Mapfre renuncia a citar a Boeing como codemandada en el accidente de Spanair
El primer juicio en Gran Canaria contra Mapfre de víctimas del accidente mortal del JK5022 de Spanair el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid-Barajas ya tiene fecha. Será el 30 de septiembre, en el juzgado de lo Mercantil 1 de Las Palmas de Gran Canaria, cuando se vea la acción civil de cuatro hermanas que perdieron a sus padres en el trágico accidente, y que reclaman ocho millones de euros a la aseguradora de la aerolínea ya desaparecida.
En la vista previa celebrada este jueves en Mercantil 1 de LPGC, Mapfre ha renunciado a que la compañía Boeing vaya a juicio como codemandada, un litis consorcio pasivo necesario, en lenguaje jurídico, que había planteado la aseguradora en la contestación a la demanda de las afectadas por el accidente, dada la condición de constructora del avión de Spanair siniestrado y que en parte ha sido el argumento de Mapfre, también, para acumular todas las demandas en los juzgados de Madrid al haber ya otros procesos allí contra la propia Mapfre y Boeing.
La renuncia a que la corporación estadounidense comparta la indemnización final que se fije en sentencia responde, según su representante legal, “a no dilatar más el proceso”, si bien el objetivo de la aseguradora, a juicio del grupo de abogados demandantes de víctimas canarias, es alejar de “los focos” de la isla los procesos y centrarlos en Madrid. Lo cierto es que, en esta primera vista previa, Mapfre no solo renuncia a Boeing sentada en el mismo banquillo, sino que también pidió al juez que dictara sentencia sin juicio, sin aportar pruebas, ya que solo se trataría de un contencioso en cuanto a la cuantía y no en el resto de hechos admitidos.
Así, la compañía reconoció este jueves la responsabilidad que le corresponde en el accidente de su asegurada, pero discrepa radicalmente de la cuantía indemnizatoria. Frente a los ocho millones de euros que reclaman las hijas del matrimonio fallecido, Mapfre ofrece un total de 274.167 euros, conforme al baremo de este tipo de accidentes en la legislación española “más un 30%”, según exponía el letrado de la aseguradora, que también exige que las costas del proceso corran a cuenta de las demandas “por su rechazo injustificado a llegar a un acuerdo”.
Precisamente, ese “acuerdo” extrajudicial fue objeto de una dura controversia entre los dos letrados, Antonio Marrero, por parte de las demandantes, y Paulino Fajardo, de la compañía de seguros. Este aportó al proceso un burofax remitido a su colega, el día anterior, en el que se le ofrecía un acuerdo similar, de 120.000 euros por víctima, con la expresa prohibición de no hacerlo público en la causa, hecho que sí hizo su colega como prueba de intenciones de Mapfre.
El abogado de las demandantes consideró que “no eran maneras de actuar” y se plantea las “acciones estatutarias oportunas” por contravenir la norma de no incorporar a los procesos las comunicaciones entre profesionales, si bien el letrado de Mapfre entiende que no es “entre profesionales, si no para que el compañero le dé traslado a sus clientes de esa oferta”. El juez decidirá, en su momento, sobre esta cuestión planteada en la audiencia previa.
Del mismo modo, la decisión del juez de celebrar el juicio, el 30 de septiembre, contra lo que pedía Mapfre de dictar sentencia sin vista ni aportar pruebas, la fundamentó el magistrado en que es necesaria su celebración para interrogar a los peritos, psicólogos y economistas que las dos partes aportan mediante sus respectivos informes para fijar la cuantía indemnizatoria, ya que de esas valoraciones depende la decisión final que tome el juez en esta causa civil.
Esta primera audiencia previa en Gran Canaria de una demanda contra Mapfre contó también con la presencia de numerosos abogados de otras víctimas, que han interpuesto acciones similares, al menos una docena más que afectan a un centenar de afectados, y de las que irán conociendo los dos juzgados mercantiles de la capital grancanaria en las próximas semanas.
Queda pendiente, todavía, la acumulación, o no, de todos los procesos abiertos, ya sean los de Madrid o estos primeros de Gran Canaria, con la posibilidad comentada por el letrado de Mapfre que la acumulación recaiga “en el primero que dicte sentencia”.
