Un informe jurídico avala que los ayuntamientos no son responsables de las medidas anti Covid en los colegios

Los ayuntamiento andaluces tendrán que invertir unos 214 millones de euros en los centros educativos de las ocho provincias andaluzas para garantizar una vuelta al colegio segura y una estancia sin problemas en los centros de alumnos y profesores.

Son los datos esgrimidos por el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, que los trasladó esta semana al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, durante la reunión con los presidentes de las diputaciones andaluzas.

El argumento, aparte del cálculo matemático, se basa en un informe realizado por la Diputación de Sevilla, a través de la Secretaría General y sus Servicios Jurídicos, que ha estudiado las competencias y obligaciones que, en materia de desinfección y de medidas de protección ante la Covid-19, han sido atribuidas por la Junta de Andalucía a los ayuntamientos.

Un ejemplo

Sus resultados han sido puestos sobre la mesa por otras diputaciones, como la de Cádiz, a la hora de defender que los ayuntamientos tienen que tener ayuda externa para todo lo que les ha caído encima por mor del Covid, aseguran.

De esta forma, ante la incertidumbre creada, el área de Concertación de la Corporación Provincial ha encargado a dichos Servicios Jurídicos clarificar esta situación creada con conclusiones que deben tenerse en cuenta, y siempre desde el punto de vista de la interpretación de la Ley.

En primer lugar, parte de la consideración de que los ayuntamientos tienen competencia propia en cuanto a la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de Infantil de Educación Primaria y Educación Especial, y, de hecho, especifica que tienen la obligación “de carácter permanente y ordinario con la finalidad de conservar en buen estado de funcionamiento las instalaciones”.

Tareas extraordinarias, ampliación de competencias

Sin embargo, el asunto cambia cuando se trata de hacer actuaciones concretas en casos excepcionales, como el actual. Porque, como cita el informe, que los ayuntamientos realicen tareas extraordinarias relativas a la prevención, protección, vigilancia y promoción de la salud en los centros docentes como consecuencia de la crisis sanitaria derivada de la pandemia, supone una ampliación de las competencias propias de los Ayuntamientos.

Los expertos han determinado que esas tareas extraordinarias tendrían que ser asumidas por los Consistorios mediante una adaptación de la competencia propia municipal a las medidas y criterios propuestos por la Junta de Andalucía “en virtud de los principios de colaboración y cooperación administrativa”, debido a que “la atribución o asignación de estas nuevas competencias o funciones por parte de la Junta de Andalucía a los ayuntamientos no tienen el rango normativo adecuado para ello”.

Dotación presupuestaria

Según la diputada responsable del área de Concertación, María Regla Martínez, “debe realizarse una delegación de competencias que requeriría la aceptación por parte de los ayuntamientos, o en su caso la encomienda de gestión, que podría articularse mediante convenio que, como es lógico, debe conllevar dotación presupuestaria”.

En la reunión de esta semana con Juanma Moreno, Fernando Rodríguez Villalobos pidió “más medios y financiación para el inicio del curso escolar”, entre otras cosas, y reiteró “la responsabilidad y lealtad institucional que el municipalismo ha demostrado durante estos meses de pandemia, porque en estos momentos difíciles que vivimos, la ciudadanía quiere que las administraciones públicas remen juntas y ofrezcan respuestas ágiles y una colaboración interinstitucional ejemplares”.

En este sentido, ha recordado que la Junta de Andalucía asumió el mando y la gestión de la crisis sanitaria a finales de junio, una vez concluido el estado de Alarma decretado por el Gobierno de España. “Y durante estos meses, las corporaciones locales andaluzas nos han hecho llegar sus quejas acerca de la sensación de abandono que han padecido respecto al trato recibido por la administración autonómica”.

Una competencia municipal

Villalobos ha recordado que “el mantenimiento, conservación y vigilancia de los centros educativos si bien es una competencia municipal, no tiene una delimitación clara de su alcance, y es razonable considerar que abarca las tareas de limpieza ordinaria”. 

“Actualmente nos encontramos en una situación excepcional donde se han dictado unas recomendaciones extraordinarias de carácter sanitario desde la Consejería de Salud, que exceden del ámbito de la normalidad y requieren un refuerzo extraordinario de las tareas de limpieza y sin previsión de una dotación presupuestaria adecuada”. 

Con ello, ha recordado que “se sobrepasa sin dudas el posible ámbito obligacional de los Gobiernos Locales para atender sus competencias propias y, si eso ocurre, la nueva competencia tiene que venir acompañada de financiación como prevé el artículo 25 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía (LAULA)”.

Más de 2.700 colegios

Según datos de la Consejería de Educación, Andalucía cuenta con 2.782 Centros que dependen de los ayuntamientos: 2.110 colegios de Educación Infantil y Primaria, y 672 centros y secciones de Educación para personas adultas.

Para el presidente de la Diputación, además de otras medidas y coincidiendo con las reivindicaciones de los sindicatos en materia educativa, es necesaria la bajada de la ratio a 20 alumnos por clase y la contratación de más personal para el inicio de curso, así como garantizar las condiciones laborales del personal “no docente” de la comunidad educativa “con la consiguiente provisión de EPIs y la realización de las pruebas de PCR”, ha concluido.