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Denuncia ante la Comunidad de Madrid por el derribo de una casa con gatos dentro

El pasado 7 de agosto fue derribado en Madrid un edificio en cuyo interior vivían gatos de colonia sin que el responsable del derribo ni los agentes de la Policía Municipal autorizaran el aplazamiento de la obra para rescatar a los animales

La SPAP ha presentado una denuncia ante la Comunidad de Madrid y reclama un protocolo marco que regule la obligatoriedad de los ayuntamientos de velar por la vida de los animales que viven en zonas de obras, derribos o similares

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Algunos de los cachorros supervivientes del derribo

Algunos de los cachorros supervivientes del derribo SPAP

No sabemos cuántos gatos vivían en ese inmueble. No sabemos cuántos quedaron sepultados bajo los escombros, si murieron rápido o agonizaron durante horas o incluso días fuera de la vista de los activistas y sin posibilidad de ser rescatados. Solo sabemos que hay trece supervivientes, todos ellos en acogida provisional, a día de hoy aún presas del miedo y de las consecuencias de haber estado varios días sin comida ni agua en plena ola de calor. 

Todo comenzó el pasado 3 de agosto, cuando a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Madrid (SPAP) llegó el aviso de la inminente demolición de un edificio situado en la calle Alejandro Sánchez número 103, donde habitaban gatos de una colonia.  En la valla de la propia edificación se dejó aviso de la existencia de gatos solicitando a los responsables del derribo que contactaran con la protectora para proceder a la recogida de los animales y evitar el derribo sobre ellos.

En paralelo, la SPAP contactó con la Junta de Distrito de Carabanchel y con el Centro de Protección Animal del Ayuntamiento. El lunes 6 de agosto la Junta de Distrito confirmó a la SPAP la existencia de un permiso municipal para derribar el edificio al día siguiente, el martes 7.

Ante la urgencia del caso, y para evitar que los gatos mueran sepultados bajo los escombros, personal de la SPAP y varias personas voluntarias colocaron jaulas trampa en el exterior del inmueble y recogieron a cuatro gatos, pero algunos de los activistas habían visto a varios cachorros y su rescate no había sido posible por no contar con tiempo suficiente.

Debido a ello, solicitaron al jefe de obra que permitiera seguir capturando a lo largo del día 8 de agosto para concluir el rescate y desalojar a todos los gatos antes del derribo. Ante la negativa del responsable del derribo, a las ocho de la mañana del día 7 la SPAP avisó a la unidad de medio ambiente de la Policía Municipal de Madrid. La conclusión es que no existía motivo para suspender el derribo unas horas porque los agentes que acudieron al lugar no vieron en ese momento a ninguno de los gatos.

Con ese relato de los hechos, el día 9 de agosto la SPAP interpuso una denuncia dirigida al área de protección animal de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, en la que constan, entre otros datos, los números de identificación de los agentes que acudieron al inmueble y que no vieron motivo para suspender el derribo durante unas horas a pesar del testimonio de los activistas.

Los hechos relatados, argumenta la SPAP, son constitutivos de una infracción grave de la Ley de Protección de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, en concreto del artículo 28 sobre omisión de auxilio a un animal accidentado, herido, enfermo o en peligro.

A juicio de la SPAP es responsable de esa infracción la persona responsable del derribo, cuyos datos constan en el informe realizado el día 7 de agosto por la unidad de medio ambiente de la Policía Municipal.

“Se deben depurar responsabilidades igualmente respecto de la actuación municipal ya que no se tuvo en consideración la normativa de protección animal y se permitió iniciar el derribo de la edificación a pesar de existir indicios claros de la existencia de gatos cachorros dentro, con nula capacidad para salir de dicho lugar”, añade de la denuncia.

Como consecuencia de la pasividad de la actuación policial para aplicar la normativa de protección animal, durante los dos días siguientes posteriores al derribo los voluntarios que trataron de rescatar a los gatos que hubieran podido sobrevivir fueron víctimas “de insultos, amenazas e intentos de agresión”. “Si las propias autoridades han denegado que se pueda realizar el rescate de unos animales en situación de peligro el individuo responsable de la obra da por hecho que es legal su actuación aunque mueran o resulten lesionados los gatos que allí se encuentran”, explica la SPAP.

Entre los cuatro gatos adultos que pudieron ser capturados en las horas previas al derribo había una hembra preñada que debido al estrés tuvo un parto prematuro y perdió a todas las crías. Después del derribo los activistas siguieron capturando en los alrededores y consiguieron rescatar a otras dos hembras adultas y a siete cachorros, todos ellos desnutridos y deshidratados tras pasar varios días sin comida ni agua.

La denuncia incluye los datos de tres testigos de los hechos y solicita que se inicie el procedimiento sancionador, teniendo a la SPAP por personada como parte interesada en el procedimiento.

Además, entre las demandas de cara a la aprobación del reglamento que debe desarrollar la ley autonómica, la SPAP solicita que se elabore un protocolo marco por parte de la Comunidad de Madrid, consensuado en el Consejo de Protección Animal, que sea de aplicación en todos los municipios y en el que se especifiquen los requisitos mínimos y la forma de proceder en la regulación y mantenimiento de las colonias felinas y "la actuación en caso de obras, derribos o situaciones de emergencia en lugares donde existan colonias felinas".

En el caso de que sea imposible el mantenimiento de una colonia en el lugar en el que se ubique, por motivos de fuerza mayor (derribos, obras, inundaciones o similares), la SPAP reclama que sea responsabilidad del ayuntamiento correspondiente proporcionar una ubicación que asegure la protección de los gatos, temporal o definitiva según cada caso concreto. 

La SPAP reclama que los ayuntamientos tengan la obligación de actuar para el rescate de los gatos de colonias que se encuentren en zonas de obras, derribos o similares para su protección, siempre antes de la actuación que se tenga prevista y dando prioridad a que, una vez realizada esa actuación, los gatos sean devueltos a su ubicación de origen. Si esa opción no es posible porque el lugar ha cambiado tanto que no es compatible con la estancia de los gatos, añade la SPAP, debe ser responsabilidad de los ayuntamientos proporcionar un lugar seguro para su realojo contando con las personas que gestionan y se encargan de alimentar la colonia para que puedan continuar con dicha labor.

De momento, mientras desde la SPAP hacen todo lo posible para que las administraciones asuman sus responsabilidades, seis gatos adultos que no son sociables y que no pueden adaptarse a una familia humana se han quedado sin hogar y necesitan una nueva ubicación en la que poder seguir viviendo. Y siete cachorros asustados buscan familias responsables para comenzar una nueva vida lejos de los peligros de la calle.

No es ni mucho menos el primer derribo de un edificio con gatos dentro. Pero esta denuncia tiene que ser un aldabonazo para el desarrollo de una ley que se dice "de protección animal" y que se queda muy corta para cumplir con sus propios objetivos.  La norma tiene que cambiar para que un derribo no se pueda ejecutar si hay vidas en peligro, para que se permita a los rescatistas capturar a esos animales y ponerlos a salvo. Y la conciencia, la individual y la colectiva, tiene que evolucionar para que esas vidas importen, para combatir activamente el maltrato y para no pasear indiferentes entre el abandono y el sufrimiento.

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