Eduardo Galván: “Aspiramos a que en cuatro años la primera opción de calidad sea la ULPGC”
Eduardo Galván es Catedrático de Universidad del área de Historia del Derecho y de las Instituciones. Licenciado en Derecho, ha sido docente en las Universidades de Granada y de Las Palmas de Gran Canaria. Su discurso es directo y claro.
En estos momentos está embarcado en la carrera para ser rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) con un discurso directo y claro y con el que intentará vencer este miércoles 16 de noviembre a Alberto Montoya y Rafael Robaina.
Pregunta: ¿Cómo propone modificar el Reglamento de Planificación Académica (RPA)?
Respuesta: Proponemos derogarlo, no modificarlo. Proponemos derogarlo porque creemos que sus principios desdibujan del profesor universitario. Tenemos un profesorado universitario con un alto componente vocacional que se dedica con pasión a la investigación y a la docencia y creemos que el reglamento tiene que ser fiel reflejo de ello y una herramienta al servicio de esas actividades, y no un impedimento para desarrollaras de manera adecuada. Por eso nuestra propuesta plantea derogar el Reglamento de Planificación Académica. Proponemos abrir un proceso que sea capaz de generar un amplio consenso para dotarnos de una herramienta reglamentaria que obedezca, primero, a la realidad del profesor universitario y las tareas que desarrolla, segundo, que reconozca el esfuerzo del profesorado y lo valore en su justa medida. En tercer lugar que dé estabilidad a la planificación académica, la planificación académica es un medio para dar mejor la docencia, y esa docencia es necesario que haya un cierto horizonte de estabilidad que permita prepararse como merecen las asignaturas que les son asignadas. Por último, en cuarto lugar, que se mantenga como máxima dedicación del profesorado los 24 créditos, tal como pasa en la gran mayoría de las universidades españolas.
P: ¿Qué propone para los profesores asociados a tiempo parcial?
R: La figura de profesor asociado a tiempo parcial puede aportar unas cualidades a la Universidad siempre que se mantenga el perfil que recoge la ley. Son personas de competencia profesional con un currículum destacado y ese perfil de asociado a tiempo parcial es el que recoge la ley. Además, es el que nos permite contactar y conectar con el mundo profesional y el de la empresa. Respetando ese perfil, nosotros apostamos por mantenerlo, pero entendemos que la figura del profesor asociado a tiempo parcial no puede convertirse en el recurso económicamente más sencillo y más fácil para atender unas necesidades docentes que son estructurales y que en un periodo de diez años nos van a enfrentar a la jubilación de la mitad de la plantilla. Esa jubilación no puede afrontarse con figuras de esta naturaleza sino que tiene que apostar con figuras de profesorado a tiempo completo.
P: ¿Qué pretende para hacer frente a la interinidad de los trabajadores?
R: Lamentablemente esa es una situación que clama al cielo. Tenemos personas que se han formado y han superado una oposición con todo el esfuerzo que conlleva, que han demostrado sobradamente su mérito y capacidad, que son extraordinarios trabajadores y que se dedican con pasión al servicio público, y que llevan en algunos casos más de 18 años en situación de interinidad. Nosotros apostamos por dotar de estabilidad a ese personal, por adoptar políticos de consolidación de estos empleados públicos que han accedido a la plaza conforme establece la ley, y en este sentido adoptar las políticas que se han adoptado en la Universidad de La Laguna o en instituciones insulares.
P: ¿Cómo debe ser la financiación de la universidad?, ¿seguir dependiendo de fondos públicos?
R: Canarias tiene el tejido productivo que tiene. Por ejemplo, las universidades escandinavas, que tienen un tejido productivo muy diferente al nuestro, la financiación de las universidades públicas es en torno a un 70% de fondos públicos y un 30% de recursos que se obtienen de investigación o externos. Ese es un horizonte deseable pero con nuestro tejido productivo actual, en un corto plazo, es un horizonte de sueño, un horizonte que es imposible alcanzar. Creemos que somos un servicio público estratégico para la sociedad canaria, que somos el servicio que permitirá dar un salto de calidad en nuestro tejido productivo y en afrontar un escenario cada vez más cambiante, nosotros podemos ahí tener un papel más destacado, pero ese papel tiene que ser reconocido desde la perspectiva de la financiación. Tenemos unos gastos mínimos de funcionamiento que están ahí con independencia del número de estudiantes al que servimos, exactamente igual que en las instituciones sanitarias o en las instituciones de otro tipo de servicios públicos, y creemos que es necesario que ese gasto de funcionamiento mínimo sea reconocido en el marco financiero.
P: ¿Cómo se hacen atractivas las ofertas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para los estudiantes frente al resto de universidades de las Islas y del país?
R: Nuestra principal aspiración es que cualquier estudiante canario, dentro de cuatro años, tenga muy clara que su primera opción de calidad para estudiar el grado, el postgrado, el doctorado, y para hacer su formación a lo largo de la vida con pasarelas y salidas flexibles hacia el extranjero, que esa primera opción de calidad sea la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. No por el simple hecho de estar aquí, que también, sino por el hecho de que aquí aprendemos bien, investigamos bien y sobre todo en esos procesos el estudiante es protagonista del proceso, se le tiene en la máxima consideración y es el foco sobre el que gira todo el aprendizaje y la investigación.
P: ¿Cómo tiene que ser al acceso a la universidad?
R: Las discusiones recurrentes sobre las pruebas de acceso, que yo recuerdo que datan de la época que yo hacía COU al menos. Eso pone de manifiesto la urgentísima y perentoria necesidad de abordar de una vez por todas un pacto estatal por la educación que tenga la vocación de durar al menos dos generaciones y que en vez de ocupar de lo accesorio nos ocupemos de lo fundamental.
P: ¿Qué opina del 3+2?
R: Nosotros partimos del rechazo al 3+2, no creemos que el sistema de Bolonia haya sido suficientemente testeado como para estar de nuevo con experimentos que cuesta mucho dinero, mucho esfuerzo y recursos públicos. Implantar un plan de estudios supone un esfuerzo académico importantísimo y creemos que en esa cuestión no se debe improvisar. Somos contrarios al 3+2 pero tenemos que tener un plan de contingencia preparado por si acaso el 3+2 se extiende y tener una respuesta preparada, tampoco podemos improvisar nosotros.