asturiano de Vivienda Protegida, define la vivienda como un derecho subjetivo con garantías y prestaciones asociadas, y establece una única tipología de vivienda protegida de régimen general, con carácter vitalicio, que no podrá pasar al mercado libre.
Zapico ha anunciado además que el nuevo precio del módulo de vivienda protegida, actualmente en negociación en el marco de la concertación social, entrará en vigor de forma simultánea a la ley, una vez sea aprobada por la Junta General y publicada en el Boletín Oficial del Principado.
Planificación para evitar bloqueos
En relación con la tramitación parlamentaria, el consejero ha defendido la necesidad de una Junta General centrada en su función legislativa y de control del Gobierno, y ha apelado así a la planificación para evitar bloqueos al final de la legislatura.
Zapico ha recordado que su consejería tiene actualmente seis proyectos de ley en distintas fases de tramitación, entre ellos la de bebidas energéticas, que ya se encuentra en fase de ponencia; la de vivienda, remitido este miércoles a la Junta General; la modificación de la de consumo, que se aprobará antes de finalizar el año; la de derechos LGTBI, ya en exposición pública; la de ordenación de territorio, la futura Loita, y la de participación, prevista para el próximo mes de enero.