Cosas de comunistas

El pasado 12 de diciembre el Ayuntamiento de Madrid aprobó la compra por 55 millones de euros del edificio que alberga el servicio municipal de informática. Aunque los informes municipales atribuyen al inmueble un valor 10 millones inferior y por tanto la operación se habría formalizado un 22% por encima de este importe, el equipo de Gobierno actual considera que, si hubiera tenido que trasladar a todo el personal a otro lugar y hacer obras de reforma y adecuación en una nueva ubicación, el coste total de la operación sería superior a los 55 millones de euros del importe de la oferta de adquisición preferente hecha por la propietaria actual del edificio. La justificación que la Junta de Gobierno ha utilizado para realizar la adquisición es que supondrá un ahorro para el Ayuntamiento de más de 25 millones en los próximos 20 años y una rentabilidad media del 8,3 %.

Los datos que han anunciado, más allá del análisis detallado de la documentación asociada a esta operación, parecen señalar que Partido Popular y Ciudadanos han hecho una operación buena para los intereses de madrileñas y madrileños. Ahorrarse casi cuatro millones de euros de alquiler es algo positivo y rentable económicamente para la ciudad.

Pero no puede ser.

No tiene lógica alguna que el Partido Popular y Ciudadanos consideren que esta es “una gran operación para Madrid” porque hace tres años, solamente tres años, organizaron toda una cacería política con apoyo mediático para denunciar algo que seguramente lectoras y lectores recordaréis.

El equipo de gobierno de Ahora Madrid y el Área de Gobierno de Economía y Hacienda que en ese momento yo presidía, nos encontramos con el resultado de las políticas de la derecha en nuestra ciudad llevadas a cabo por Ruiz Gallardón. Para reducir el ritmo de crecimiento de la deuda y obtener ingresos fácil y rápidamente, vendió edificios municipales a empresas privadas. Sin embargo, como el Ayuntamiento necesitaba la mayoría de todos esos edificios para prestar sus servicios, en repetidas ocasiones y después de cada venta, el gobierno firmaba inmediatamente un contrato de arrendamiento con su nuevo dueño por el que se comprometía a pagar una renta mensual a cambio de seguir usándolos. En el año 2003 el Ayuntamiento de Madrid tenía suscritos 30 contratos de arrendamiento que suponían un coste anual para las arcas públicas de algo más de 6 millones de euros. Pues bien, solamente seis años más tarde el número de contratos firmados había llegado a los 85 y el coste superaba los 55 millones cada año, es decir, multiplicaron por 9 el coste anual de los alquileres para el consistorio. No era más que una estrategia suicida el deshacerse del patrimonio público y alquilar edificios a elevados precios. No era más que pan para hoy, y hambre para mañana.

Eso sí, para quien sí resultaba una estrategia verdaderamente provechosa era para quienes compraban los inmuebles municipales y luego se los alquilaban al Ayuntamiento a elevadísimos precios. Caso paradigmático fue el de un inmueble municipal situado en Calle Alcalá, 45, precisamente el edificio en el que se ubica el Área de Economía y Hacienda. El gobierno de Gallardón lo vendió en 2004 a una empresa privada e inmediatamente después firmó un contrato de alquiler con esa empresa para seguir utilizando el inmueble. El precio del alquiler pactado (28,37 euros por metro cuadrado) fue muy superior al de mercado (16,6 euros), un 71% más, lo que se traducía en que el Ayuntamiento comenzó a pagar 18.293 euros diarios por arrendar algo que antes era de su propiedad. El contrato se blindó hasta 2019, asegurando así que la empresa privada ganara con el alquiler 100,7 millones de euros.

El precontrato entre el Ayuntamiento de Madrid y la entidad Testa Inmuebles se firmó entre Juan Bravo, concejal de Hacienda y D. Pedro Gamero del Castillo y Bayo, hijo de uno de los primeros ministros de Franco, protegido de Serrano Suñer y defensor de las posturas más filonazis durante la Segunda Guerra Mundial siendo uno de los anfitriones de Himmler durante la visita de este a Madrid. Su hijo y heredero es quien firma este contrato. Daría para hablar bastante este hecho de cómo la oligarquía franquista ha sido directamente heredera de la actual, pero lo dejaremos en un detalle histórico que dice bastante de cómo se han consolidado ciertas fortunas en nuestro país tras la “modélica transición”.

A nadie se le puede escapar que era un negocio redondo para la empresa y una ruina para el Ayuntamiento. Que la empresa agraciada fuera Testa Inmobiliaria, filial patrimonial de Sacyr Vallehermoso, cuyo máximo responsable Luis del Rivero aparece como donante del Partido Popular en la contabilidad B de un tal Luis Bárcenas, es para algunos ingenuos, una casualidad. Para quienes hemos visto que la dilapidación del dinero público para beneficiar a unos pocos suele ir acompañada de financiación ilegal del Partido Popular y de enriquecimiento personal de quienes adoptan esas decisiones, las casualidades no existen.

La estrategia que adoptamos desde el gobierno de Ahora Madrid fue acabar con todos los contratos de arrendamientos en los que fuese posible hacerlo sin mucho coste (muchos tenían cláusulas que encarecían notablemente la finalización del contrato) y renegociar las condiciones en los que no fuese posible. El objetivo último era ahorrar dinero y también recuperar para el patrimonio público inmuebles estratégicos. No era necesario recomprar todos los edificios ocupados en alquiler porque el Ayuntamiento de Madrid tenía otros muchos inmuebles vacíos y sin uso, de forma que se podían reorganizar los equipamientos y recursos para aprovechar al máximo su utilización sin necesidad de comprar nuevos edificios. El plan de reducción de alquileres permitió ahorrar en el anterior mandato el 65% del importe abonado por el Partido Popular entre 2011 y 2014. No parece mala estrategia destinar esos fondos a necesidades sociales en vez de a retribuir a los propietarios de los inmuebles.

Y por eso, en diciembre de 2016, recompramos el edificio y lo hicimos adquiriéndolo más barato que el precio por el que fue vendido por el PP. Si actualizamos el valor de venta de Alcalá 45 en 2004 con el IPC tendríamos que haber abonado por el edificio 124 millones de euros y si hubiéramos utilizado el indicador sectorial de vivienda e inmuebles, el valor sería de 144 millones de euros.

Lo adquirimos por 104 millones de euros. Ahorramos 22 millones en alquileres hasta 2019 y la rentabilidad económico financiera de la operación superaba el 8,33% sin incluir los costes de traslado a unas nuevas instalaciones que habría que haber puesto a disposición del Ayuntamiento ya en estas fechas y que ascendían a unos 15 millones de euros adicionales.

Bueno, pues esta operación realizada en 2016, mereció los calificativos de: “comunista, caprichosa, arbitraria, despropósito, impresentable, chapucera, realizada con prisas, oscura y que no tenía otro objetivo que el que Sánchez Mato tuviera su palacio de invierno”. Para completar el marco, la Cámara de Cuentas indicó que la adquisición, pese a demostrar un ahorro de gasto recurrente en los próximos 20 años de más de 140 millones de euros en alquileres, contribuía al incumplimiento de la regla de gasto.

De todo esto, toda la ciudadanía tuvo cumplida información en medios escritos, emisoras de radio y alguna que otra televisión en los que se trasladó la posición política de Partido Popular y Ciudadanos, obviándose los elementos que hemos aquí desgranado tanto del origen de ese alquiler desmesurado como del ahorro económico que esa decisión de gobierno supuso.

Ante tanta hipocresía acumulada, cabe formular algunas preguntas que no tengo duda alguna de que jamás serán contestadas.

Si ahorrarse casi cuatro millones de euros de alquiler al año, que es lo conseguido por PP y Ciudadanos, es “algo positivo y rentable económicamente para la ciudad”, ¿me podría explicar alguien por qué ahorrarse 7 millones anuales es un “despropósito de bolcheviques”?

Si comprar un edificio en 2016 era “una estratagema para disimular la reducida ejecución del presupuesto y una operación precipitada y apresurada”, ¿cómo se debería calificar la que han aprobado el 12 de diciembre de 2019?

Si ahorrarse 25 millones en 20 años, que es lo que ha hecho Almeida, es “una gestión excelente”, ¿por qué reducir las obligaciones de pago municipales en 140 millones en el mismo plazo merece ser calificado de chapucero?

Si conseguir una rentabilidad económica del 8,31%, que es lo obtenido por el actual equipo de gobierno, es “una buena operación”, ¿por qué obtener el 8,33% era “un capricho de concejal comunista”?

Y por último, si comprar un edificio municipal para ahorrar alquileres en 2016 era un intento deliberado de incrementar el incumplimiento de la regla de gasto y fue usado como arma arrojadiza para exigir mi cese y el de mi equipo por incumplir la regla de gasto, ¿qué habría que hacer con Almeida y Villacís cuando han anunciado que la incumplirán y compran un edificio por 55 millones de euros?