Canarias necesitará casi 1.900.000 puntos de recarga eléctrica para descarbonizar el transporte por carretera

Recaga de vehículos eléctricos en Las Palmas de Gran Canaria.

La transformación del Pacto Verde Europeo en material legislativo consistente sigue su curso en el camino de convertir el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs) en una realidad. Esta vez, la Comisión Europea aborda el sector del transporte con una propuesta de Reglamento que persigue reforzar los estándares respecto a las emisiones de CO2 para vehículos. 

Rutas y obstáculos para descarbonizar todo el parque de vehículos de Canarias

Rutas y obstáculos para descarbonizar todo el parque de vehículos de Canarias

El sector de la movilidad ha experimentado un aumento de las emisiones a lo largo de las últimas décadas. En la actualidad el transporte por carretera supone el 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la Unión Europea. Al mismo tiempo, la industria del automóvil concentra el 7% del PIB del mercado único europeo. Ante esta situación, el cambio de modelo económico hacia la aclamada neutralidad climática debe contemplar una transformación profunda del sector automovilístico al tiempo que salvaguardar la industria, garantizar la producción y no cargar los bolsillos de los ciudadanos con la responsabilidad de reducir las emisiones. 

Si bien la propuesta de la Comisión apunta a la prohibición de la venta de coches y furgonetas que emitan dióxido de carbono (CO2) a partir de 2035, alcanzar este ambicioso objetivo en los próximos nueve años supone todo un reto. Sin ir más lejos, en España los vehículos diésel representaban el 93% de la flota automovilística en 2020. Para corregir esta situación, compartida por otros Estados miembros, la Comisión pone encima de la mesa la posibilidad de que a partir de 2035 solamente se puedan comercializar vehículos 100% eléctricos con baterías y los eléctricos con depósito de hidrógeno.

Según el Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en 2020 en el Archipiélago había 802,4 vehículos por cada 1.000 personas, es decir, 0,8 vehículos por persona. En Canarias hay casi tantos vehículos como personas. Además, en los datos desglosados, el ISTAC indica que hay 540 turismos por cada 1.000 personas. Es decir, por cada dos personas, hay un coche. El archipiélago canario cuenta con un 5% del parque automovilístico de España, en total 1.722.928 vehículos en 2020, de los cuales el 33,3% consumen gasoil y el 66,4% gasolina. En este marco, la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha desarrollado la Estrategia de Vehículos Eléctricos para Canarias, cuyo objetivo fundamental es la descarbonización total del parque automovilístico. Para ello, los vehículos eléctricos se perfilan como la única alternativa viable. 

Actualmente, hay un total de 866 puntos de recarga repartidos en las islas. Sin embargo, según lo estipulado en la estrategia gubernamental, para alcanzar la descarbonización del transporte terrestre en Canarias serán necesarios un total de 1.820.754 puntos de recarga, lo que supondrá una inversión de aproximadamente 11 millones de euros. El segundo punto fundamental del plan del ejecutivo regional es la reducción del ratio de vehículos por persona en un 25%, fomentando el uso del transporte colectivo e intermodal. Uno de los problemas fundamentales del territorio insular es su compleja orografía que, unida a la distribución dispersa de núcleos de población, hacen del transporte privado una necesidad. Si bien los centros urbanos cuentan con sistemas de transporte público accesibles y que cubren en gran medida las necesidades de la población, las zonas rurales están en desventaja y requieren de planes de movilidad específicos para garantizar el servicio. 

Según lo estipulado en el Reglamento propuesto por el ejecutivo de la UE, la Estrategia de Vehículos Eléctricos para Canarias sienta las bases para una transición hacia un transporte por carretera menos contaminante en el Archipiélago, adaptando el marco regulatorio regional a las orientaciones de las políticas comunitarias a tiempo de garantizar la implementación en el marco temporal del Pacto Verde Europeo.

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