El puñado de científicos que se la juega en EEUU para rescatar datos climáticos eliminados por Trump
Un año después de que la información sobre justicia ambiental y climática comenzara a ser suprimida o alterada frenéticamente de las páginas web del Gobierno de EEUU, la situación continúa siendo crítica para quienes intentan rescatarla. “Estamos en el Titanic, está entrando agua y hay que sacarla”. Así resume este colosal esfuerzo Cathy Richards, jefa de tecnología en el Proyecto de Datos Medioambientales Abiertos (Open Environmental Data Project).
Cuando Richards se incorporó en octubre de 2024 a este movimiento, dedicado a hacer la información ambiental pública más accesible para la sociedad, pensó que dejaba atrás su experiencia en seguridad y privacidad digital. Había pasado cinco años, a veces “en países peligrosos”, instalando programas para que activistas amenazados, en muchos casos ambientales, pudieran comunicarse de forma segura. La elección de Donald Trump como presidente de EEUU en noviembre de ese mismo año cambió sus planes.
Con su famoso Drill, baby, drill, Trump había anunciado durante la campaña su intención de desmantelar las políticas ambientales, algo que ya inició en su primer mandato con la eliminación de planes de acción climática y de energía limpia, así que esta vez la comunidad científica empezó a prepararse por lo que pudiera ocurrir.
Las páginas web gubernamentales son la principal fuente de información para cientos de miles de ciudadanos, investigadores y funcionarios de los tres niveles de la Administración. Eliminar el acceso a los datos públicos tiene muchas ramificaciones. No existe un índice de páginas web y bases de datos climáticas y ambientales, los listados que hay están muy fragmentados, lo que complica la labor de rescate, además de hacer prácticamente imposible el recuento de pérdidas. Por eso son tan importantes las redes de colaboración que han surgido.
Open Environmental Data Project fundó, junto a otras organizaciones e individuos, la coalición Public Environmental Data Partners para preservar la información institucional. Hoy reúne a unas 200 personas, pagados y voluntarios, casi todos en EEUU, que contribuyen de forma individual o dentro de iniciativas como el Centro de Coordinación de Investigación de las escuelas de salud pública de la Universidad de Harvard y la Universidad de Boston, el Archivo de Internet, el Centro de Innovación de Política Medioambiental y otros ocho grupos que se han identificado públicamente, más otras organizaciones que mantienen el anonimato para no verse perjudicadas por las posibles reacciones de la Casa Blanca.
“El peligro nunca ha sido un factor a la hora de tomar decisiones laborales, lo que probablemente volvía locos a mis padres”, confiesa Richards. Sin embargo, reconoce que tras los recientes sucesos –en referencia a la muerte de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes de inmigración– “la gente se está moviendo de una forma diferente”. No solo físicamente, aunque también. “Cuando viajo trato de no tener los datos en el ordenador, aunque son públicos, por si se lo llevan”, dice midiendo sus palabras. “No es que te puedan detener, es que te pueden disparar”, cuenta sin dramatismos.
La información ambiental y climática es importante, si no, Trump no estaría intentando censurarla. La agenda de su Administración busca suprimir los intereses y representación de las minorías y una parte importante de esto es borrar la información que demuestra que los riesgos de contaminación y climáticos afectan más a la gente de color que a las comunidades blancas.
En los dos primeros días de la presidencia de Trump cayó la primera página, Climate and Economic Justice Screening Tool, una herramienta que identifica a las poblaciones más vulnerables ante peligros climáticos. Esa primera acción de rescate propició una avalancha de avisos que en el caso de Richards duró dos o tres meses y que llegaban por email, grupos de chat, mensajes de texto, de científicos que veían peligrar investigaciones en las que habían trabajado durante años, expertos que trabajaban con comunidades vulnerables, funcionarios de las tres administraciones públicas, investigadores que temían perder sus tesis doctorales.
La complejidad de archivar datos depende de cómo estén estructurados. Richards menciona el caso de un compañero que lleva seis semanas descargando cientos de miles de ficheros. Pero la tenacidad ha dado sus frutos. De los 674 avisos que la coalición ha recibido hasta ahora, esta ha archivado ya 400 datasets: registros de mediciones históricas, páginas de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, el programa de seguimiento de desastres climáticos y meteorológicos de más de un billón de dólares de la Administración Nacional Atmosférica y Oceánica (NOAA), entre otros. Solo 40 datasets procedentes de las alertas se han perdido.
“La gente no puede usar la información, producida por el Estado con dinero del contribuyente, para tomar decisiones informadas”, afirma Gretchen Gehrke, directora del programa de seguimiento de páginas web de la Iniciativa de Gobernanza y Datos Ambientales. Esta organización, que también pertenece desde el principio a la coalición, nació en 2016 para hacer seguimiento y analizar cambios en los datos ambientales estatales y gestión de la primera presidencia de Trump. Según sus cálculos, en los 100 primeros días de su segundo mandato hubo un 70% más de cambios en páginas federales que en el mismo periodo de su primera presidencia. Los observadores concluyen que el alcance y la rapidez de estos cambios no tienen precedente.
Para Gehrke, la supresión y manipulación de información oficial es uno de los tres pilares que sostiene la estrategia de Trump para fabricar una realidad paralela a través del discurso. El segundo pilar es la desregulación. Por ejemplo, el rechazo en febrero de este año del Endangerment Finding, el consenso científico de que los gases de efecto invernadero son perjudiciales para la salud y no solo para el planeta, deja en el limbo la regulación de emisiones y exime a los fabricantes de automóviles de tener que cumplir con su obligación de limitar sus emisiones. Las mediciones anuales, como el Programa de Informes de Gases de Efecto Invernadero de la EPA, un inventario anual de emisiones de las industrias más contaminantes en EEUU, también podrían desaparecer. El tercer pilar son los recortes de personal y de presupuesto que están mutilando los departamentos de diversidad, igualdad e inclusión, salud y medio ambiente, entre otros.
A pesar de la presión, el cansancio y las dudas, estos activistas siguen al pie del cañón. Todo el trabajo es posible gracias a donantes, muchos anónimos, que apoyan estos esfuerzos. “Creo que hemos demostrado que lo que estamos haciendo es importante. Por eso, hemos obtenido financiación para mejorar las herramientas y crear guías para que, en el futuro, si otras agencias del Gobierno quieren rediseñar plataformas puedan ver cómo lo hemos hecho nosotros”, apunta Richards.