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Carlos Sánchez Mato

Economista. Exconcejal Delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid (2015-2017). Responsable Políticas Económicas de Izquierda Unida. Coautor junto a Alberto Garzón del libro "919 días ¡sí se puede!".

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Cosas de comunistas

El pasado 12 de diciembre el Ayuntamiento de Madrid aprobó la compra por 55 millones de euros del edificio que alberga el servicio municipal de informática. Aunque los informes municipales atribuyen al inmueble un valor 10 millones inferior y por tanto la operación se habría formalizado un 22% por encima de este importe, el equipo de Gobierno actual considera que, si hubiera tenido que trasladar a todo el personal a otro lugar y hacer obras de reforma y adecuación en una nueva ubicación, el coste total de la operación sería superior a los 55 millones de euros del importe de la oferta de adquisición preferente hecha por la propietaria actual del edificio. La justificación que la Junta de Gobierno ha utilizado para realizar la adquisición es que supondrá un ahorro para el Ayuntamiento de más de 25 millones en los próximos 20 años y una rentabilidad media del 8,3 %.

Los datos que han anunciado, más allá del análisis detallado de la documentación asociada a esta operación, parecen señalar que Partido Popular y Ciudadanos han hecho una operación buena para los intereses de madrileñas y madrileños. Ahorrarse casi cuatro millones de euros de alquiler es algo positivo y rentable económicamente para la ciudad.

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Tiempo de descuento

Estamos jugando el partido más decisivo de nuestras vidas. Y pese a tener en la conciencia colectiva la mejor herramienta para hacer de este partido el medio de transformación social, perdemos por demasiados puntos. La repercusión del cambio climático en este tiempo de descuento no lo marcará ningún árbitro. Tampoco partimos de las mismas condiciones, ni hay reglas justas del juego.Y por eso es inevitable afrontar el conflicto.

En un lado están quienes pretenden perpetuar su negocio basado en el consumo ilimitado y la depredación de nuestro planeta, la alteración del metabolismo de la biosfera y el juego con nuestras condiciones de vida. En el otro estamos quienes buscamos un planeta sostenible, justo, socialmente comprometido, equitativo y construido colectivamente sin dejar a nadie en el camino.

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De balcones adentro

Llevamos una larga temporada escuchando hablar de "la España de los balcones", una imagen con la que Pablo Casado, Albert Rivera y sus amigos de VOX pretenden evocar los sentimientos patrios. La utilizan de manera recurrente, como si lo más importante fuesen los colores de las banderas que cada cual decide colgar o no de sus respectivas barandillas.

Desgraciadamente se quedan en la fachada, con esos golpes de efecto tan superficiales  a los que nos tienen acostumbrados. Y mientras tanto pasan muchas cosas de puertas y balcones adentro. Ocurre que hay familias que sufren los recortes en sanidad y en educación, que tienen familiares dependientes a su cargo, que temen una nueva subida de su alquiler o que encienden la calefacción con cuentagotas por la subida de la factura de la luz.

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Es tiempo de audacia

En 2014, una persona que militaba por aquel entonces en mi organización política, me dijo después de un debate en el que planteábamos qué proponer para las siguientes elecciones en la ciudad de Madrid: "Carlos, habrá que decirle a la gente que no tendremos opción de aplicar nuestro programa, que no podremos hacer prácticamente nada" . Yo solamente acerté a contestarle que no entendía entonces para qué nos íbamos a presentar a los comicios. La victoria de las elecciones municipales en muchas ciudades despertó muchas ilusiones, demostró que se podía derrotar a la derecha y conquistar la mayoría en el ámbito de la izquierda.

La clave del éxito fue apoyarse en la movilización, en la militancia y los activistas sociales y emplear unos métodos democráticos para la elaboración del programa y la elección de las candidaturas. Multitud de personas las sintieron como suyas y eso fue determinante para alcanzar gobiernos en lugares que parecían vedados. No solo nos presentamos, también conseguimos el gobierno bajo el paraguas de la confluencia Ahora Madrid y pusimos en marcha un programa que precisaba como elemento auxiliar indispensable la herramienta presupuestaria. Porque para hacer políticas públicas son indispensables voluntad y recursos. Y esa fue la senda que elegimos y que permitió un salto adelante histórico para la ciudad.

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Madrid Central: un buen primer paso hacia otro modelo de región

Mientras que el Ayuntamiento de Madrid ha decidido afrontar el grave problema de movilidad y contaminación que padecemos con el Plan A de Calidad del Aire, la Comunidad de Madrid ignora ambos problemas que afectan a toda nuestra región, judicializando además las medidas adoptadas.

La polémica generada en torno a las políticas de restricción de los vehículos más contaminantes tiene dos ejes fundamentales: que la derecha pretende perpetuar un modelo de movilidad y urbanismo tremendamente perjudicial para la salud, y que es imprescindible abordar un cambio radical de los mismos.

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Presupuestos de 2018: la herramienta de las élites para imponer su ideología

Desconfíen cuando se intenta sumergir en planteamientos técnicos y despojar de ideología algo tan aparentemente árido como los Presupuestos Generales del Estado. Nada hay más ideológico que la plasmación en las cuentas públicas de una posición política determinada. Al fin y al cabo los presupuestos determinan qué parte de la población y con qué intensidad va a verse beneficiada por las políticas públicas, cómo se va a repartir parte de la riqueza y la renta que generamos entre todos y todas, y cómo se va a definir e influir en las características del modelo productivo, social y ecológico de nuestro país.

Si algo queda claro con el Proyecto que se somete a tramitación por parte del gobierno del Partido Popular y sus aliados de Ciudadanos es la estrategia de la derecha: quieren un país en el que la importancia del estado social continúe menguando, en el que se mantengan tasas de paro muy superiores a la de nuestros vecinos, en el que la precariedad impregne, si cabe aún más, el mercado laboral afectando especialmente a mujeres y a jóvenes, en el que el nivel de desigualdad siga siendo de los más elevados de Europa, en el que los pensionistas se empobrezcan progresivamente, en el que el modelo productivo se caracterice por un bajo valor añadido y tecnológico, en el que el modelo energético siga anclado al siglo XX, en el que la vivienda sea un lujo y no un derecho, etc. Porque los presupuestos generales no los han diseñado para combatir los enormes desafíos económicos, sociales y ecológicos a los que nos enfrentamos, sino para cumplir reglas fiscales carentes de cualquier fundamento técnico que impone la Unión Europea y que han demostrado de manera evidente su inoperatividad para alcanzar los objetivos que le importan a la inmensa mayoría de la gente. Unas reglas carentes de todo sustento científico y técnico que están siendo utilizadas como excusa para deteriorar los servicios públicos y permitir más espacio de negocio a los agentes privados. No hay otra cosa que ideología detrás del disfraz de ciencia. Lo malo es que esa ideología va contra los intereses de la mayoría social. Los retos que debería abordar un presupuesto que se nos plantea al tiempo que el gobierno presume de “haber salido de la crisis” deberían pasar por abordar la realidad de los casi 4 millones de personas desempleadas, en el millón personas que viven en hogares sin ningún tipo de ingreso, en los casi 8 millones de personas que no llegan a final de mes, en la gente que tiene contratos basura. Tendría que mostrar con claridad para qué sirve la herramienta presupuestaria para la gente que sigue siendo desahuciada de sus viviendas o para los casi 13 millones de personas que viven en riesgo de pobreza.

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Que no nos den gato por liebre

Este 12 de abril en el Congreso de los Diputados se debatirá y someterá a votación un Real Decreto propuesto por el gobierno de Rajoy que amplía el margen de maniobra que tienen las corporaciones locales a la hora de utilizar su superávit. El ejecutivo quiere presentar este Real Decreto como una actuación de generosidad con respecto a los ayuntamientos pero la realidad es que no es otra cosa que la consecuencia de su derrota política: la enorme presión ejercida por los ayuntamientos -entre los que destaca el de Madrid- y también por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos- En Comú-En Marea, ha obligado al gobierno a dar un pequeño paso atrás en su perversa estrategia austericida consistente en asfixiar a las administraciones públicas todo lo posible. Ahora intentan disfrazar de generosidad lo que es en toda regla un revés político. Prueba de ello es que esta medida llega tarde y mal.

Llega tarde porque estamos ya a mitad de abril y las corporaciones locales han perdido más de tres preciados meses para poder iniciar los trámites necesarios para la aprobación de inversiones financieramente sostenibles. Es importante entender que esta figura económica requiere de unos procedimientos administrativos mucho más lentos y pesados que cualquier otro tipo de gasto o inversión pública, puesto que la administración pública que quiere hacer uso de ella debe primero estudiar la viabilidad económica de las inversiones desde unos criterios especiales y también debe lograr su aprobación en pleno. Unos trámites que no han podido llevarse a cabo durante todo este tiempo perdido y que comenzarán una vez se ha consumido casi la tercera parte del año. Demasiado tarde para lograr un uso óptimo de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Y la responsabilidad de provocar esta situación recae única y exclusivamente en el gobierno, pues no había ninguna necesidad de esperar tanto para habilitar el destino del superávit a través de las inversiones financieramente sostenibles. Podría haberlo hecho muchísimo antes, a través de cualquier decreto como va a ocurrir ahora, y concretamente desde el día en que sabía que los presupuestos se iban a prorrogar por la incapacidad política de este ejecutivo de lograr apoyos para aprobar unos nuevos. Pero decidió esperar, impidiendo así que los ayuntamientos tuvieran algo más de aire y de libertad para utilizar sus propios recursos. Esa estrategia política solo ha causado perjuicios a la ciudadanía. Ahora que la presión aumenta, han tenido que recular, pero se ha perdido un tiempo precioso en la implementación de políticas públicas.

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La Semana Santa de un “cristiano rojo”

En Jueves Santo, muchas mujeres y hombres de comunidades cristianas nos reunimos para rememorar la última cena de Jesús con sus colegas. Recordamos a un rebelde que lo compartía todo y que se rodeaba de gente de mal vivir, de esa gente a la que un padre normal no aconsejaría jamás acercarse. Un tipo que a veces sacaba el mal genio e incluso el látigo porque le dolía que se mercantilizase el templo y que los mercaderes precapitalistas lo convirtiesen en “una casa de ladrones”.  No quiero pensar qué haría ahora con una iglesia más cerca del poder y del dinero que del pueblo. Era un carpintero sencillo de Galilea en la Palestina del siglo I que anunció un mundo nuevo, sin ambiciones, sin discriminaciones, sin violencia, sin armas, sin guerras, sin hambre y que llamó a construir una sociedad igualitaria, justa, solidaria y fraterna. Alguien que solo vivía para aliviar el sufrimiento humano. Un “prenda”, vamos…

Recordamos que ese individuo, que sería tildado de sospechoso en la prensa y al que seguramente le amenazarían con querellas criminales, defendía que quien quisiera ser considerado el primero, debía arremangarse y ponerse al servicio de todas y todos. Por eso, esa noche, nos arrodillamos y lavamos los pies a los demás. No es un símbolo, debe ser nuestra forma de vivir.  

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No pretendamos que la historia cambie si siempre hacemos lo mismo

Se reanudan esta semana los trabajos de la Comisión de Investigación de la crisis bancaria con la comparecencia, entre otros, de Rodrigo Rato, Pedro Solbes, Elena Salgado o Julio Segura. Se trata de actores fundamentales con enorme responsabilidad en la quiebra del sector financiero que sigue suponiendo una sangría en términos de fondos públicos. Precisamente por eso, la intención ha sido la de obstaculizar la labor de quienes, como el grupo parlamentario Unidos Podemos, queremos esclarecer lo ocurrido.

Actitudes como la de cambiar el formato habitual de interrogatorio por turnos de discursos en la comparecencia del que fuera ministro de Economía, director gerente del FMI y presidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, no son más que un torpe intento de facilitar a uno de los protagonistas fundamentales de este episodio negro de la historia de este país. Se une este hecho a las maniobras coordinadas entre PP y PSOE para evitarle a Aznar, Zapatero, Núñez Feijoo y a los principales banqueros el engorroso trámite de explicarle a la gente cómo es posible que se hayan volatilizado ingentes cantidades de dinero de todas y todos para salvar a las élites, sin que se haya culpables. Dado que en esta legislatura no han podido bloquear la Comisión de Investigación como ya hicieron con la presentada por Izquierda Unida-Izquierda Plural en la X Legislatura en 2012 y que no pudo prosperar al sufrir el veto propiciado por la mayoría absoluta de la que entonces gozaba en el Congreso el Partido Popular, optan por poner palos en las ruedas para que cejemos en nuestro empeño de poner luz sobre esta iniquidad.

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Salir del limbo con una plusvalía justa

Hace ya siete largos meses que los ayuntamientos reclamamos que una reforma justa y negociada de la plusvalía, un impuesto que recaudan pero no regulan los municipios. Son los meses que han pasado desde que el  Tribunal Constitucional anuló aquellos artículos de la Ley de Haciendas Locales que someten a tributación situaciones en las que no se registraba aumento de valor de un terreno entre el momento en el que el titular lo adquirió y el momento de su venta.

Desde esa decisión judicial el pasado mes de mayo, los ayuntamientos se encuentran en una situación muy complicada: por un lado están viendo cómo los juzgados y tribunales están anulando la recaudación del impuesto (sin valorar, siquiera, si en cada caso existe o no incremento de valor). Y, por el otro, se ven obligados a paralizar las solicitudes, recursos y declaraciones de los ciudadanos en las que se invoca la inexistencia de incremento de valor.

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