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Jesús Eduardo Herrera Sicilia

Abogado

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El primer voto

Afortunadamente nuestra democracia ya cuenta con décadas de vida, y hay toda una experiencia en libertades tanto de forma individual como de manera colectiva. Por lo tanto, los jóvenes que han votado por primera vez el pasado 28 de abril o lo harán este 26 de mayo, van a ejercer el más básico y esencial de los derechos políticos en un Estado democrático. Y esto que parece lo más normal en una sociedad como la nuestra, no siempre ha sido así. Cuando este que les escribe y la gente de mi generación, todos padres de los actuales jóvenes que votan por primera vez en la actualidad, fuimos a votar por primera vez, la sociedad en la que vivíamos era muy diferente. Acabábamos de salir, solo habían pasado unos pocos años, del anterior régimen del enano facineroso y de voz atiplada, o sea de la dictadura. Se acababa de aprobar la Constitución de 1978, y se abría todo un mundo de posibilidades, derechos, obligaciones, y libertades a una sociedad y a un país ávidos de ello. Estaba todo por hacer, había que construir un país en libertad y democracia, y eso implicaba un compromiso transversal de todos empujando en la misma dirección, porque la libertad y la conquista diaria de todos los derechos y de los derechos de todos, implicaba ese compromiso general de la ciudadanía. 

Y se consiguió, pienso que sí, se han alcanzado cotas de desarrollo en todos los campos como nunca se habían tenido, en todos se ha avanzado, este país nuestro de ahora, no se parece en casi nada a aquel en el cual luchábamos por una vida mejor, mas justa y libre. Pero también es verdad que por un lado y una vez se ha conseguido los estándares de progreso y libertad que buscábamos, nos hemos ido convirtiendo en una sociedad más cómoda y menos combativa.  Y por otro lado los cambios que se han producido en el mundo: las nuevas tecnologías, la globalización, la preponderancia y prepotencia del poder financiero, el individualismo exacerbado, etc., han producido la disminución del compromiso social en la sociedad, a los mayores que la han ido perdiendo y a los jóvenes porque no lo han vivido en el marco de esta nueva sociedad (evidentemente es una norma genérica que tiene excepciones). 

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Paridades electorales en este Archipiélago nuestro

Llevamos una serie de meses que parece que el tema esencial o más importante y principal para los canarios es la reforma de la Ley Electoral Canaria.  Aunque realmente no existe una Ley Electoral tal cual, sino que se encuentra regulada la materia en el art. 9 del Estatuto y en la Primera Disposición Transitoria del actual Estatuto de Autonomía. Y así lleva desde el inicio de la vigencia del Estatuto en 1.982, y en la modificación de este en 1996, se siguió manteniendo la normativa electoral canaria dentro de la reseñada norma. O sea que nos encontramos ante la tesitura de o bien seguir manteniendo la regulación en materia electoral dentro del Estatuto, con lo que eso implicaría en lo referente a su regulación escueta, al tiempo de la dificultad añadida de estar sujeta la materia a una ley orgánica con la complejidad que implica su modificación, y que se debe realizar en el Congreso de los Diputados en Madrid. O bien la otra opción que se regule por fin a través de una Ley del Parlamento de Canarias, que después del tiempo transcurrido desde 1982, creo que ya va siendo hora. Con lo que se llenaría un vacío de desarrollo legislativo del Autogobierno que lleva muchos años en el más absoluto sueño de los justos. 

Aparte de esta cuestión de tipo más formal, nos tendremos que adentrar en cuestiones más de fondo. Y existen cinco, a grandes rasgos,  y que están relacionadas unas con otras, así tenemos las circunscripciones, la triple paridad, la representación proporcional, el número de diputados y los baremos. Empezando por la última los baremos, sobre esta existe una coincidencia en los pareceres de todas las fuerzas políticas, en la necesidad de bajarlos, ya que en la reforma estatutaria de 1996 se subieron (y la verdad que excesivamente) tanto el nivel de baremo insular, como en nivel de baremo para la suma de los votos obtenidos por un mismo partido en todo el Archipiélago. Y así se ha hablado de bajarlos a la mitad de su porcentaje actual, del 30% al 15% en el marco insular, y del 6% a una horquilla del 3% al 5%  en el ámbito de toda la Comunidad Autónoma.  También hay que indicar en la cuestión de los baremos, que se produce una posible contradicción de carácter teórico quizás, y es en su aplicación a nivel de toda Canarias. Ya que si en la actualidad solo se contempla legalmente la existencia de circunscripciones insulares, cómo es que existe un baremo, aparte del insular, de carácter supra insular, de toda la Comunidad Autónoma. Parece un sinsentido, ya que es contrario al espíritu del carácter insular de las circunscripciones que se determina en el art. 9.4 del Estatuto de Autonomía, pero se encuentra recogido en la Disposición Transitoria Primera, Apartado 2 in fine. Por lo que el legislador en este caso concreto, quizás dejó una puerta abierta a otros marcos territoriales de circunscripción, o simplemente primaron ciertos intereses de algunos partidos políticos con presencia en toda la Comunidad Autónoma y sobre todo en las islas más pobladas. 

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Tiempos constitucionalmente convulsos

Seguro que desde hace unas semanas, las palabras sobre las que más se ha escrito en este país han sido Constitución y Cataluña. Y además desde todos los puntos de vista, incluso los que han pretendido separar y distanciar una de la otra. Pero analizando con cierta distancia la cuestión, nos podemos plantear toda una serie de cuestiones sobre las que habría que manifestar lo siguiente: para empezar el nacionalismo. ¿Hay uno solo tipo de nacionalismo o hay varios? Pienso que hay varios, pero el concepto teórico o doctrinal sería que el nacionalismo puede ser la hegemonía del Estado que tiene como fundamento esencial el principio de cada Estado una nación, a cada nación un Estado. Lo cual tiene como mínimo tres consecuencias;  la primera: Nación como unidad cultural esencialmente homogénea, ósea como comunidad homogénea; la segunda: Nación como entidad soberana donde residen y emanan todos los poderes del Estado, lo que implica una soberanía que no es divisible y que se corresponde con todo el territorio nacional del Estado; y la tercera: la concepción de que la organización y distribución territorial del poder del Estado ha de ser simétrica. Esta definición sirve para la relación entre el Estado y la Nación como ocurre en España, y se contempla en la Constitución de 1978. Por lo que puede chocar con aquellos nacionalismos que entienden que su territorio es una nación, la cual pretenden convertir en un Estado, desgajándose del que pertenecen pero con la intención de copiarlo si se pudieran constituir en Estado ellos mismos, como el caso que nos afecta en la actualidad que es el catalán. Por lo cual se encuentra ese nacionalismo en sí mismo inmerso en una disquisición ideológica, que es el querer romper el Estado al que pertenecen para crear ellos su propio Estado, basándose en los principios que quieren romper, para crear sobre los mismos principios su propio Estado. Y esto no es solo teórico, se puede llevar la práctica, y en el caso de Cataluña nos puede servir de ejemplo la  siguiente cuestión: ¿Qué haría Cataluña si fuese un Estado con el Valle de Arán y su derecho a decidir? 

Por otro lado, hay diversos modos de entender la nación, y por ende, diversos modos de nacionalismo. En un extremo está la nación como etnos (agrupación de personas unidas por la raza o por la nacionalidad), como singularidad natural y, en su forma más primaria, racial. En el otro, nación como demos (conjunto de personas que forman una unidad política), como conjunto de hombres que viven sujetos a las mismas leyes que se dan. Así, el nacionalismo moderado subraya que junto a los valores nacionales están los democráticos, de ahí que las reivindicaciones nacionalistas hayan de lograrse por la vía democrática. Los objetivos nacionalistas solamente son válidos si se consiguen en un proceso democrático de largo alcance, renunciando al radicalismo. Por el contrario, el nacionalista radical no conoce otros valores que los nacionales y pretende conseguirlos por cualquier medio, sin descartar el camino de la violencia incluso, y anteponiéndolos a cualquier otro tipo de consideraciones. Así el nacionalismo excluyente, radical, se configura como una de las mayores amenazas para la democracia y el pluralismo político, ya que descarta el diálogo y defiende una idea de nación excluyente y basada en los que considera propios. Estas consideraciones como podrán observar se adaptan plenamente a lo que está sucediendo en Cataluña, tanto en su vertiente nacionalista radical, siendo los acontecimientos de estas semanas o meses claro ejemplo de esa forma de actuar que he descrito anteriormente del nacionalismo radical. Como en su vertiente institucional político legal, ya que nos encontramos en un ataque directo hacia elementos esenciales tanto de la Constitución como del Estatuto de Autonomía de Cataluña, como elementos legales esenciales de aplicación en Cataluña, que trascienden a toda España. Y en modo alguno se puede comparar con un choque de trenes al menos en el aspecto legal, ya que por un lado está la legalidad, el Estado de Derecho, la Democracia, y por otro lado está un ataque directo, sin ambages contra la legalidad constitucional y el Estado Democrático de Derecho existente, basando ese ataque en una supuesta voluntad popular (que no hubo medios ciertos y comprobables dentro de parámetros de garantías democráticas para afirmarlo y demostrarlo). Ósea, y para finalizar con estos pensamientos escritos,  la confrontación práctica entre el demos y etnos.

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¿Y si hablamos de patrimonio histórico?

En fechas recientes mi querido amigo Fernando Rodríguez Sánchez inició una campaña que se puede convertir en un movimiento con el apoyo de la ciudadanía. Y que se basa en dos vías: una interna, que es la recuperación del valor de nuestro rico y variado patrimonio histórico, y otra externa, que sería la operación que llevase a la declaración del conjunto histórico de Santa Cruz de la Palma como Patrimonio de la Humanidad. 

En esta ocasión quisiera detenerme en la cuestión externa, la de la Declaración de Patrimonio de la Humanidad. Y en primer lugar quisiera manifestar la dificultad que entraña, ya que se requiere voluntad de la ciudadanía y las autoridades del sitio en cuestión (en nuestro caso Santa Cruz de La Palma en particular y La Palma en general), aportación de fondos para ello, tanto públicos como privados, grupo de expertos que realicen una propuesta perfectamente documentada y con argumentos que doten a la candidatura de la especificidad que la haga meritoria de la declaración de Patrimonio Mundial, la implicación del Cabildo Insular de La Palma y del Gobierno de Canarias que sirva de sustento oficial para convencer al Estado español que proponga la candidatura ante la UNESCO, que es el ente internacional que realiza y formaliza la declaración en cuestión. Como observarán todo un camino con muchos obstáculos y dificultades que hacen la consecución del objetivo toda una proeza, y al que hay que añadir la dificultad de carácter internacional que significa que España sea el segundo Estado de todo el planeta con más sitios declarados Patrimonio de la Humanidad (el primero también es europeo, que es Italia). Con lo que eso significa a la hora de equilibrar por parte de la UNESCO el gran eurocentrismo que existe en este tipo de declaraciones. 

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El Fdcan y la ‘triple paridad’

Después de un tiempo de reflexión por motivos personales y por la necesidad de analizar tantos sucesos que han acaecido en un mes y medio, observo que ciertos temas se van haciendo protagonistas de la realidad canaria. Y uno de ellos, que está en la boca de bastante gente es la triple paridad, que surgió en el año 1982, con el Estatuto de Autonomía de Canarias, como un criterio de asignación de escaños en el Parlamento Canario, y que ha dado bastantes buenos resultados desde el punto de vista de la construcción territorial del Archipiélago y la posibilidad de hacerse oír y poder plantear sus ideas y necesidades las islas no capitalinas sin necesidad de intermediarios. Estos criterios de asignación de escaños y por lo tanto, de tantos por ciento en el total de Canarias, se han intentado usar también para el reparto de fondos del extinto IGTE, y con el que se ha dotado al Fdcan (Fondo de Desarrollo de Canarias), creado por el Gobierno de Canarias, y dotado de contenido en toda una serie de programas de inversión diseñados a iniciativa de ayuntamientos y cabildos, y estructurados por el Gobierno. Pero qué ha sucedido para que lo que en origen fue una idea y un proyecto asumido por todo el mundo -perdón por casi, salvo el Cabildo de Gran Canaria- se haya transformado en otra cosa, menos o mas parecida, pero con otros criterios de asignación de recursos. 

Los fondos del Fdcan ascienden a 160 millones de euros al año durante 10 años, por lo que serán en total 1.600 millones. No es que sea una cantidad impresionante, por ejemplo si la comparamos con el montante del presupuesto de Canarias en un año, que es 7.200 millones. Pero, y de ahí su filosofía original, esos 160 millones al año servirían y tendrían una trascendencia muy importante sobre todo en los desarrollos  de las islas menos pobladas, menos desarrolladas, donde la carencia de toda una serie de oportunidades y de inversión lastran y dificultan su desarrollo y progreso (las islas no capitalinas), que debido a su situación socioeconómica necesitan de un plus y del apoyo del Gobierno para ir intentando generar actividad y posibilidad de desarrollo, y al mismo tiempo servir para ir reduciendo las enormes distancias entre las islas capitalinas y las demás.    

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El suelo de las ‘Islas Verdes’…y su ley

He tomado un poco de perspectiva desde que se aprobó en el Parlamento canario, el día 13 de Septiembre del presente año, la Ley de Ordenación Territorial y Turística de El Hierro, La Gomera y La Palma (La Ley de las Islas Verdes), para poder opinar sobre la misma, desde varios ángulos, y al mismo tiempo manifestar mi opinión sobre el exceso de politización y manifestaciones gratuitas sobre la reseñada ley. 

La reseñada Ley, lo que pretende es dinamizar y agilizar los procedimientos legales para poder desarrollar actuaciones urbanísticas y turísticas en las islas occidentales de nuestro país. Pero eso no implica en modo alguno una patente de corso, que signifique que se puede hacer y construir todo lo habido y por haber. Porque entre otras cosas existe una serie de criterios de racionalidad que se encuentran presentes en primer lugar en la propia ley  y en segundo lugar en el ordenamiento en general, y el primero de ellos es el principio básico del control de legalidad.      

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La ‘Triple Paridad’, ¿efecto corrector?

En Canarias se ha abierto un debate en relación a la modificación de la Ley Electoral que tenemos, y en ella como piedra angular de la misma se encuentra la renombrada ‘Triple Paridad’. Pero qué es realmente la ‘Triple Paridad’. Cuando se comenzó a elaborar nuestro Estatuto de Autonomía que fue aprobado por Ley Orgánica en el año 1982, se estableció un criterio de reparto y asignación territorial de los diputados en base a tres criterios. El primero que los diputados de las islas capitalinas sumaran la misma cantidad que los diputados de todas las islas no capitalinas (Tenerife y Gran Canaria 30, y las otras cinco 30). El segundo criterio es los diputados de las islas que forman las supuestas provincias canarias, fuesen los mismos (Santa Cruz de Tenerife 30 y Las Palmas los otros 30). Y el tercero los diputados de las dos islas capitalinas son los mismos (15 para cada una). 

¿El porqué de esto?, pues porque se entendió que una buena manera de construir Canarias era de forma simétrica, entre las islas, para evitar disputas insularistas entre mayores y menores, entre occidentales y orientales, y entre las capitalinas entre sí. Somos un Archipiélago y si este se construía de forma simétrica era una fuerte y buena raíz del árbol de la canariedad y del sentimiento común de pueblo. La idea fue aceptada por todos y por todas las islas, si bien el origen partió de La Palma y de Lanzarote. Y me permito recordar en ese sentido a dos políticos que ayudaron mucho a parir la idea, ya que podemos decir que fueron padres intelectuales de la misma, y fueron Acenk Galván de La Palma, y A. Hormiga de Lanzarote. 

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Verdades y mentiras en el sistema electoral canario

En estos días que tanto se habla sobre la reforma de la ley electoral canaria, hemos oído y oiremos argumentos de todo tipo sobre la misma. Pero en ¿qué consiste la actual normativa?, ¿Cuáles son las bases del actual sistema? Pretendemos ir explicando el porqué de las cosas, desde lo que es la propia normativa electoral canaria, los topes electorales, la famosa Triple Paridad, y también aportar humildemente algunos criterios sobre estas cuestiones para el futuro. 

La actual normativa, está vigente desde el año 1996, cuando se reformó el Estatuto de Autonomía, y se establecieron unos determinados topes electorales. Uno de base insular (30%), y otro de base autonómica (6%). Estos topes electorales, que a todas luces resultan excesivos, para la inmensa mayoría de la ciudadanía, se deben conjugar sobre las siete circunscripciones insulares. Y ahí es cuando nos deberíamos hacer la primera gran pregunta, si las circunscripciones son insulares, lo lógico es que solo hubiera topes electorales de ámbito insular. Cuál es la necesidad de que existan topes electorales que se apliquen en el ámbito de todo el Archipiélago, cuando no existe una circunscripción de ese ámbito territorial. En Derecho comparado, lo habitual y común es aplicar el tope electoral en cuestión al ámbito territorial pertinente, pero no aplicar como se aplica en Canarias, dos topes electorales diferentes cuando solo hay circunscripciones de ámbito insular. 

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