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Carlos Sánchez Mato

Economista. Concejal de Vicálvaro y Latina por AhoraMadrid. Responsable Políticas Económicas de Izquierda Unida

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Presupuestos de 2018: la herramienta de las élites para imponer su ideología

Desconfíen cuando se intenta sumergir en planteamientos técnicos y despojar de ideología algo tan aparentemente árido como los Presupuestos Generales del Estado. Nada hay más ideológico que la plasmación en las cuentas públicas de una posición política determinada. Al fin y al cabo los presupuestos determinan qué parte de la población y con qué intensidad va a verse beneficiada por las políticas públicas, cómo se va a repartir parte de la riqueza y la renta que generamos entre todos y todas, y cómo se va a definir e influir en las características del modelo productivo, social y ecológico de nuestro país.

Si algo queda claro con el Proyecto que se somete a tramitación por parte del gobierno del Partido Popular y sus aliados de Ciudadanos es la estrategia de la derecha: quieren un país en el que la importancia del estado social continúe menguando, en el que se mantengan tasas de paro muy superiores a la de nuestros vecinos, en el que la precariedad impregne, si cabe aún más, el mercado laboral afectando especialmente a mujeres y a jóvenes, en el que el nivel de desigualdad siga siendo de los más elevados de Europa, en el que los pensionistas se empobrezcan progresivamente, en el que el modelo productivo se caracterice por un bajo valor añadido y tecnológico, en el que el modelo energético siga anclado al siglo XX, en el que la vivienda sea un lujo y no un derecho, etc. Porque los presupuestos generales no los han diseñado para combatir los enormes desafíos económicos, sociales y ecológicos a los que nos enfrentamos, sino para cumplir reglas fiscales carentes de cualquier fundamento técnico que impone la Unión Europea y que han demostrado de manera evidente su inoperatividad para alcanzar los objetivos que le importan a la inmensa mayoría de la gente. Unas reglas carentes de todo sustento científico y técnico que están siendo utilizadas como excusa para deteriorar los servicios públicos y permitir más espacio de negocio a los agentes privados. No hay otra cosa que ideología detrás del disfraz de ciencia. Lo malo es que esa ideología va contra los intereses de la mayoría social. Los retos que debería abordar un presupuesto que se nos plantea al tiempo que el gobierno presume de “haber salido de la crisis” deberían pasar por abordar la realidad de los casi 4 millones de personas desempleadas, en el millón personas que viven en hogares sin ningún tipo de ingreso, en los casi 8 millones de personas que no llegan a final de mes, en la gente que tiene contratos basura. Tendría que mostrar con claridad para qué sirve la herramienta presupuestaria para la gente que sigue siendo desahuciada de sus viviendas o para los casi 13 millones de personas que viven en riesgo de pobreza.

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Que no nos den gato por liebre

Este 12 de abril en el Congreso de los Diputados se debatirá y someterá a votación un Real Decreto propuesto por el gobierno de Rajoy que amplía el margen de maniobra que tienen las corporaciones locales a la hora de utilizar su superávit. El ejecutivo quiere presentar este Real Decreto como una actuación de generosidad con respecto a los ayuntamientos pero la realidad es que no es otra cosa que la consecuencia de su derrota política: la enorme presión ejercida por los ayuntamientos -entre los que destaca el de Madrid- y también por el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos- En Comú-En Marea, ha obligado al gobierno a dar un pequeño paso atrás en su perversa estrategia austericida consistente en asfixiar a las administraciones públicas todo lo posible. Ahora intentan disfrazar de generosidad lo que es en toda regla un revés político. Prueba de ello es que esta medida llega tarde y mal.

Llega tarde porque estamos ya a mitad de abril y las corporaciones locales han perdido más de tres preciados meses para poder iniciar los trámites necesarios para la aprobación de inversiones financieramente sostenibles. Es importante entender que esta figura económica requiere de unos procedimientos administrativos mucho más lentos y pesados que cualquier otro tipo de gasto o inversión pública, puesto que la administración pública que quiere hacer uso de ella debe primero estudiar la viabilidad económica de las inversiones desde unos criterios especiales y también debe lograr su aprobación en pleno. Unos trámites que no han podido llevarse a cabo durante todo este tiempo perdido y que comenzarán una vez se ha consumido casi la tercera parte del año. Demasiado tarde para lograr un uso óptimo de los recursos públicos en beneficio de la ciudadanía. Y la responsabilidad de provocar esta situación recae única y exclusivamente en el gobierno, pues no había ninguna necesidad de esperar tanto para habilitar el destino del superávit a través de las inversiones financieramente sostenibles. Podría haberlo hecho muchísimo antes, a través de cualquier decreto como va a ocurrir ahora, y concretamente desde el día en que sabía que los presupuestos se iban a prorrogar por la incapacidad política de este ejecutivo de lograr apoyos para aprobar unos nuevos. Pero decidió esperar, impidiendo así que los ayuntamientos tuvieran algo más de aire y de libertad para utilizar sus propios recursos. Esa estrategia política solo ha causado perjuicios a la ciudadanía. Ahora que la presión aumenta, han tenido que recular, pero se ha perdido un tiempo precioso en la implementación de políticas públicas.

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La Semana Santa de un “cristiano rojo”

En Jueves Santo, muchas mujeres y hombres de comunidades cristianas nos reunimos para rememorar la última cena de Jesús con sus colegas. Recordamos a un rebelde que lo compartía todo y que se rodeaba de gente de mal vivir, de esa gente a la que un padre normal no aconsejaría jamás acercarse. Un tipo que a veces sacaba el mal genio e incluso el látigo porque le dolía que se mercantilizase el templo y que los mercaderes precapitalistas lo convirtiesen en “una casa de ladrones”.  No quiero pensar qué haría ahora con una iglesia más cerca del poder y del dinero que del pueblo. Era un carpintero sencillo de Galilea en la Palestina del siglo I que anunció un mundo nuevo, sin ambiciones, sin discriminaciones, sin violencia, sin armas, sin guerras, sin hambre y que llamó a construir una sociedad igualitaria, justa, solidaria y fraterna. Alguien que solo vivía para aliviar el sufrimiento humano. Un “prenda”, vamos…

Recordamos que ese individuo, que sería tildado de sospechoso en la prensa y al que seguramente le amenazarían con querellas criminales, defendía que quien quisiera ser considerado el primero, debía arremangarse y ponerse al servicio de todas y todos. Por eso, esa noche, nos arrodillamos y lavamos los pies a los demás. No es un símbolo, debe ser nuestra forma de vivir.  

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No pretendamos que la historia cambie si siempre hacemos lo mismo

Se reanudan esta semana los trabajos de la Comisión de Investigación de la crisis bancaria con la comparecencia, entre otros, de Rodrigo Rato, Pedro Solbes, Elena Salgado o Julio Segura. Se trata de actores fundamentales con enorme responsabilidad en la quiebra del sector financiero que sigue suponiendo una sangría en términos de fondos públicos. Precisamente por eso, la intención ha sido la de obstaculizar la labor de quienes, como el grupo parlamentario Unidos Podemos, queremos esclarecer lo ocurrido.

Actitudes como la de cambiar el formato habitual de interrogatorio por turnos de discursos en la comparecencia del que fuera ministro de Economía, director gerente del FMI y presidente de Caja Madrid y Bankia, Rodrigo Rato, no son más que un torpe intento de facilitar a uno de los protagonistas fundamentales de este episodio negro de la historia de este país. Se une este hecho a las maniobras coordinadas entre PP y PSOE para evitarle a Aznar, Zapatero, Núñez Feijoo y a los principales banqueros el engorroso trámite de explicarle a la gente cómo es posible que se hayan volatilizado ingentes cantidades de dinero de todas y todos para salvar a las élites, sin que se haya culpables. Dado que en esta legislatura no han podido bloquear la Comisión de Investigación como ya hicieron con la presentada por Izquierda Unida-Izquierda Plural en la X Legislatura en 2012 y que no pudo prosperar al sufrir el veto propiciado por la mayoría absoluta de la que entonces gozaba en el Congreso el Partido Popular, optan por poner palos en las ruedas para que cejemos en nuestro empeño de poner luz sobre esta iniquidad.

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Salir del limbo con una plusvalía justa

Hace ya siete largos meses que los ayuntamientos reclamamos que una reforma justa y negociada de la plusvalía, un impuesto que recaudan pero no regulan los municipios. Son los meses que han pasado desde que el  Tribunal Constitucional anuló aquellos artículos de la Ley de Haciendas Locales que someten a tributación situaciones en las que no se registraba aumento de valor de un terreno entre el momento en el que el titular lo adquirió y el momento de su venta.

Desde esa decisión judicial el pasado mes de mayo, los ayuntamientos se encuentran en una situación muy complicada: por un lado están viendo cómo los juzgados y tribunales están anulando la recaudación del impuesto (sin valorar, siquiera, si en cada caso existe o no incremento de valor). Y, por el otro, se ven obligados a paralizar las solicitudes, recursos y declaraciones de los ciudadanos en las que se invoca la inexistencia de incremento de valor.

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Culpas, lágrimas y humildad

El pasado domingo, tres días después del tristísimo atentado de Barcelona, el párroco Santiago Martín empleó el púlpito de una iglesia madrileña para referirse a lo sucedido. "No puede ser que solamente estemos rezando" y "menos lágrimas y más hacer cosas" esgrimió el párroco durante una homilía en la que arremetió c ontra la alcaldesa de Barcelona Ada Colau y ya de paso contra la de Madrid, Manuela Carmena.

Ada, se atrevió a asegurar el sacerdote, tiene "una parte de culpa" del atentado terrorista de Las Ramblas por no haber instalado unos bolardos. Manuela tampoco está velando por la seguridad, como concluyó Santiago Martín dándose una vuelta por la Plaza Mayor.

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Presupuestos de 2017: Oportunidad perdida

Mentiríamos si dijéramos que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado aprobado por el Consejo de Ministros nos ha decepcionado. Lo sorprendente hubiera sido que las cuentas públicas presentadas respondieran a las necesidades de la mayoría social. Porque esa es la mayor crítica que le podemos hacer al Partido Popular y a sus aliados: que han vuelto a realizar un ejercicio de trilerismo político y presupuestario para que todo siga igual.

La liquidación de 2016 ha permitido al Gobierno sacar pecho de cerrar con un déficit del 4,33% del Producto Interior Bruto, holgadamente por debajo del 4,6% fijado por la UE como tope máximo. Poco debería presumir ya que este cumplimiento se debe más a que Bruselas ha reducido el límite (originalmente estaba en un 2,8%) que a la reducción misma del déficit, que ha sido muy moderada. De hecho, sin la contribución de las corporaciones locales que han registrado el superávit más alto de la historia (0,64% del PIB), el fracaso en su única meta hubiera sido total. Para completar el análisis, hay que resaltar que no se incluye en el cálculo las ayudas al sector financiero.

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El rescate que no iba a costar ni un euro

El pasado 11 de enero, el grupo parlamentario confederal Unidos Podemos-En Comú Podem- En Marea y el Grupo Mixto presentó en el Registro del Congreso la solicitud de una Comisión de Investigación sobre las posibles responsabilidades derivadas de la actuación y gestión de las entidades bancarias durante la crisis financiera.

A nadie se le escapa que han pasado cosas muy graves desde el año 2007 y que en la pasada legislatura, a pesar de múltiples intentos realizados por el grupo parlamentario de Izquierda Unida, el Partido Popular bloqueó la celebración de Comisiones de Investigación. De hecho, el Gobierno de Rajoy ostenta el dudoso honor de no haber tenido ninguna en un escenario político plagado de escándalos de corrupción que han indignado a la mayoría social de este país.

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Parar al PP, también en la contratación pública

Cuando las administraciones públicas compran bienes y servicios inciden de manera decisiva en la orientación de la economía. El contrato municipal de la luz en Barcelona, que se está resolviendo estos días, es un buen ejemplo de ello. No es lo mismo incluir cláusulas que obliguen a las empresas adjudicatarias a evitar cortes de suministros que no hacerlo. No es lo mismo dividir los contratos en lotes para abrir espacio a las pequeñas y medianas empresas o a las cooperativas, que favorecer a los oligopolios energéticos de siempre.

En diciembre del año pasado, representantes municipales y organizaciones sociales y ecologistas suscribimos la llamada Declaración de Málaga. En ella sosteníamos que la contratación pública debía ser un instrumento de transformación socioeconómica. Y que para eso era necesario superar algunas prácticas dominantes en los últimos años.

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Unámonos contra la Ley Montoro

La “reforma express” del artículo 135 de la Constitución Española abrió el camino a una serie de normas que constriñen cruelmente la capacidad de acción de las administraciones públicas, sobre todo, las más cercanas a la ciudadanía como son los ayuntamientos. A través de este acuerdo político entre PP y PSOE se introdujo una regla fiscal que limitaba el déficit público y priorizaba el pago de la deuda. A partir de esta abrupta modificación del principio constitucional se redactó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las tres reglas fiscales que han sido convertidas en “sagradas” son: la no superación de un tope de déficit público, la no superación de un tope de deuda, y el respeto a la Regla de Gasto. Este último, es el más inexplicable de todos en términos de la lógica del interés general, ya que impide -a pesar de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a realizar nuevas inversiones, sino que ha de utilizarse para amortizar deuda de manera anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. Es decir, aunque el ayuntamiento esté cumpliendo puntualmente los plazos de amortización de deuda, deberá seguir adelantando el pago con el superávit generado. En la Ley quedó estipulado que en el momento en el que se quebrante alguna de las tres normas la administración correspondiente quedaría obligada a elaborar un Plan Económico Financiero (PEF), que no pretende ser otra cosa que comprometerse a volver al redil de cumplimiento de los preceptos fiscales convencionales.

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