Identificada la dueña de un perro que apareció semienterrado en una bolsa en la vía pública en Fuerteventura

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Fuerteventura investiga a una mujer por enterrar el cadáver de su perro en la vía pública, y que fue hallado en avanzado estado de descomposición el pasaso 8 de abril, según ha informado la Benemérita en una comunicado.

El Seprona logró dar con la responsable del animal tras una investigación “exhaustiva” llevada a cabo por la unidad, y generando controversia entre los vecinos y vecinas de la zona, ya que dicen que es una “práctica habitual”, ha subrayado el cuerpo policial en el comunicado.

Por parte de la Guardia Civil se solicitó al veterinario vinculado al Ayuntamiento que realizara una evaluación del cadáver al objeto de descartar muerte violenta.

Tras ser valorado por el colegiado, durante la inspección macroscópica no se evidenciaron signos externos compatibles con maltrato físico, ni tampoco indicios de desnutrición.

El estado corporal general del animal era acorde a su edad y no se observaron lesiones sospechosas en el momento del hallazgo.

La Guardia Civil recuerda que, cuando un animal de compañía fallece, es de obligatorio cumplimiento gestionar el cadáver con una empresa reconocida oficialmente para la realización de dichas actividades.

Asimismo, la baja por muerte de un animal de compañía en el registro canario de identificación animal (Zoocan) debe gestionarse por un veterinario habilitado.

Según establece la ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales, para que un veterinario gestione la baja, este debe tener el documento que acredite que fue incinerado o enterrado por una empresa reconocida oficialmente para la realización de dichas actividades.

Se debe hacer constar el número de identificación del animal fallecido y el nombre y apellidos de su responsable o, en su defecto, que quede constancia en la base de datos de la empresa que se ocupó del cadáver.

Por ello el Seprona remite al Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas un informe detallando los hechos ocurridos, por si consideran que la actuación del veterinario es irregular o existiese una mala praxis, indica la nota.