El Observatorio de Transporte Aéreo de Gran Canaria rechaza la subida de tasas anunciada por Aena

El Observatorio del Transporte Aéreo de Canarias de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria rechaza la subida de las tasas aeroportuarias anunciada por Aena y exige al Gobierno canario el ejercicio de la competencia autonómica en los aeropuertos de interés general.

Ante el anuncio de Aena de incrementar las tasas aeroportuarias un 4,1 % a partir del 1 de marzo del próximo año, el Observatorio, en un comunicado difundido este viernes, pide al Gobierno regional que aplique el artículo 161 del Estatuto de Autonomía.

A su juicio, “no hay transparencia suficiente en la gestión de la entidad mercantil, Aena, como para imponer nuevas cargas a los aeropuertos canarios, ni se determinan las instalaciones aeroportuarias deficitarias en las que se aplicará una parte de lo recaudado en la comunidad”.

Alerta también de que todos los ingresos de los aeropuertos canarios se generan con recursos propios, entre los que figuran los originados por los pasajeros que visitan las islas atraídos por su oferta turística, por lo que considera que el consejo de administración de una empresa público-privada “no puede decidir dónde aplicarlos sin el conocimiento del Gobierno de Canarias”.

Según el Observatorio, Canarias tiene una dependencia total del modo aéreo para su movilidad y para competir en la industria turística, por lo que la única variación de tasas debe ser para su reducción o su exoneración.

Por todo ello, el Observatorio del Transporte Aéreo de la Real Sociedad de Económica de Amigos del País de Gran Canaria entiende que es necesaria la aplicación “inmediata” del artículo 161 del Estatuto de Canarias y que la gestión de los aeropuertos canarios pase a ser pública e individual.

Los aeropuertos de Canarias deben ser administrados por las instituciones insulares correspondientes, y gobernados por un Consejo de Administración aeroportuario con la representación “debida y bajo el imperio regulatorio, planificador, supervisor e inspector del Estado”.

El Observatorio entiende que Aena “está usurpando” las competencias del Estatuto de Autonomía de Canarias sin que hasta la fecha haya habido ninguna iniciativa para cambiar esta situación, que perjudica “gravemente” a los intereses de la ciudadanía, por lo que urge reclamar ya la gestión de la competencia exclusiva de los aeropuertos de Canarias.

La gestión de esta competencia sobre los aeropuertos de Canarias es esencial para el desarrollo económico y social del archipiélago, es un instrumento estratégico para el turismo y para el comercio exterior, pues implica el control y el acceso a los mercados en el modo aéreo, además de la generación de multimillonarios recursos económicos, recalca el comunicado.

Los aeropuertos de Canarias se construyeron y desarrollaron con recursos aportados por las islas y son los territorios insulares los que soportan las cargas asociadas a las servidumbres de los aeropuertos sin contrapartida alguna y sin que hasta la hecha se rindan cuentas de la gestión a la ciudadanía de Canarias o a sus representantes, concluye la organización.

Gobierno canario y empresarios, también en contra

El Observatorio no es la única organización que se ha posicionado en contra de las nuevas tasas; también lo ha hecho el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife (CEST), así como los cabildos de Tenerife y La Gomera y el Gobierno de Canarias, por boca de la consejera de Turismo, Jessica de León. Todos coinciden en que el incremento afectará a los precios de los billetes y, por tanto, a la competitividad de las Islas como destino turístico, además de afectar a la movilidad de los residentes.

Algunas voces han propuesto revisar la medida y que los aeródromos isleños queden exentos para no perjudicar al motor de la economía insular ni perjudicar a los residentes.

Topar los precios en las Islas

El pasado mes de diciembre, en plena campaña navideña, una de las épocas más caras del año para viajar a las Islas, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, confirmó que el Gobierno estaba trabajando en un proyecto piloto para analizar si se puede establecer alguna obligación de servicio público en alguna de las rutas entre Canarias y la Península, y, de este modo, establecer una tarifa máxima en los billetes ante la subida de los precios.

Así se lo comunicó a la entonces diputada de Coalición Canaria María Fernández durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde la ministra explicó que el Gobierno estaba analizando esa posibilidad debido el incremento de los precios.

A finales de enero, el Gobierno central y el canario anunciaron que se establecería, a modo de prueba, la Obligación de Servicio Público (OSP) en una ruta entre las Islas y la Península con el fin de controlar el alza desmesurada de los precios. Finalmente se acordó que dicha ruta sería la de Lanzarote-Madrid, pero por el momento no se ha puesto en marcha y, desde entonces, se ha producido un relevo al frente del Gobierno canario, que antes estaba en plena sintonía con el central, al estar ambos presididos por el PSOE.