Imagina que Sareb fuera nuestra, pero de verdad

Luis de Guindos. EFE/EPA/MÁRIO CRUZ

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Aunque no haya sido noticia de primera página, la constatación del expolio que ha supuesto para las arcas públicas, Sareb, el “banco malo”, no ha pasado desapercibido.

Creada en 2012 por Rajoy y De Guindos para comprar los denominados “activos tóxicos” de las entidades bancarias rescatadas, esta sociedad adquirió viviendas, suelos y préstamos por valor de 50.781 millones de euros. Con el objeto de que no impactase negativamente en las cuentas de las Administraciones Públicas, Sareb se constituyó con mayoría de accionistas privados sin consolidar su balance con las cuentas del Estado. Pero, aunque el Estado solo tiene el 45% de las acciones, aportó el 95% de la financiación. Eurostat se ha dado cuenta de la trampa que hizo el PP y eso hace imprescindible cambiar la ley.

Antes ya cargábamos con el aval de la deuda emitida por Sareb que fue en el inicio más de 50.000 millones de euros, pero ni esa cifra ni las pérdidas que cada año ha tenido el banco malo se imputaban como si fueran públicas.

Pero lo eran.

Aunque De Guindos decía en 2012 que Sareb no nos costaría ni un euro a la ciudadanía, la realidad es que nos ha salido por un ojo de la cara. No es nuevo porque lo mismo ha pasado con el resto del rescate bancario que, como recordaréis, iba a ser un préstamo que nos devolverían o como el de las autopistas de peaje que nos saldría gratis.

Bueno, pues con Sareb, los “buenos gestores” también nos mintieron.

En junio de 2021 la sociedad se había tragado los 1.200 millones puestos de capital y los 3.600 millones de deuda subordinada que habían puesto los accionistas. En total 4.800 millones. Pero además el patrimonio neto de Sareb era negativo en casi 9.700 millones de euros. En total un agujero que asciende a unos 14.500 millones de los que 12.000 millones son públicos. Hablar de cifras con muchos ceros nos hace, quizás, perder la perspectiva, pero este importe equivale a pagar 4 años el Ingreso Mínimo Vital a 1 millón de familias.

Los accionistas privados de Sareb no van a poner un euro más para revivir al “muerto” así que nos quedaremos por un eurillo con la totalidad de Sareb junto los 35.000 millones de euros de deuda garantizada.

Cabría preguntarse si el gigantesco quebranto es un simple error de gestión. Porque han puesto “a los mejores” a implementar el plan de negocio con el pésimo resultado que estamos padeciendo.

Pero no es solo que hayan sido incapaces de no perder “hasta nuestra camisa” con el suelo y los inmuebles. Es que, además, sus decisiones contratando un derivado que nos ha costado casi 4.000 millones de euros y modificando los bonos para que Sareb no se beneficie de los tipos de interés actualmente negativos nos ha supuesto otros 1.000 millones de pérdidas. Han agrandado el desastre. En definitiva, en torno a un tercio de las pérdidas se pueden atribuir de forma directa a cómo se ha gestionado la sociedad.

Sin embargo, a pesar de las negligencias de los altos ejecutivos y miembros del consejo de administración de Sareb, a ellos no les ha ido nada mal porque se han llevado casi 37 millones de euros en retribuciones. Un poquito exagerado para haber “logrado” pérdidas todos los años y volatilizado hasta ahora 14.500 millones de patrimonio…

La aprobación del Real Decreto-ley 1/2022, de 18 de enero, por el que se modifica el régimen jurídico de las sociedades de gestión de activos y en particular el régimen de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria deja en evidencia la negligente actuación del PP en el rescate bancario y debería ir acompañada de una comisión de investigación parlamentaria que estableciese las responsabilidades políticas de unas decisiones que han causado un descomunal coste y quebranto de fondos públicos.

A partir de la aprobación de esta norma se elimina los límites a la participación del Estado en el accionariado de Sareb, permitiendo así la nacionalización de facto. La fórmula de salida de los accionistas privados (bancos y aseguradoras) ha sido pasteleada por la ministra de Economía Nadia Calviño y la banca durante los últimos meses y parece que, además del quebranto ya sufrido y el que queda por caernos encima, la banca podrá computarse los créditos fiscales (DTA) correspondientes a las pérdidas que les ha generado su participación en Sareb, lo que en la práctica nos costará en torno a 782 millones adicionales en créditos fiscales monetizables. Es decir, en menos impuestos pagados en los próximos años por parte de los bancos si las cosas les van bien. Y si les van mal, se los tendremos que abonar.

Bueno… pero y entonces ahora que Sareb ya es “completamente nuestra” ¿qué podemos hacer?

Pues desde luego, algo diferente a la denominada “función desinversora”, que han protagonizado tanto el PP como el PSOE durante estos años de gestión de la Sareb que se ha traducido en malvender viviendas, suelo y créditos con gigantescas pérdidas.

Imaginaos que Sareb asumiese la función de convertirse en una herramienta pública con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda.

No parece sencillo a primera vista porque, aunque posee unos 57.000 inmuebles, no todos son viviendas, también hay garajes o locales. Sin embargo, una parte importante podrían formar parte de una estrategia para facilitar vivienda asequible y eso supone que los “activos” comiencen a concebirse como viviendas que integren el parque social para garantizar acceso a la vivienda de la población.

Además, a finales de 2020 Sareb tenía 72 millones de metros de suelo en desarrollo y finalista que podría convertirse en vivienda pública destinada a alquiler social. Sareb podría construir 360 mil viviendas cuyo coste no superaría los 25 mil millones de euros. Mucha pasta, diréis.

Pues no. Alquilando las viviendas sociales a un precio medio mensual de 100 euros, la rentabilidad para Sareb sería del 1,7%, un 53% superior al coste de la deuda necesaria para construirlas. Sin ir más lejos, en noviembre de 2021 se emitieron bonos del estado a 30 años a un tipo medio del 1,12%.

Aunque esta idea pueda chirriar a los promotores inmobiliarios, fondos de inversión y entidades financieras, no parecería mala idea para la inmensa mayoría de la ciudadanía el desarrollo de una sociedad pública que se encarga de hacer algo así. Claro que eso pasaría por estar de acuerdo con conseguir una bajada del precio de la vivienda de forma generalizada y porque el PSOE aceptara dejar de considerar la vivienda como un bien de mercado.

Algo que a los inversores no les iba a gustar.

Pero tenemos más ideas para hacer con Sareb. Ya que va a ser “totalmente nuestra”, podríamos desplegar una estrategia de inversión en energías renovables en los 98 millones de metros cuadrados de suelo rústico que tiene la sociedad y que supone una superficie similar a la ciudad de Zaragoza. Permitiría una potencia fotovoltaica y eólica instalada de 5.000 MW y una producción anual de al menos 8.000 GWh que podrían abastecer a 250 mil hogares de energía limpia. La inversión necesaria para los 14 millones de paneles ascendería a 3.000 millones de euros. En 2021, Teresa Ribera ha subastado 6.300 megavatios adjudicándose a una media de 30 €/MWh. Como nosotros somos unos soñadores, hemos pensado en que esas instalaciones fotovoltaicas y eólicas que Sareb pusiese en marcha ofrecerían la energía a 25 €, un 17% inferior al precio de adjudicación. Recordemos que el mes pasado el pool eléctrico casaba operaciones en el mercado mayorista a un precio 10 veces superior por lo que esta producción contribuiría a abaratar el recibo de la luz y se amortizaría la inversión de las instalaciones en un razonable plazo de 15 años.

Sin embargo, hay un problema.

Esto a las grandes operadoras del oligopolio eléctrico tampoco les iba a gustar.

Por eso el PSOE no va a querer ni promover una comisión de investigación para depurar las responsabilidades en la gestión de Sareb, ni destinar la vivienda existente ni el suelo edificable a construir vivienda para alquiler social a un precio mensual medio de 100 euros. Tampoco va a provocar a las eléctricas desarrollando energía renovable de titularidad pública en el suelo rústico de Sareb.

Prefiere articular medidas como el bono de alquiler que no deja de ser un incentivo inflacionista a los precios de los alquileres y que no llegará más que a una fracción reducida de jóvenes. Como dice el Consejo de la Juventud, un menor de 30 años no puede alquilar en solitario en ninguna de las 17 comunidades autónomas. Y una ayuda temporal que llegaría en el mejor de los casos a 70.000 beneficiarios (dado que hay 376.300 hogares cuya persona de referencia tiene menos de 35 años, vive en régimen de alquiler, y sus ingresos son inferiores a 23.725 euros anuales) cubriría solo al 19% de los jóvenes en esa situación.

Hacer llegar este bono a todos los inquilinos e inquilinas menores de 35 años con ingresos limitados costaría 26.700 millones de euros, por lo que, en todo caso, esta medida debería presupuestarse cinco veces más, es decir, en 1.000 millones de euros. Pero sobre, esta medida debe ir acompañado de una regulación efectiva de los precios de los alquileres que impida el mantenimiento o incluso la subida de precios que el propio bono, por si sólo, puede provocar. Y para eso es necesario y urgente la aprobación de la Ley de Vivienda estatal.

En cualquier caso, y a medio plazo, más allá de medidas coyunturales, la apuesta y el cambio de rumbo debiera pasar por la consolidación de un verdadero parque público de vivienda en alquiler en condiciones asequibles. Y para eso Sareb también podría valer.

Pero tendría que ser nuestra. De verdad.

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