Ampliar los ERTE, adelantar pagas o reforzar las ayudas públicas: las propuestas del sector hotelero ante la crisis del coronavirus

La patronal hotelera española y los principales sindicatos han elevado al Gobierno un conjunto de propuestas comunes para proteger un sector, el del alojamiento turístico, que representa el 14% del Producto Interior Bruto (PIB) del país y que ha tenido que paralizar su actividad como consecuencia de las medidas decretadas tras la declaración del estado de alarma. El escrito dirigido al Ejecutivo central está firmado por la Confederación española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), que tiene al canario Jorge Marichal como presidente, la Federación de Servicios de Comisiones Obreras (Servicios-CCOO) y la Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FeSMC-UGT).

Sindicatos y la Confederación consideran que la causa de fuerza mayor derivada del estado de alarma persistirá específicamente en este sector una vez se levante este periodo decretado por el Estado, ya que continuarán las restricciones a la movilidad y al transporte, no solo en España sino en el ámbito internacional. La actividad “tardará más tiempo aún en recuperarse”, advierten los firmantes del documento, que solicitan que se declare la concurrencia de esa fuerza mayor y en las condiciones actuales al menos por un periodo inicial de seis meses, sin perjuicio de que este se amplíe si persistieran las circunstancias y previa consulta a los agentes sociales del alojamiento turístico español.

La patronal y los trabajadores consideran que la administración pública debe tener en cuenta esta circunstancia a la hora de tramitar los Expedientes de Regulación de Empleo (ERTE), con los efectos de exención de cuotas empresariales a la Seguridad Social y de protección específica por desempleo a las personas trabajadoras que vean suspendidos temporalmente sus contratos o reducidas sus jornadas.

Los agentes sociales hacen un llamamiento al Ejecutivo estatal para que garantice una protección por desempleo para las personas trabajadoras en situación de ERTE, incluidos los contratos fijos discontinuos, mediante prestaciones y ayudas públicas suficientes, sin exigencia de carencia, y la reposición de las prestaciones que pudieran consumirse durante la situación legal de desempleo temporal. Teniendo en cuenta los importes y los topes de las prestaciones por desempleo, reclaman que las personas trabajadoras afectadas por ERTE perciban en la fecha estipulada en sus convenios colectivos el  importe total de la paga extraordinaria de verano correspondiente. Para paliar los efectos de estos expedientes en la renta inmediata de las personas trabajadoras, los agentes han acordado que las empresas abonen a quienes lo soliciten el adelanto de la paga extraordinaria completa antes de su vencimiento. 

Otras medidas 

“El  contrato fijo discontinuo es una modalidad muy presente en algunos ámbitos geográficos del país en el sector del alojamiento turístico, motivo por el cual necesitan también medidas de protección”, señala el documento. Los agentes sociales firmantes de este acuerdo se comprometen a que las personas trabajadoras con esta modalidad contractual serán llamadas por las empresas en la fecha que inicialmente estaba prevista y posteriormente se las incluirá en el correspondiente ERTE, como al resto de la plantilla.

Otra medida solicitada es que se establezca, mediante regulación legislativa, un periodo de doce meses de  carencia en las amortizaciones de capital en aquellas operaciones financieras “que apalancan la actividad”. Por tanto, durante los próximos doce meses las empresas pagarían únicamente las cantidades relativas a los intereses de estas operaciones, devolviendo el capital mediante la ampliación de esos meses en el vencimiento inicial de las operaciones. Según la patronal y los sindicatos, esta medida tendría que llevar aparejada una exención en el impuesto de los actos jurídicos documentados en estas novaciones y la implantación de unos aranceles máximos tanto notariales como registrales. 

Reanudación de la actividad

Tras la reanudación de la actividad productiva, las empresas  se comprometen a desplegar “todos los medios preventivos que  garanticen en todo momento la seguridad y salud de las personas trabajadoras”, así como de los clientes, evitando cualquier riesgo de contagio de la COVID-19. Para ello, proveerán de equipos de protección individual homologados y aplicarán las medidas de contención fijadas por las autoridades sanitarias. 

En caso de reapertura paulatina, las empresas  aseguran que no recurrirán a trabajo temporal o contratos de duración determinada  hasta el reingreso de la totalidad de la plantilla afectada por el ERTE por fuerza mayor. Los representantes sindicales participarán en el proceso de incorporación progresiva de las personas trabajadoras. Asimismo, se ha acordado que se adopten previsiones de manera que puedan vincularse mejoras de la prestación por desempleo a cargo de las empresas, cuando estas alcancen niveles de ocupación o actividad adecuados, en los términos que se negocien en cada empresa. 

Los agentes sociales se comprometen a  continuar el diálogo social para compartir principios e iniciativas que defiendan al sector. Superada esta primera fase, CEHAT, Servicios-CCOO y FeSMC-UGT iniciarán una  segunda fase para tratar de consensuar otras medidas relativas al fortalecimiento de la actividad, de acuerdo con las previsiones y las decisiones de la autoridad sanitaria y gubernamental. Trabajarán para “fortalecer la liquidez y el capital de las empresas; para garantizar el mantenimiento del empleo y el poder adquisitivo de las personas trabajadoras; y para analizar y definir cambios estructurales para el sector, basados principalmente en la formación y recualificación de las plantillas, la rehabilitación y mejora de las infraestructuras físicas y digitales del sector, y en la optimización del tejido productivo y mejora del modelo turístico”.