Un país en liquidación

No pasa un día sin que, desde la prensa más conservadora, los centros de pensamiento ultraliberales y muchas de las instituciones y políticos a su servicio, se traslade el mensaje de la necesidad de que el Estado debe vaciarse para conseguir unos mejores servicios y unos precios más baratos. El BCE acaba de lanzar la consigna a los países acogotados como España que hay que plantear reformas estructurales “valientes” para liberalizar la economía; la Comisión Europea hace unos días envió el mensaje de que estaba vigilando estrechamente a España porque todavía tiene participaciones, a través del Frop y la Sepi, en grupos energéticos como Enagás, REE o Iberdrola, a través de Bankia; The Heritage Foundation, el “think tank” ultraliberal que elabora un Índice de Libertad Económica anual, denunciaba que España ha bajado cuatro puestos en su ranking; Roland Berger, que acaba de embolsarse dos millones de euros por analizar la situación de la banca española, encima nos da lecciones y nos plantea que “es un error que en Europa se piense que las infraestructuras deben mantenerse en manos públicas”?Y podríamos llenar varios folios con otros ejemplos.

No son fruto de la casualidad las campañas de acoso y desprestigio que insisten una y otra vez en que sobran funcionarios, empleados públicos, políticos, autonomías y ayuntamientos, en los mismos medios de comunicación, en instituciones como FAES o en organizaciones empresariales. Todo es derroche y mala administración. Se necesitan entonces los salvadores privados que “generosamente” se presten a rescatarnos. Como aseguran David McDonald y Greg Ruiters, los neoliberales afirman que la privatización aparece cuando el Estado fracasa. Y si no fracasa, hay que hacerlo fracasar o hacer parecer que fracasa: “los funcionarios solo se preocupan por la recaudación, son ineficientes, irresponsables, inflexibles y poco imaginativos. La privatización se ve así como una opción política racional y favorable a los pobres”. Es necesario entonces procurar un Estado que no se entrometa, que deje la economía en manos de los mercados.

Por eso Mariano Rajoy no se ha cortado un pelo en anunciar que va a activar cuanto antes un plan de privatización, de lo poquito que nos queda, para recaudar unos 40.000 millones de euros. De hecho, ya ha anunciado la liberalización de los ferrocarriles y un plan inmediato para hacer lo mismo con Aena, aeropuertos, Loterías, Paradores, Correos o Iberia. Y después continuarán desprestigiando la sanidad, la educación y los medios de comunicación públicos y así, cuando el Estado naufrague, para que alguien los salve, los privatizarán.

Y es que en esto de las privatizaciones nos hemos hecho unos expertos. El primero que se lanzó a esta charca fue Felipe González, en la década de los ochenta, cuando aprobó una “Ley de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas” que propició unas 70 operaciones de venta de acciones públicas (Marsans, Textil Tarazona, Secoinsa, Astican, Campsa, Enagás, Seat, etc). Pero quién se dio el lote, porque no podía ser menos que Reagan, Margaret Thatcher o Bush, fue José María Aznar que entró a saco poniendo en marcha el “Programa de Modernización del Sector Público Empresarial” y un Consejo Consultivo de Privatizaciones para malvender, como reconocieron los propios organismos reguladores, un patrimonio extraordinario. Así desaparecieron Endesa, Transmediterránea, Elcano, Santa Bárbara, Caja Postal, Banco Exterior, Banco de Crédito Industrial, Aceralia, Repsol, Argentaria, Indra, Gas Natural, Tabacalera, Red Eléctrica, Retevisión, Aldeasa y tropecientas más. Según el profesor Joaquín Vergés ?que ha estudiado muy bien todo el proceso- el promedio de resultados positivos de las empresas vendidas era de 4.057 millones de euros y el promedio de empresas con resultado negativo de 765 millones. Fíjense entonces en el “gran negocio” que hizo el Gobierno de Aznar simplemente para hacer caja y para cumplir el mandato neoliberal en el que creía a pies juntillas. Mientras Alemania y Francia contravenían más de una docena de veces el Tratado de Maastrich, el Gobierno del PP presumía de cumplir con sus criterios. Después vendría Zapatero con su tajada a las cajas de ahorros y un intento inconcluso de privatizar aeropuertos, Aena y Loterías que ahora se presta Rajoy a ejecutar con premura. La socialdemocracia y la derecha conservadora y liberal a la sombra del neoliberalismo que presume de cubrir todos los espectros.

Se trata de un trasvase puro y duro de la propiedad y el control de lo público a multinacionales o empresas nacionales que, como estamos viendo estos días con las autopistas españolas, no corren ningún tipo de riesgo. Cuando aparecen problemas de rentabilidad el papá Estado, inservible para tantas cosas, se ve de nuevo obligado a intervenir para rescatar el servicio o para inyectarles dinero público. Efectivamente, para evitar una deuda de más 4.000 millones para el Estado, de nuevo el PP y el PSOE se han puesto de acuerdo para compensar, con más de 300 millones de euros, a las empresas que se quedaron con las autopistas españolas de peajes. Y es solo un ejemplo: ahí tenemos la banca y el perjuicio tremendo que produce su salvamento a la ciudadanía.

Pero no todos salen perdiendo, como le sucede al conjunto de la sociedad que termina pagando más caros unos servicios cada vez más deficientes. A muchos les ha venido muy bien. Y si no que le pregunten a los expresidentes y exministros de gobiernos que hoy reciben un salario generoso de las empresas que privatizaron en su día. O a Urdangarín que vivió a costa de Telefónica durante muchos años, al igual que Zaplana, que lo sigue haciendo. O al trabajo que le acaban de conceder al marido de María Dolores de Cospedal en Iberdrola. O al de Soraya Saénz de Santamaría que ha tenido la suerte de que Telefónica necesitara “a alguien con su currículo”. O a toda la gente de su cuerda situada después al frente de las compañías (Pizarro es un ejemplo). Y podría seguir nombrando a exsecretarios de Estado, cancilleres de otros países, comisarios europeos, etc, que han pasado a cobrar nóminas, “como compensación a su trabajo” de convertir en privado lo que antes fue público.

Y para rematar la jugada, el gobierno acaba de dar luz verde a la eliminación de los organismos fiscalizadores y de control de la competencia para nombrar un regulador único. Como acaba de afirmar el presidente de la CNE, “a alguien no le gusta la transparencia de los reguladores”.

En fin, no estaría de más que reflexionáramos con Emilio Lledó: “Es un deber de la sociedad descubrir las razones ocultas de las privatizaciones.(?) No se entiende bien cómo les votan a esos destructores de la idea de lo público(?) ¿Quién nos devolverá, en el futuro, la vida pública, los bienes públicos, que nos están robando?

Antonio Morales