La queja de un contribuyente pone en tela de juicio la fiabilidad del registro de la Agencia Tributaria
La palabra Hacienda despierta tanto temor como respeto en los ciudadanos y, si sus investigaciones para detectar posibles delitos fiscales se han convertido en una de las piedras angulares sostenidas por la Justicia para sacar a flote la corrupción en las administraciones públicas, no es menos cierto que en algunos casos la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) se ha visto obligada a rectificar.
Sin embargo y al igual que sucede con la Justicia, para que eso ocurra pueden llegar a pasar años. Es el caso de un contribuyente canario, que desde el año 2010 vive pendiente de que se resuelva una queja que interpuso al no estar de acuerdo con la sanción por infracción tributaria que se le exigía, y cuyas circunstancias ponen en tela de juicio la fiabilidad del registro de la Agencia.
Dicho afectado envió a través de la administración de Correos un recurso de reposición el 29 de noviembre del mencionado año, último día antes de que se terminara el plazo establecido, según se desprende del acuse de recibo mostrado a Canarias Ahora por el asesor fiscal y presidente de la Asociación Davide para la Defensa del Contribuyente, José Alfonso García.
El problema surge una vez el remitente recibe la respuesta de la Agencia Tributaria, que inadmite el recurso de entrada por haber llegado fuera de tiempo. Algo incierto, porque la fecha que cuenta en estos casos es la que Correos sella en el documento en cuestión – al actuar como ente público- y no la del día en que la carta llega a su destinatario, lo que puede ocurrir varias jornadas más tarde, señala el presidente de Davide.
Es entonces cuando el contribuyente decidió acudir al Tribunal Económico y Administrativo Regional (TEAR), un organismo con competencia autonómica que pertenece a Hacienda y, por lo tanto, cuenta con inspectores entre sus miembros. Pero cometió el error de no aportar el certificado que dejaba clara la fecha del envío.
Como la vía judicial no resultaba una opción, debido a que le suponía un coste que decidió no asumir, la Asociación Davide le recomendó acudir al Consejo para la Defensa del Contribuyente – que también depende de Hacienda- entidad que tiene la capacidad de promover que la Administración revoque su resolución.
Para sorpresa del asesor fiscal, el propio TEAR insistió en que el contribuyente había enviado tarde su recurso, para lo que dijo basarse en el propio escrito del afectado que la Agencia Tributaria había hecho llegar al Tribunal. Lo curioso del caso es que dicho documento no refleja el sello de Correos, que debía mostrar la fecha del envío, sino que en su lugar figura una etiqueta adhesiva del Registro General de Documentos de la Administración de Las Palmas de Gran Canaria - presumiblemente superpuesta por “mala suerte”- cuya entrada data del 30 de noviembre a las 00.00 horas.
Es decir, que el recurso se quedó fuera de plazo por un segundo y que algún trabajador lo registró en ese momento. Para el presidente de la Asociación, esto podría suponer una manipulación en perjuicio del contribuyente.
Por mucho que el asesor fiscal ha acudido a las dependencias para pedir la copia original, que a contraluz debería reflejar el sello de Correos, no se le ha permitido el acceso a la misma. A esto se le añade que, pasados los años, Davide no ha recibido a ninguna notificación al respecto -aunque desde el Consejo aseguran haber enviado una carta por correo ordinario- y tan solo ha sabido de forma oral que la petición ha sido inadmitida. “Como no han recibido respuesta, la dan por archivada”, apostilla.
Asimismo, asegura que “no nos vamos a quedar aquí, vamos a seguir” y adelanta que próximamente acudirá al Defensor del Pueblo y, en su caso, a la Inspección General de Servicios de Hacienda.
El afectado, que sufre un desgaste considerable, deberá de seguir esperando. “La situación de indefensión del contribuyente es impresionante”, concluye José Alfonso García.
