La memoria histórica no acaba con la Guerra Civil
El reconocimiento de la memoria histórica y la necesidad de su recuperación cobra fuerza en España a partir del 2004 y se positiviza en la muy insuficiente Ley 52/2007, que con posterioridad ha sido prácticamente anulada por el gobierno del PP cortando cualquier ayuda pública a las asociaciones que realizan actividades de recuperación de la misma. Ha habido un importante esfuerzo por hacer visible el odio y la brutalidad de la represión de los sublevados contra la República, el inmenso dolor y sufrimiento infligido a millares de personas por su ideología o pertenencia de clase. Y se puede decir que este esfuerzo por restablecer una narrativa histórica negada por el discurso oficial ha resultado eficaz, especialmente en lo que se refiere a la guerra civil y a la intensa represión subsiguiente hasta 1945, incluida la ejercida contra la guerrilla y el maquis de esos años.
Sin embargo el franquismo continuó siendo un régimen represivo y autoritario hasta el final de sus días, y la transición a la democracia se acompañó de una fuerte violencia represiva. El golpe de estado en 1981 es la fecha de cierre de estos procesos. Sin embargo este largo período histórico no ha sido analizado ni examinado con la atención que se merece. De esta manera se ha podido localizar toda la violencia del régimen en los primeros años de su existencia, afirmando que a partir de los años cincuenta, se relajó el grado de coacción sobre la población civil y la opresión política y económica se “normalizaron” en un contexto no democrático ciertamente, pero más “permisivo”. Es el discurso que habla de “dictablanda” como forma de describir lo que sucedía.
Nada más lejos de la realidad, y bastaría con mencionar la represión y las torturas de Asturias en 1962 o el fusilamiento de Julián Grimau para comprender que el franquismo tenía inscrito en su ADN esa violencia homicida que nunca le abandonó. A partir de 1969, tras el estado de excepción, esta característica se extendió y profundizó ante una resistencia ciudadana, política y social, cada día más amplia.
La historia de la represión franquista debe acompañarse de la recuperación de su memoria. El proyecto Punto Final. Memorias de la Transición (1968-1982) pretende documentar este espacio. Y lo hace justamente desde la recopilación de los testimonios de lucha y represión en torno a los movimientos sindicales, estudiantiles y vecinales con especial énfasis en las historias de vida de aquellos que sufrieron persecución, cárcel, exilio, torturas o muertes durante esta larga noche de piedra. El proyecto queda dividido en cinco capítulos que cubren la totalidad de la geografía del Estado. Hasta el momento se ha completado la grabación de entrevistas y escenarios en las áreas de a) Madrid, b) País Vasco y c) Zona Noroste: Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla-León. El ciclo se completará con las zonas d) Cataluña, Aragón y País Valenciá; y e) Zona Sur: Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha y Canarias. Dentro de ellas se cubre también el exilio.
Es un proyecto que persigue recobrar la historia a partir de la narración de las diversas historias de las personas que las vivieron y que permiten reconstruir y hacer visible no sólo el riesgo y el valor de éstas, su compromiso político y su capacidad de movilización, sino la terrible resistencia del franquismo a abandonar su espacio vital de impunidad y de coacción. En estos tiempos en donde se examina la transición política como una sucesión de movimientos gimnásticos calificados en su corrección por árbitros exigentes, es fundamental rescatar del olvido a muchos de los protagonistas de las luchas que forzaron la democracia, sacando del cono de sombra gentes y dinámicas sociales en un periodo decisivo, de 1969 a 1982, y exhibir públicamente la memoria colectiva de quienes lucharon en aquel tiempo pensando que era posible el socialismo y la libertad.
