A mí también me pidió suelo público Gil Marín

El alcalde de Madrid ha anunciado durante el debate sobre el estado de la ciudad un acuerdo con el Atlético de Madrid para que el club construya su nueva ciudad deportiva al lado del estadio Metropolitano. Hacía falta un acuerdo porque será sobre tres parcelas públicas cedidas durante 75 años por el Ayuntamiento de Madrid. Más de 200.000 metros cuadrados en los que el Atlético de Madrid erigirá un nuevo estadio de entre 6.000 y 8.000 espectadores, campos de entrenamiento para sus equipos, 25 pistas de pádel, un rocódromo, un espacio para la enseñanza y práctica del surf, una zona para la práctica de skating y jumping. Además, en esos terrenos públicos se construirán equipamientos comerciales y hoteleros, aunque el uso de los mismos sea dotacional deportivo singular. Pequeñas bobadas urbanísticas que Almeida soluciona sin despeinarse indicando que esas actuaciones son solo complementos a lo deportivo.

Parece que la ciudad de Madrid volverá a sufrir un timo como en el caso de la compra de las mascarillas por parte de los colegas de Almeida. 

Porque ceder esos 200.000 metros cuadrados públicos a una sociedad anónima deportiva privada para que esta haga negocio es una golfería, otra más, a apuntar en la corrupta hoja de servicios del PP de Madrid.

Antes de que alguien se ponga nervioso diciendo que no es una cesión gratuita, ya les adelanto que hasta ahí podríamos llegar... Si el alcalde hubiera cedido a cambio de nada el equivalente a 20 campos de fútbol, hasta el juez García Castellón habría tenido que investigarle por vulnerar la ley. Por supuesto que, a cambio, el Atlético de Madrid tendrá que construir dos ramales de salida de la M40 al barrio de Rejas y varios campos de fútbol municipales en otras dos parcelas anexas, además de pistas de pádel y tenis. 

Sin embargo, esto no minora la tropelía. 

¿Hacían falta los ramales de salida de la M40? ¿Necesitaba el distrito de San Blas-Canillejas equipamientos deportivos municipales?

Claro que sí.

Lo que debía haber hecho el gobierno de PP y Ciudadanos era realizar estas actuaciones con recursos económicos propios en vez de ceder el patrimonio público para que una entidad privada haga negocio con él. Más todavía siendo el club por el que Almeida bebe los vientos.

Esta idea, la de aprovecharse del terreno público alrededor del estadio Metropolitano, no es nueva. 

Como contaba yo esta semana en redes sociales, a mí también me pidió suelo público Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado y accionista del Atlético de Madrid, cuando yo era Delegado de Economía y Hacienda y responsable del patrimonio público de la ciudad de Madrid.

Ya le dije entonces que yo mis cosas las puedo ceder o regalar a quien quiera. Las que son de los madrileños y las madrileñas, no.

Tal y como contamos junto a Eduardo Garzón en “919 días, sí se podía”, era lógico que el Atleti quisiera más terreno público porque en el año 2008 el gobierno de Gallardón le había vendido el Estadio de la Peineta para poder abandonar la ribera del Manzanares. Pero toda la operación fue escandalosa. El suelo del estadio solo podía estar destinado, acorde al Plan General de Urbanismo, a dotaciones deportivas públicas destinadas a la vecindad. Dada esta limitación, el Ayuntamiento firmó ese año un convenio con el Club por el cual se comprometía a modificar el planeamiento urbano para que pudiera enajenarse, y mientras tanto ello no ocurriese, se permitía que el Atlético de Madrid pudiera usar el estadio. Eso sí, el convenio mantenía la posibilidad de que el Ayuntamiento usara esta instalación para la celebración de unos hipotéticos y futuros Juegos Olímpicos en caso de que tuvieran lugar. Se trataba de un acuerdo extremadamente beneficioso para el club: pasaba a ser propietario del estadio sin pagar ni un solo euro. Se acordó que el Atlético pagaría al Ayuntamiento únicamente con entradas al estadio en partidos de Liga y de Copa del Rey, y también con la cesión de una base para el SAMUR. Como bien se sabe, en el año 2013 la Alcaldesa Ana Botella abandonó la presentación de la candidatura olímpica de Madrid a los Juegos Olímpicos 2024 tras tres intentos fallidos de obtener la candidatura y cientos de millones de euros despilfarrados.

Cuando Ahora Madrid llegó al gobierno, el Ayuntamiento todavía no había modificado el destino del suelo del estadio, aunque sí le había dado al Club más de 50.000 metros cuadrados más sin haber actualizado el valor de la parcela.

Nos encontramos con un desastre urbanístico y con un convenio que favorecía al Club Atlético de Madrid que también tenía una situación de debilidad ya que había invertido casi 200 millones de euros en obras para remodelar un estadio construido sobre una parcela que no era suya y con todos los deberes por hacer (modificar el Plan para que la parcela pueda ser vendida al Club, efectuar una nueva valoración de la parcela con arreglo a la nueva edificabilidad, habilitar los accesos a la parcela, habilitar una línea de metro…).

Toda la operación estaba plagada de irregularidades, pero había algo que se llevaba la palma hasta incluso llegar a vulnerar la ley: usar entradas (papelitos) como fórmula de pago del estadio. En el convenio firmado por Gallardón se estableció que el club pagaría una parte del precio con entradas para asistir a partidos de fútbol. No hace falta ser un experto gestor para darse cuenta de que esto suponía una tropelía: recursos públicos utilizándose para comprar entradas que luego solo utilizarían los amigos del gobierno del Partido Popular. Un escándalo que además estaba prohibido por todas las leyes de régimen local, presupuestario y urbanístico: los ingresos por una venta de un inmueble no se pueden dedicar a gastos corrientes como las entradas. De hecho, incluso el propio convenio limitaba el valor de las entradas usadas como forma de pago a los 320.000 euros y, sin embargo, el club deportivo entregó entradas por valor de más de 6 millones de euros, un 14% del importe total de la compraventa, a lo largo de los años de gobierno de Gallardón y Botella. Los gobiernos del Partido Popular sabían que era ilegal pagar las facturas de todas esas entradas, así que contablemente utilizaron la castiza fórmula de “guardar el gasto en un cajón” ya que mientras no reconocieran oficialmente la obligación de pago, el escándalo no vería la luz.

Lo fácil hubiera sido renovar un convenio lesivo en idénticas condiciones a las que estaba redactado el inicial, pero eso era, entre otras cosas, incurrir en ayudas de estado ilegales a un club deportivo y en actuación negligente con el patrimonio público y por ese motivo nos negamos a llevar adelante ese acuerdo y tras numerosas y complicadas negociaciones, logramos que se modificase sustancialmente. El resultado del nuevo acuerdo resolvió los elementos más lesivos para el patrimonio municipal estableciendo que el club de fútbol tendría que pagar al Ayuntamiento 30 millones de euros, pagar la construcción de los accesos al estadio (valorados en 29 millones) y pagar los aparcamientos a los que obliga la ley (6 millones), que luego serían de propiedad pública. Se suprimió el pago en entradas y en cesión de espacios. El Ayuntamiento se enfrentaba a una indemnización de 250 millones de euros si no alcanzaba un acuerdo. No fue el convenio ideal, pero al menos logramos ahorrar al erario público un total de 65 millones de euros mejorando notablemente un acuerdo que era extraordinariamente lesivo para el Ayuntamiento de Madrid y que solo beneficiaba al Atlético de Madrid y a las empresas constructoras de los accesos al estadio. 

Ojalá esa pauta, la de velar por los intereses generales y no por los de una sociedad anónima, aunque sea deportiva, se hubiese mantenido. Pero vuelve a gobernar el PP y regresan las ayudas públicas para que hagan negocio entidades privadas. 

También el Real Madrid

Claro que no ha sido solamente el Atlético de Madrid el beneficiado. Lógicamente el Real Madrid se ha llevado la palma en estos años en cuanto a favores prestados desde el erario público.

Primero fue aquello de la recalificación de su antigua ciudad deportiva en la que se construyeron hace veinte años los cuatro rascacielos en la Castellana gracias a la venta de esos terrenos de la Castellana expropiados durante el franquismo con una edificabilidad seis veces superior a la existente en ese barrio. Más de 500 millones de plusvalías gracias a la acción pública. A eso le ha seguido una concatenación de permutas de parcelas posteriormente que se pueden resumir fácilmente. Madrid perdió dinero y el Real Madrid lo ganó. Hasta la Comisión Europea dictaminó en 2016 que se había concedido ilegalmente una ventaja al club que tenía la consideración de ayuda estatal al Real Madrid y que era obligatorio que se recuperasen 18,4 millones de euros más los intereses desde que se realizó el convenio hasta la recuperación de la ayuda ilegal. Posteriormente el Tribunal General de la UE anuló esa multa indicando que no se había justificado suficientemente el desequilibrio en la valoración de las parcelas. 

Las ventajas al Real Madrid no han acabado. En los alrededores del Santiago Bernabéu quieren construir dos grandes aparcamientos públicos de gestión privada que el Real Madrid quiere explotar. Tres décadas de concesión para que el club gane más de 120 millones en la operación, descontada la inversión. 

Quítense el forofismo que puedan ustedes tener para analizar estas gestiones con el patrimonio de todas y todos. No hay razón o excusa posible para justificar que no se optimicen los recursos públicos. Las necesidades de equipamiento municipal deben ser abordadas por las administraciones de forma directa y no subcontratando su acción a entidades privadas que, lógicamente, harán negocio a costa del presupuesto y el dinero municipal.

Seas del equipo que seas, estas tropelías también hacen daño a tu bolsillo.

Yo soy del atleti. Lo era también cuando le dije a Gil Marín que el Atlético de Madrid iba a pagar por el estadio y no con “papelitos”.