La Guardia Civil atribuye a Carlos Sánchez Ojeda (PP) un presunto cohecho en Lanzarote
El consejero del PP en el Cabildo de Gran Canaria Carlos Sánchez Ojeda figura en el sumario del caso Unión como presunto autor de un delito de cohecho y otro de tráfico de influencias en relación a los intereses de uno de los principales implicados, Luis Lleó Khunel, propietario mayoritario de los terrenos de Costa Roja, en Yaiza, cuya propuesta a través del empresario Fernando Becerra de cometer un cohecho al consejero socialista del Cabildo insular Carlos Espino originó la vasta investigación contra la corrupción en Lanzarote.
La Unidad contra el Crimen Organizado (UCO) de la Guardia Civil atribuye a Carlos Sánchez Ojeda un papel fundamental en el intento de Luis Lleó de vender al Gobierno de Canarias un inmueble de su propiedad, en la Marina de Naos (Arrecife), para que fuera destinado a edificio de usos múltiples. Las gestiones para llegar al Gobierno de Canarias, en concreto a la Consejería de Economía y Hacienda del vicepresidente regional, José Manuel Soria López, quedan en manos del subordinado de Soria en el Cabildo de Gran Canaria, Sánchez Ojeda, que a cambio recibiría una dádiva de Lleó valorada en 200.000 euros.
La trama original del Usos Múltiples parte del intento de Lleó de colocar su edificio a la Cámara de Comercio lanzaroteña. Lleó utiliza a Fernando Becerra y al tesorero de la Cámara, Eugenio Romero, así como al vocal Honorio Nicolás García Bravo, para que intermedien en la adquisición del inmueble, que debería correr a cargo del Gobierno de Canarias por un importe de 13 millones de euros. Por este intento frustrado, Becerra y Romero -que iban a recibir 300.000 euros cada uno de comisión- y García Bravo están imputados desde el estallido público del caso.
Ante el aparente fracaso de las gestiones con el Gobierno de Canarias en verano de 2008, la Guardia Civil relata en el sumario cómo Lleó reactivó sus posibilidades de vender el inmueble a través de Carlos Sánchez Ojeda, manteniendo contactos tanto con el consejero cabildicio como con su socio particular, Rafael Bello del Castillo.
Las gestiones de Sánchez Ojeda debían estar encaminadas a influir dentro de la Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Canarias, tanto en la etapa de Paulino Montesdeoca (PP) como de sustituto, Antonio Manuel Vera Aguiar (PP), para que el Ejecutivo aprobara la inversión de 13 millones de euros en el edificio Marina de Naos, por medio de la adjudicación de un concurso público que, en un principio, el Ejecutivo no contempla en sus Presupuestos de 2009, pero que finalmente se intenta sacar adelante por medio de otras partidas presupuestarias.
La Guardia Civil concreta que el presunto cohecho que iba a cometer Sánchez Ojeda sería un beneficio líquido de 200.000 euros en la operación de compraventa de unas gasolineras de Lanzarote, propiedad de Luis Lleó. Al tiempo de las gestiones para sacar adelante el edificio de la Marina de Naos, Sánchez Ojeda firma una opción de compra privada con Lleó por la cual adquiriría por 1.400.000 euros dos gasolineras en Lanzarote.
La dádiva se ejecutaría de llevar a cabo Lleó la venta de ambas gasolineras por 1.600.000 euros, para la cual tiene varias ofertas de compradores. Sánchez Ojeda, antes de llevarse a cabo la venta por 1.600.000 euros, haría efectiva una opción de compra previa por 200.000 euros menos, para después venderlas al precio pactado por Lleó con sus compradores. Esa rebaja previa y secreta de 200.000 euros sería la dádiva por sus gestiones ante el Gobierno.
El nombre de Carlos Alberto Sánchez Ojeda, consejero del Cabildo Insular de Las Palmas (sic) y ex concejal de Urbanismo de Santa Brígida, con su número de DNI, fecha y lugar de nacimiento y domicilio actual figura en el extenso informe-diligencia previo a las primeras detenciones el 25 de mayo de este año, en el apartado final de diligencias de identificaciones.
Además, la Guardia Civil no pasa por alto en su informe al juez, al identificar plenamente a Sánchez Ojeda, que “ha estado implicado al menos en un caso anterior de corrupción urbanística, cuando era concejal de Urbanismo de Santa Brígida, hechos por los cuales se encuentra imputado por la Fiscalía Superior de Canarias, que pide para él quince meses de prisión y 8 años de inhabilitación especial, por un presunto delito de prevaricación urbanística”, relacionado con la ocupación de suelo rústico por parte de la promotora Teyna Canais SL.
