Mapfre ofrece 274.000 euros a cuatro afectadas del JK5022 que reclaman 18 millones por la pérdida de sus padres

Los dos primeros juicios en Gran Canaria contra Mapfre, aseguradora de la desaparecida Spanair, por el accidente aéreo en el que perdieron la vida 154 personas el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Barajas, han quedado vistos para sentencia. En el primero de ellos, celebrado este martes por la mañana, cuatro hermanas han reclamado a la compañía una indemnización de 18 millones de euros por el fallecimiento de sus padres en el siniestro. Mapfre ofrece a las afectadas el baremo que se utiliza para los accidentes de tráfico más un 30%, esto es, un total de 274.167 euros.

En el segundo juicio, celebrado inmediatamente después en el mismo juzgado, Mercantil 1 de Las Palmas de Gran Canaria, aunque a puerta cerrada, la afectada, otra hija del matrimonio fallecido, ha solicitado 852.000 euros de indemnización frente a los cerca de 60.000 que ofrece la aseguradora siguiendo el mismo criterio.

No obstante, el magistrado Alberto López Villarubia ha explicado al término de la sesión que no podrá dictar sentencia hasta que se resuelva la petición de acumulación de los procedimientos abiertos contra Mapfre y Boeing, la fabricante del avión siniestrado, en el Juzgado de lo Mercantil 11 de Madrid.

El abogado de la parte demandante, Antonio Marrero, ha manifestado en su exposición final que la catástrofe de Barajas no se puede equiparar a un accidente de tráfico, ya que las repercusiones “psíquicas y morales” para los familiares de las víctimas son “de gran magnitud”. “En los informes periciales, los médicos y los psicológicos queda acreditado el enorme impacto del accidente para esta familia”, ha añadido.

Para la fijación y determinación de la cuantía de la indemnización, el letrado ha reclamado la aplicación del artículo 21 del convenio de Montreal de 2004, que no establece una cantidad determinada en un baremo y que expone que la responsabilidad puede ser ilimitada. Los demandantes han añadido a su reclamación la imposición de intereses sancionadores a la aseguradora.

Por su parte, el abogado de Mapfre, Paulino Fajardo, volvió a admitir, como ya hiciera en la audiencia previa, la responsabilidad de Spanair en el siniestro de Barajas. “No es una causa general sobre el accidente. Lo único que nos separa es la cifra, los criterios legales”, ha apuntado el letrado, que ha insistido en su estrategia procesal de establecer, “como criterio orientativo” y con la base de la jurisprudencia del Tribunal Supremo y Constitucional, el baremo que se utiliza en los accidentes de tráfico, aunque con un incremento del 30% sobre esa cantidad, según fija “la sentencia más generosa encontrada”, una de la Audiencia Provincial de Albacete de septiembre de 2007 sobre el accidente ferroviaro de Chinchilla. También ha mencionado una providencia reciente de un juzgado de Santiago de Compostela que reconoce como criterio orientativo el baremo de tráfico para fijar la indemnización de un afectado por el siniestro del tren Alvia en 2013.

Fajardo afirmó además que durante el procedimiento ha quedado probada la “buena fe” con la que ha actuado Mapfre, que ya ha pagado al 43% de las familias afectadas un total de 20,5 millones de euros a través de acuerdos extrajudiciales y que ya dispone de otros 14 millones consignados para hacer frente a futuros pagos. Como muestra de esta “buena fe”, el abogado de la aseguradora ha aludido al abono de los anticipos, del sepelio de los fallecidos y de la asistencia psicológica de las cuatro hermanas.

Una de las afectadas ha trasladado a Canarias Ahora al término del juicio la “indignación” que les ha producido estas palabras de Fajardo. “Se habló, con céntimos, de lo que costó el entierro de mi padre y de mi madre. No es buena voluntad de la empresa, es lo que dicta la ley”, ha manifestado la demandante, que ha añadido que Mapfre retiró todos los dispositivos de ayuda psicológica “a los 13 días” del accidente y que solo volvió a proporcionársela a raíz de una intervención en un programa de televisión para criticar el comportamiento de la aseguradora. “Me dieron cinco sesiones de asistencia por teléfono, después ya no me contestaban más”, precisó una de las hijas de la pareja fallecida en la tragedia, que recordó que, en la primera reunión con los afectados, Mapfre prometió “que la ayuda sería ilimitada”.

La aseguradora de Spanair ha reiterado, por último, que se reserva el derecho de emprender las acciones legales que considere oportunas contra Boeing, el fabricante del MD 82 que se estrelló en Barajas, cuando acaben los procedimientos abiertos por familiares de las víctimas..

Los peritos ratifican sus informes

En el juicio de este martes han declarado en primer lugar los peritos José Luis Oruña Gómez y Mari Paz García Vera, doctores en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, quienes han ratificado los informes incorporados al procedimiento por la parte demandante, en los que explican que las cuatro afectadas han tenido una exposición al sufrimiento “muy elevada y prolongada”.

“Hay cosas en común con un accidente de tráfico, como la pérdida y el trauma, pero hay una serie de añadidos que aumentan la afectación”, ha explicado García Vera, que ha citado entre estos motivos la situación de incertidumbre que vivieron en el hotel hasta que les comunicaron, seis días después, el fallecimiento de sus padres, la exposición a los medios de comunicación o el denominado efecto de “estrés colectivo”, por el que “pierden la confianza en los seres humanos, en que la vida tenga sentido”.

El catedrático José Luis Oruña ha relatado que, a partir de los dos años, los trastornos mentales asociados a la catástrofe, como el estrés postraumático, se cronifican y se incrementa el número de secuelas: “Se produce una ruptura a nivel emocional con el entorno, que afecta a su autoestima, a las relaciones con la familia, a las interpersonales, al ámbito laboral...”

También se ha ratificado en su informe el economista y licenciado en Derecho Víctor Lubillo Montenegro, quien ha calculado la cuantía de la indemnización (algo más de 18 millones de euros) sobre la base de la renta que tenían los fallecidos y la esperanza de vida. Durante su intervención, el abogado de Mapfre, Paulino Fajardo, ha cuestionado la proyección económica de Lubillo, ya que estima los ingresos “que dejaron de percibir los fallecidos”, pero no especifica “las ganancias que habían dejado de obtener los demandantes”, ni incorpora “documentación que acreditase cuál era su situación” económica.