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Antonio Baylos

Catedrático de Derecho del Trabajo y Director del Centro Europeo y Latinoamericano para el Diálogo Social (CELDS) de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dirige la Revista de Derecho Social. Entre sus publicaciones más recientes destacan Inmigración y derechos sindicales (Bomarzo, Albacete, 2009), Para qué sirve un sindicato. Instrucciones de uso, (Los Libros de la Catarata, Madrid, 2011), y con Joaquin Pérez Rey El despido o la violencia del poder privado (Trotta, Madrid, 2009). Ha coordinado el libro colectivo Políticas de austeridad y crisis en las relaciones laborales: la reforma del 2012 (Bomarzo, Albacete, 2012).

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Herir sensibilidades: sobre los Abogados de Atocha

El 24 de enero se cumplen cuarenta años del asesinato de los abogados laboralistas de la calle Atocha, y naturalmente se están acelerando los actos que rinden homenaje a aquellos luchadores por la libertad que murieron por defender los derechos de los trabajadores y que militaban en CCOO y en el PCE. La Fundación Abogados de Atocha otorgará su premio este año al pintor Juan Genovés, el pintor del cuadro emblemático de la reconciliación nacional – El abrazo- que constituyó el eje de la política del  PCE a partir de los años sesenta. Posteriormente, se celebrará un acto multitudinario el 15 de febrero, en el Teatro Monumental.

Los asesinos de los abogados de Atocha eran pistoleros y militantes fascistas de grupos de extrema derecha, pero detrás de ellos había fuerzas importantes que jamás fueron investigadas, ni en los cuerpos de seguridad del Estado ni en los poderes económicos más ligados al mantenimiento del franquismo – el llamado búnker – que contaba con decisivos consensos en el ejército y en la judicatura.

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La huelga no es un delito, sino un valor central de la democracia

La huelga es la expresión concreta del conflicto que enfrenta a los trabajadores con el sistema capitalista, no a los trabajadores y los empresarios como consecuencia de su ligamen contractual. Es un fenómeno de libertad. El huelguista se libera del trabajo explotado mediante el rechazo – temporal – del mismo. Es un hecho de subversión de la normalidad productiva que busca la alteración o el cambio de la situación anterior para obtener una mejor relación de fuerzas respecto de la tutela de los intereses de los trabajadores. El Estado democrático y social reconoce la huelga como un derecho fundamental de las personas que trabajan.

El derecho de huelga está actualmente bajo presión. En España, la huelga ha sido el único mecanismo al que el sindicato ha podido recurrir como defensa frente a la aplicación de las “reformas estructurales” puestas en marcha a partir de las políticas de austeridad. Las huelgas generales convocadas – tres entre 2012 y 2013, además de la huelga general de la enseñanza en 2013 – se han visto acompañadas de numerosos conflictos locales, y luchas de empresa que se han prolongado junto con la aplicación de las nuevas medidas desbaratadoras del empleo.

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La memoria histórica no acaba con la Guerra Civil

El reconocimiento de la memoria histórica y la necesidad de su recuperación cobra fuerza en España a partir del 2004 y se positiviza en la muy insuficiente Ley 52/2007, que con posterioridad ha sido prácticamente anulada por el gobierno del PP cortando cualquier ayuda pública a las asociaciones que realizan actividades de recuperación de la misma. Ha habido un importante esfuerzo por hacer visible el odio y la brutalidad de la represión de los sublevados contra la República, el inmenso dolor y sufrimiento infligido a millares de personas por su ideología o pertenencia de clase. Y se puede decir que este esfuerzo por restablecer una narrativa histórica negada por el discurso oficial ha resultado eficaz, especialmente en lo que se refiere a la guerra civil y a la intensa represión subsiguiente hasta 1945, incluida la ejercida contra la guerrilla y el maquis de esos años.

Sin embargo el franquismo continuó siendo un régimen represivo y autoritario hasta el final de sus días, y la transición a la democracia se acompañó de una fuerte violencia represiva. El golpe de estado en 1981 es la fecha de cierre de estos procesos. Sin embargo este largo período histórico no ha sido analizado ni examinado con la atención que se merece. De esta manera se ha podido localizar toda la violencia del régimen en los primeros años de su existencia, afirmando que a partir de los años cincuenta, se relajó el grado de coacción sobre la población civil y la opresión política y económica se “normalizaron” en un contexto no democrático ciertamente, pero más “permisivo”. Es el discurso que habla de “dictablanda” como forma de describir lo que sucedía.

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La reforma laboral y el Tribunal Constitucional

El Partido Popular ha hecho de la reforma laboral, desarrollada en fases sucesivas desde 2002 hasta su último hito normativo, el Real Decreto-Ley 16/2013, un elemento central de su modelo de política laboral y de gobernanza de lo social. Por eso le era muy importante garantizar que ese edificio normativo no fuera modificado ni puesto en cuestión. Ha abolido el diálogo social con los sindicatos como forma tosca de impedir cualquier negociación de los efectos de la reforma y se muestra extremadamente crítico ante los múltiples ejemplos de control judicial que mantiene ciertas garantías en el empleo de los trabajadores y de las trabajadoras contra los objetivos pretendidos por la norma.

Una preocupación importante en esta línea ha sido la de asegurar que la reforma no pudiera ser declarada inconstitucional en alguna de sus partes, como pretende un recurso de inconstitucionalidad presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) y aún no resuelto.

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