A combatir la precariedad

En el mercado de trabajo español, durante el primer trimestre del presente año, estaban registradas 19,7 millones de personas asalariadas. Basándose en datos y recetas que aparecen en el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el ex director de El País, Joaquín Estefanía, escribe que “en España se crea empleo pero es de una calidad ínfima y mal pagado, hasta el punto de que el nivel de seguridad en el trabajo es el segundo más bajo de los treinta y cinco países más ricos del mundo”.

Estefanía, que de esto sabe un rato, califica a la OCDE de 'bombero pirómano', tras interpretar que, pese a las anteriores consideraciones, la organización intergubernamental cree que hay que persistir en la reforma laboral del Partido Popular del año 2012, de modo que que hay que profundizar en la misma, abaratando aún más los costes del despido.

Estas apreciaciones son constatadas en la investigación hecha por el economista y diputado gallego Manuel Lago, quien concluye que solo el 47,5 % de las personas afiliadas al régimen general de la Seguridad Social tiene un contrato definido a tiempo completo. Si una de cada dos personas asalariadas en nuestro país es precaria, se demuestra que esta característica es un mal estructural y un elemento principal del mercado de trabajo nacional.

En efecto, remitiéndose a datos de la Seguridad Social, consignados en el último informe del pasado mes de junio, aparece ese porcentaje del régimen general que, excluidos agrarios y empleados de hogar, es el que tendría un contrato indefinido a tiempo completo. Por consiguiente, el 52,5 % restante tiene una relación contractual precaria, ya sea por contratación temporal o porque trabaja a tiempo parcial.

Si a los registros señalados se añaden los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), la precariedad es aún más evidente. La tasa de temporalidad es del 26 %; la de parcialidad, del 15 % y la de paro se eleva al 17 %.

La investigación de Lago permite contrastar que, en los primeros meses de 2018, eran unos diez millones de españoles quienes tenían un contrato indefinido y a tiempo completo. En otras palabras, el segmento del empleo estable apenas llega al 51 %. El resto de asalariados, unos 9,7 millones de hombres y mujeres, son precarios. Aquí, hay que particularizar en el sentido de que la categoría más numerosa está formada por más de cuatro millones de personas “que viven sometidas a la incertidumbre de la renovación o no de un contrato temporal”.

Claro que la temporalidad no es el único soporte de la precariedad pues también están condicionadas por tal circunstancia 1,7 millones de personas (la mayoría, mujeres) que trabajan por horas o son fijas/discontinuas. A tener en cuenta también que hay un amplísimo colectivo, unos 3,8 millones de personas, que bascula entre el desempleo y el trabajo precario, moviéndose pues entre bajos salarios y un deficiente sistema de protección o cobertura cuando están en paro.

Es evidente: hay que combatir esa precariedad, que afecta, sobre todo, a mujeres y jóvenes. Claro que ello pasa, posiblemente, por una modificación sustancial del modelo de relaciones laborales instaurado desde hace años.