Estatuto

Vaya por delante que no confío en que el nuevo Estatuto vaya a resolver mucho las cosas. Más que nada porque el modelo autonómico del Estado español está agotado y porque quienes han tenido y tienen la responsabilidad de manejarlo (aquí y en Madrid), por desidia o por consigna política, o no están convencidos de su utilidad para resolver los problemas de los ciudadanos o han estado más preocupados en otras cosas…

Pese a todo, no entiendo las reticencias de determinadas formaciones políticas canarias a la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía. No sé si ese rechazo es por postureo, por ignorancia o por soberbia; lo cierto es que el PP, NC y Podemos se oponen a que se tramite en las Cortes. Me temo que ni se lo han leído (tampoco creo que lo hayan hecho CC y PSOE, pero les toca defenderlo). Algo incluso comprensible porque el nuevo Estatuto pasa de 65 a 200 artículos y el expediente que lo soporta consta de miles de folios.

Ese Estatuto, en cuya elaboración estuve implicado durante más de 10 años, ha sido consensuado con amplios sectores sociales y políticos y no solo es homologable al resto de Estatutos de última generación aprobados desde 2006, el Catalán incluido, sino que exprime al máximo las posibilidades de autonomía -incluso en algunos casos las sobrepasa- que permite un marco constitucional ya superado por las circunstancias.

Aprobado la pasada legislatura por el Parlamento de Canarias y remitido a las Cortes, el Estatuto tiene como principal objetivo, 20 años después de la reforma cosmética –incluso meramente estética- de 1996, profundizar de verdad en nuestro autogobierno y en el reconocimiento de nuestras singularidades.

Durante 3 legislaturas, desde 2004 hasta 2015, se intentó, quizás con escasa repercusión mediática, que desde las instituciones, pero también desde la propia sociedad civil, se reflexionara sobre las oportunidades que podían brindar una nueva reforma estatutaria para mejorar, desde la óptica económica, pero también desde la social y la democrática, las perspectivas de futuro del Pueblo canario.

Fruto de decenas de reuniones, informes y aportaciones, esa reforma del Estatuto contiene un catálogo de derechos de los ciudadanos y de principios rectores que obligan a los poderes públicos a garantizar el Estado del Bienestar, a asegurar que la prestación de los servicios esenciales sea esencialmente pública, lo que sin duda va a contribuir a mejorar la calidad de vida y la satisfacción de necesidades cotidianas de los canarios (trabajo, vivienda, sanidad, educación, dependencia, cultura, etc.), así como a potenciar la participación ciudadana, la transparencia y el buen gobierno.

También intenta crear nuevos espacios en los que las instituciones democráticas canarias puedan tomar las decisiones más importantes que afectaran a los ciudadanos para, por ejemplo, incentivar la economía, crear más y mejor empleo o reformar las Administraciones canarias para hacerlas más eficaces y evitar duplicidades.

La reforma siempre se planteó desde el consenso político y social, ya que la totalidad de las fuerzas políticas parlamentarias y las principales organizaciones sociales y económicas del Archipiélago creyeron en algún momento que era necesario de dotarnos de un nuevo marco normativo que regule nuestro autogobierno.

En definitiva, se quiso abordar una reforma estatutaria que adoptara un modelo de autogobierno propio y peculiar, hecho en Canarias y por los canarios, que reconociese y garantizase nuestras especificidades; que nos diera herramientas que nos ayudasen a evitar la excesiva dependencia exterior; que reconociese las aguas archipelágicas como parte de nuestro territorio; que facilitase la participación ciudadana en la toma de decisiones (reformando el sistema electoral, estableciendo la disolución anticipada del Parlamento o permitiendo la agilidad de los procedimientos administrativos y parlamentarios); que garantizase nuevos derechos sociales; que redujese la dependencia energética apostando por energías limpias y renovables; que estableciese un nuevo sistema de financiación; que nos dotara de nuevas competencias en materias claves para Canarias (puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, costas, comercio y sanidad exterior, etc.); que blindase nuestro régimen económico fiscal para incentivar la economía y la creación de empleo y riqueza; o, en fin, que nos permitiese la posibilidad de abrirnos al exterior para contribuir al desarrollo de esta parte del Atlántico.

El objetivo siempre fue lograr un nuevo encaje jurídico-constitucional en el Estado español para las próximas décadas en el que Canarias pudiera mejorar su autogobierno…

No sé si es el mejor Estatuto posible, pero desde luego es un buen Estatuto que está a años luz del vigente, pues este ya no responde a las necesidades actuales de los canarios. Si alguien tiene algo nuevo que aportar, bienvenido sea. Lo que no se entendería es que solo quieran retrasar una reforma necesaria por intereses inconfesables…

Lo único que espero es que nuestros dirigentes estén a la altura de las circunstancias. Que, en vez de preferir que las decisiones más importantes que nos afecten sigan viniendo desde fuera, tengan la firme convicción de que la senda del autogobierno es irreversible e irrenunciable y que únicamente profundizando en él podemos los canarios aspirar a un futuro próspero, ilusionante y esperanzador. Si no es así, que lo digan, porque los ciudadanos tenemos derecho a saber por qué se juega con nuestro futuro…